El ministro Jorge Larrañaga dispuso este lunes la cancelación de la residencia temporaria que se le había otorgado al ciudadano argentino involucrado en la organización de una fiesta clandestina en Sauce de Portezuelo.
Según informaron a El Observador fuentes del Ministerio del Interior como consecuencia se dispondrá la expulsión del territorio nacional de Adriano Sessa, hijo de la actriz y exvedete Mónica Gonzaga quien resultó ser la propietaria de la casa en la que se realizó la fiesta.
"Las razones que se invocaron por el Ministerio son de orden público y de índole sanitaria en tanto y en cuanto violó normas que expresamente prohíben aglomeraciones en función de la emergencia sanitaria oportunamente declarada por el Poder Ejecutivo nacional", se informó desde el Ministerio del Interior.
La actriz dijo a PrimiciasYa.com que no se trató de una fiesta clandestina sino de "una reunión de amigos" que se viralizó y "empezó a caer gente".
Agregó que fueron ellos los que llamaron a la policía. "No hubo 500 personas, no se cobró entradas, cayó gente ávida de fiesta y terminó con la policía llamada por un amigo", afirmó Gonzaga.
Sin embargo, la Dirección de Gestión Ambiental de la Intendencia de Maldonado recibió la ubicación de una fiesta clandestina que se convocaba a través de Instagram y cuando se presentaron a las 4:30 de la madrugada del sábado junto al equipo del Centro Coordinador de Emergencias Departamentales (Cecoed) y policías constataron la existencia de la fiesta.
El Parlamento aprobó el jueves 18 de marzo una prórroga por 120 días a la limitación del derecho de reunión y continuar con la prohibición de las aglomeraciones.
Aunque el texto remitido por el Poder Ejecutivo al Parlamento planteaba extender "por plazos de 30 días" la limitación "y hasta tanto se mantenga la emergencia nacional sanitaria", tras reparos de colorados y cabildantes los senadores finalmente aprobaron como ley otorgar un plazo de 120 días para la vigencia de la disposición.
"Las modificaciones se debieron a sugerencias realizadas por el Partido Colorado y Cabildo Abierto en relación al establecimiento de un plazo fijo y que no quedará abierto", dijo en la Cámara de Senadores la nacionalista Carmen Asiaín.
El proyecto fue aprobado en el Senado con los votos de blancos, colorados y cabildantes y luego cerró su aprobación en Diputados.
"Prohíbense las aglomeraciones de personas que generen un notorio riesgo sanitario por el plazo de 120 días desde la publicación de la presente ley, entendiéndose por tales la concentración, permanencia o circulación de personas en espacios públicos o privados de uso público en las que no se respeten las medidas de distanciamiento social sanitario, ni se utilicen los elementos de protección personal adecuados", dice el artículo 1° de la iniciativa que modificó el proyecto planteado por el Poder Ejecutivo. Y el artículo 3 complementa: "La vigencia de las disposiciones contenidas en el artículo primero de la presente ley, cesará de pleno derecho antes del vencimiento del plazo de ciento veinte días establecido en el mismo, en caso de que el Poder Ejecutivo declarase el fin de la emergencia nacional sanitaria".
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