Después de permanecer 15 días arrestado a rigor en una base naval de La Paloma, el contralmirante Otto Gossweiler retomó este lunes sus tareas al frente de la Dirección General de Material Naval de la Armada (Dimat) en medio de un enfrentamiento con el comandante en jefe, el almirante Jorge Wilson.
Las diferencias entre los dos vienen desde la asunción de Wilson y se profundizaron en los últimos meses, luego de que el comandante dispusiera una rotación de todos los contralmirantes y enviara a Gossweiler al frente de la Dimat.
A pesar de ya haber cumplido con el arresto, en los últimos días Gossweiler apeló la sanción a través de un escrito presentado al ministro de Defensa, Javier García, amparándose en el artículo 60 del reglamento de disciplina de la Armada, según confirmó El Observador con fuentes militares.
La apelación es contra la causa y la graduación de la sanción, ya que entiende que la pena dictada por Wilson fue “injusta” y “demasiado severa”. Está siendo analizada por la dirección de Jurídica de Defensa.
Leonardo Carreño
El tema deberá ser laudado por el ministro, quien puede mantenerla o revocarla. En caso que decida mantenerla, Gossweiler tiene previsto apelar ante el presidente Luis Lacalle Pou, mientras que si decide revocarla, el comandante en jefe quedará en una situación comprometida porque supone que cometió un error al dictarla.
A su vez, el contralmirante presentó un recurso de revocación y jerárquico en subsidio porque prevé impugnar la sanción ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA). Además, prevé llevar el tema a la justicia penal, según dijeron a El Observador allegados al militar.
La sanción fue dictada por Wilson el 27 de mayo luego de que Búsqueda informara que Gossweiler había denunciado “irregularidades” y “hechos con apariencia delictiva” en el pago de compensaciones adicionales en varias dependencias de la Dimat. En su escrito, señaló que había varias personas que recibían las compensaciones pese a que no cumplían con las funciones, y algunas eran colaboradoras del comandante en jefe, por lo que pidió enterar al ministro.
Tras la denuncia, García ordenó una investigación administrativa que viene siendo realizada por la dirección de Jurídica del Ministerio de Defensa. Según supo El Observador basado en fuentes de la investigación, ya declararon varios de los implicados, quienes además presentaron profusa documentación.
Wilson fundamentó la sanción señalando que Gossweiler elevó la denuncia “sin las medidas de reserva pertinentes” y “alteró el procedimiento habitual de entrega de documentos a mesa de entrada del Comando General de la Armada, no haciendo firmar el libro de correo correspondiente y sí una copia, la cual fue fotografiada y subida a la red social WhatsApp”. El texto agrega que “en virtud de su contenido” debió “tomar las medidas necesarias para resguardar” la información y su “omisión permitió que el contenido se divulgara y tomara estado público afectando el prestigio de la institución y la posible dispersión de prueba ante una eventual investigación administrativa”.
Pero antes de ser sancionado, Gossweiler realizó una segunda denuncia, esta vez por “posibles irregularidades” en el pago de horas extras fictas a los funcionarios civiles del Servicio de Construcciones, Reparaciones y Armamento (SCRA), del que dependen todos los diques de la Armada. El contralmirante pidió también asesoramiento a la Dirección de Finanzas por situaciones en la “venta de dólares” del SCRA.
Ante esta denuncia, el 30 de mayo –mientras Gossweiler cumplía el arresto a rigor en La Paloma– Wilson dispuso que el SCRA dejara de estar en la Dimat y pasara a estar bajo su órbita de forma “transitoria”.
Diego Battiste
“En los últimos veinte años la Armada planteó al Poder Ejecutivo la necesidad de definir categorías laborales para los funcionarios civiles del SCRA, ajustando la remuneración acorde a la misma y las compensaciones por mayor responsabilidad que estos perciben”, dice la resolución del comandante, que señala que “en coordinación con el Ministerio de Defensa Nacional se decidió profundizar en el análisis de la situación referida e instrumentar un régimen jurídico adecuado para regularla, procurando evitar eventuales interrupciones en las tareas hasta la concreción de la solución definitiva”.
El comandante ordenó que toda la documentación fuera enviada al Estado Mayor –algo que ya ocurrió–, ya que el jefe de esa dependencia, el contralmirante Gustavo Mussio, será quien encabece una comisión compuesta por distintas jerarquías que tendrá seis meses para estudiar los cambios.
Entre las modificaciones que deberá definir se incluyen “nuevas categorías laborales, remuneraciones acordes, sistemas de concursos para ascensos, compensaciones y salarios para los funcionarios civiles”.
