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Desde el 21 de diciembre fueron imputadas 22 personas tras operativos contra aglomeraciones

Uno de los delitos más frecuentes aplicados por la Justicia fue el desacato; los casos se dieron en el marco de resistencias a los exhortos de los policías que iban al lugar

Hubo 22 imputados por participar en aglomeraciones, entre el 21 de diciembre y el 31 de marzo

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05 de abril de 2021 a las 05:00

Desde el 21 de diciembre, cuando comenzó a regir la reglamentación del derecho de reunión, que prohíbe las aglomeraciones en la vía pública, la policía debió intervenir en miles de oportunidades para disolver la concentración de personas, y en varias ocasiones los casos terminaron en la Justicia.

La ley, que fue prorrogada este 18 de marzo en el Parlamento por un plazo extra de 120 días, no establece ni define como delito el hecho de participar en una aglomeración, pero advierte que además de las sanciones económicas que el Poder Ejecutivo puede aplicar –hay multas de hasta $1.336.929–, los que infrinjan la norma pueden enfrentar "las acciones penales que pudieren corresponder".

Así, según información proporcionada por el Ministerio del Interior a El Observador, hubo 22 personas que fueron imputadas por la Justicia hasta este 31 de marzo, a raíz de haberse involucrado en las aglomeraciones, y oponerse a la exhortación de la policía cuando los efectivos llegaron al lugar.

De este total, nueve fueron imputados en el departamento Canelones, tres en Maldonado, tres en Cerro Largo, y los siete restantes fueron en Colonia, Flores, Florida, Lavalleja, Paysandú, Rocha y Treinta y Tres.

Uno de los delitos más frecuentes fue el de desacato, que se castiga con hasta 18 meses de prisión, y que de acuerdo el Código Penal se comete cuando se menoscaba "la autoridad de los funcionarios públicos"; esto puede ocurrir "por medio de ofensas reales ejecutadas en presencia del funcionario o en el lugar en que éste ejerciera sus funciones" o también "por medio de la desobediencia abierta al mandato legítimo de un funcionario público".

Este cargo se incluyó en el caso de al menos cinco de los nueve imputados por la Justicia de Canelones. Tras un operativo de disuasión que se hizo a principios de enero en el balneario de Atlántida, en el que los efectivos fueron rechazados con pedreas y botellazos, los detenidos fueron imputados por desacato agravado, entre otros delitos, como el de atentado y lesiones personales. Los Justicia determinó para los indagados 90 días de arresto domiciliario como medida cautelar mientras continúa la investigación.

La fiscal de ese caso, Mirna Busich, explicó entonces que el desacato se configuró luego de que las personas se opusieran a retirarse del lugar, y respondieran luego con violencia al exhorto policial “No fueron procesados por no acatar las medidas contra el Covid, sino por no cumplir una orden de la policía”, dijo en diálogo con El País.

Dos casos de famosos

Todos las personas que llegan a Uruguay desde el exterior, con previo hisopado negativo de coronavirus, deben hacer en forma obligatoria una cuarentena de una semana, so pena de también ser imputado por desacato o, en su defecto, recibir otro tipo de sanciones.

En las últimos días hubo dos casos en Maldonado, y en ambos se vieron involucrados famosos argentinos. El 22 de marzo, luego de que se comprobara que Adriano Sessa, hijo de la actriz y exvedete Mónica Gonzaga, fuera anfitrión en su casa de Sauce de Portezuelo de una fiesta clandestina, el Ministerio del Interior decidió cancelarle la residencia y expulsarlo del país.

"Las razones que se invocaron por el Ministerio son de orden público y de índole sanitaria en tanto y en cuanto violó normas que expresamente prohíben aglomeraciones en función de la emergencia sanitaria oportunamente declarada por el Poder Ejecutivo nacional", se informó desde la cartera de seguridad.

La otra situación fue protagonizada por el empresario argentino Eduardo Costantini, que llegó a Punta del Este el fin de semana del 25 de marzo, y su pareja, Elina Fernández, contó en Instagram que ambos salieron a pasear de inmediato, sin respetar en absoluto el protocolo sanitario

La situación fue denunciada a la policía, y la fiscal de San Carlos, Mariela Núñez, se encuentra investigando "la veracidad" de lo indicado en la denuncia, dijo días atrás a El Observador.

Sin embargo, la actuación del ministerio en este caso se limitó a dar cuenta del hecho a la Fiscalía.

 

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