Después de su actual receso, la Corte Suprema tratará casos que pueden generar nuevas polémicas

La historia inmediata de la acción de la Corte está marcada por tres fallos que han generado una ola de indignación y protestas en Estados Unidos, e incluso en el extranjero, con expresiones de rechazo del propio presidente Joe Biden y de numerosas personalidades de la política, la cultura y la sociedad civil.

La mayoría conservadora de la Corte, que supera seis a tres al sector liberal, ha fallado en contra de leyes o prácticas establecidas anteriormente, revirtiendo tendencias progresistas que comienzan a generalizarse en el país y en el mundo.

El primer impacto lo generó la decisión de impedir que la agencia federal de protección ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) establezca regulaciones sobre la emisión de gases de invernadero por las plantas energéticas, debilitando así los planes gubernamentales de reducción de tales emisiones en forma significativa hasta su eliminación hacia el año 2035.

En seguida, falló en contra de la capacidad de las autoridades estatales para establecer leyes que limiten la portación pública de armas de fuego por particulares, a pocos días de tres masacres perpetradas por tiradores solitarios en New York, Texas y California.

Finalmente, anuló el derecho constitucional al aborto, dando marcha atrás al dejar sin efecto el histórico fallo Roe vs. Wade de 1973, que sentó las bases para que los estados pudieran permitir su práctica legal. El efecto inmediato: varios estados se apresuraron a establecer nuevas normas prohibiendo el aborto. La decisión de la Corte alineó casi automáticamente a conservadores contra liberales, en un paso más hacia la división profunda que evidencia la sociedad estadounidense en torno a cuestiones vitales de la vida en comunidad.

Al regreso en octubre de su receso estival, el alto tribunal ya ha expresado que se avocará al estudio de tres temas cuya resolución también será motivo de polémica por la implicancia directa que tienen en las relaciones sociales y políticas.

El primero tiene que ver con dos casos sobre la autoridad que tienen los estados para implementar procedimientos electorales. En uno de ellos, el máximo tribunal tendrá que determinar si el estado de Alabama, al reestructurar siete de sus distritos electorales, está o no violando la ley del derecho de votar. Si la decisión es a favor del plan de la legislatura local - mayoritariamente republicana-, permitirá a las autoridades del estado ubicar a toda la población negra en un solo distrito, disminuyendo así las posibilidades de la comunidad de acceder a una representación proporcional en los siete escaños de la Cámara de Representantes que le corresponden Alabama, lo que favorecería al Partido Republicano ya que, históricamente, la población negra tiende a votar a los demócratas.

El otro caso de reestructuración de distritos electorales se da en North Carolina, donde la Corte estatal ha fallado que el nuevo mapa electoral es inconstitucional, decisión que ha sido cuestionada por la legislatura republicana al sostener que el tribunal local no está investido de la autoridad para decidir al respecto. Si la Corte Suprema apoya esta tesitura, otras cortes estatales se verán impedidas de intervenir en casos de manipulación de las normas electorales por las legislaturas locales.

El segundo tema potencialmente conflictivo es el de la llamada acción afirmativa, por la cual muchas universidades norteamericanas deben admitir un cierto número de estudiantes no-blancos como parte de una política tendiente a luchar contra décadas de racismo y discriminación que perduran en todos los niveles de la sociedad. La idea de la acción afirmativa es que muchos estudiantes no-blancos no tienen las mismas oportunidades educativas que la mayoría blanca.

Al respecto, la Suprema Corte entenderá en una presentación hecha por la conservadora Ong Students for fair admissions (SFFA) contra las universidades de Harvard y Carolina del Norte. La SFFA plantea que la raza no debe jugar ningún rol en el proceso de admisión a las casas de estudio, lo que parece ser de la opinión del juez Roberts, quien en el pasado se había manifestado en contra de la acción afirmativa.

Finalmente, el tercer tema se relaciona con la libertad de expresión y las leyes antidiscriminación. La Corte deberá decidir si el propietario de una empresa puede rechazar a ciertos clientes basándose en sus creencias personales. Puntualmente, se trata del caso de una diseñadora que ofrece sus servicios a través de la empresa 303 Creative LLC y que no acepta diseñar websites de casamiento si el cliente pertenece a la comunidad LGBTQ+. Los tribunales de primera instancia han determinado que esa negativa viola leyes antidiscriminación del estado de Colorado.

Por su parte, los abogados de la diseñadora argumentan que el casamiento entre personas del mismo sexo violenta las creencias religiosas de su clienta. Si en este caso, el alto tribunal falla a favor de la diseñadora, estaría convalidando que la religión puede ser motivo de rehusarse a brindar determinados servicios, lo que dificultaría a las parejas del mismo sexo acceder a ciertos servicios en los estados conservadores del país.

Existen también especulaciones sobre las implicancias futuras del fallo contra Roe vs. Wade, sobre todo si el fallo podría ser usado contra otras decisiones judiciales que garantizaron en el pasado otros derechos, como el de las parejas del mismo sexo a usar métodos anticonceptivos sin interferencia estatal o casarse con personas del mismo sexo.

Si bien el juez Samuel Alito ha dejado en claro que no es opinión de la mayoría del tribunal que el fallo sobre Roe vs. Wade pueda llevar a decisiones sobre otros casos de importancia similar, el juez Clarence Thomas ha expresado que “en futuros casos, deberíamos considerar todo lo debidamente actuado por esta corte”.