Diputados con el traje de detectives

Tras el camino trazado por el Senado a partir de 2015 con el escrutinio de la gestión en ANCAP, la Cámara de Diputados tuvo un 2017 cargado de comisiones investigadoras.

Dos comisiones votadas a fines de 2016 (regasificadora y espionaje en democracia) y otras dos que se agregaron en el correr del año (ASSE y financiamiento de partidos políticos) pusieron a varios diputados en el rol de detectives y convirtieron al anexo del Palacio Legislativo en una pasarela de políticos, empresarios y militares que concurrieron a echar luz sobre una serie de cuestiones teñidas de sospechas.

La comisión investigadora que analiza presuntas irregularidades en la gestión de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) es, por un lado, la más joven de las cuatro que están en funcionamiento, pero también es la que más elementos nuevos ha aportado.

Así lo dijo el diputado de Unidad Popular Eduardo Rubio quien integra las otras tres comisiones y asiste a la de ASSE como miembro denunciante. Según comentó Rubio a El Observador, la investigadora referida a la gestión de los hospitales públicos "ha sido la que confirmó una mayor cantidad de sospechas".

Por su parte, Daniel Radío, diputado del Partido Independiente y presidente de la comisión, dijo que en los dos casos que se han analizado hasta el momento –las actividades del hospital de Bella Unión y el hospital de Rivera– existen "claros visos de irregularidades". "Trabajamos más lento de lo que esperábamos porque cada vez que tirábamos de la piola se abría una caja con cosas sorprendentes", señaló.

En un mismo sentido se pronunció Rubio: "Encontramos más cosas de las que suponíamos", comentó a El Observador.

La comisión investigadora que analiza la vinculación de determinadas empresas con los partidos políticos nació con la lógica del contraataque.

Ante la propuesta del Frente Amplio de investigar lo ocurrido con el Cambio Nelson en Maldonado -por el que fue procesado el exdiputado colorado suplente Francisco Sanabria-, el Partido Colorado presentó una moción para incluir otras empresas con presuntos vínculos con la izquierda. De esa forma, se constituyó la comisión con cinco empresas en la mira: Cutcsa, Fripur, Aire Fresco, La Diez y Cambio Nelson.

Al ser los propios partidos el objeto de la investigación, las sesiones de esta comisión muchas veces derivaron en debates netamente políticos, con acusaciones cruzadas entre los legisladores de una y otra colectividad. Según Rubio, en la investigadora de partidos "se avanza muy poco" y "es difícil confirmar las denuncias" porque se depende "de la voluntad" de los denunciados.

Por su parte, el diputado del MPP Óscar Groba, señaló que "no hay absolutamente nada" demostrado sobre vinculaciones irregulares entre empresas y partidos. Al igual que la de ASSE, la comisión de partidos políticos tiene mayoría opositora, porque ambas se votaron cuando el diputado Gonzalo Mujica (escindido del oficialismo) mantenía su banca en la Cámara Baja.

De las comisiones en funcionamiento, la que concierne al proceso de construcción de la planta regasificadora es la que está en la etapa más avanzada. Comenzada en diciembre de 2016, sus integrantes tienen hasta el 22 de marzo para redactar los informes.

Según el diputado nacionalista Pablo Abdala, miembro denunciante, el trabajo de la comisión "ha sido eficaz y fructífero", arrojando luz sobre un proceso "amañado y manipulado".

"Hemos constatado irregularidades diversas de mayor y menor envergadura", señaló. Por ejemplo, Abdala condenó que se continúen pagando las indemnizaciones a los pescadores perjudicados por la inconclusa obra, y señaló como un hallazgo de la comisión los "altos costos de mantenimiento de Gas Sayago".

Desde el Frente Amplio tienen otra lectura. Roberto Chiazzaro, diputado socialista y presidente de la comisión, le quitó mérito a las denuncias presentadas. "Vamos a redactar un informe en mayoría afirmando que nos resultaron satisfactorias las gestiones que fueron hechas, más allá de que pueda haber distintos criterios en cuanto a los éxitos y fracasos en la gestión", adelantó.

La comisión que investiga el espionaje militar y policial en democracia trabaja con carácter reservado. No hay versiones taquigráficas de las sesiones, pero eso no impide a sus integrantes expresarse sobre el resultado de las indagatorias. El diputado comunista Gerardo Núñez señaló que, a su juicio, "quedaron probadas" las actividades de espionaje, tanto a partidos políticos como a organizaciones sindicales. El asunto es determinar si el espionaje era comandado por el poder político o si se trataba de una actividad de particulares. Si bien estaba previsto que culminara su trabajo a fin de este año, la comisión pidió una prórroga y se extenderá hasta julio de 2018.

Aunque la comisión investigadora de ANCAP marcó un precedente con la presentación de una denuncia penal a partir de las actuaciones parlamentaria, no es seguro que las cuatro comisiones en funcionamiento tengan el mismo final. Según Radío, "hay que diferenciar las cosas" y aunque "la gente espera que todo termine siempre en la justicia también tienen que analizar cuestiones políticas". Tanto en ASSE como en la regasificadora, agregó, "está claro que se hicieron las cosas mal".