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Diputados inicia debate por la ley urgente con los mismos contrapuntos que en el Senado

El Frente Amplio busca que el pasaje de la Ley de Urgente Consideración por la Cámara de Diputados no sea un mero "trámite administrativo"
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10 de junio de 2020 a las 05:03

La Cámara de Diputados comenzó formalmente este martes a debatir la Ley de Urgente Consideración, en la que se presentaron los mismos contrapuntos entre oposición y oficialismo que surgieron en la Cámara de Senadores.

Si bien este lunes los diputados votaron la creación de la comisión especial, la primera reunión se produjo este martes, cuando se recibió a los primeros integrantes del gobierno: el ministro del Interior Jorge Larrañaga y el secretario de Inteligencia Estratégica del Estado, Álvaro Garcé.

La comisión está integrada por los diputados del Frente Amplio Gonzalo Civila, Lucía Etcheverry, Daniel Gerhard, Verónica Mato, Ana Olivera, Gustavo Olmos, Sebastián Sabini, Alejandro Sánchez; del Partido Nacional Rodrigo Goñi, Juan Martín Rodríguez, Alejo Umpiérrez, Pablo Viana y Álvaro Viviano; del Partido Colorado Ope Pasquet y Conrado Rodríguez; del Partido Cabildo Abierto Eduardo Lust y  Martín Sodano; del Partido de la Gente a Daniel Peña; del Partido Independiente a Iván Posada; y del PERI César Vega.

Como pasó en la Cámara de Senadores, el Frente Amplio presentó este lunes una moción para quitarle el rótulo de "urgente consideración" al proyecto de ley remitido por el Ejecutivo. También en la cámara baja esa moción fue rechazada, producto de la mayoría de la coalición de gobierno en el Parlamento.

El diputado del Movimiento de Participación Popular Alejandro Sánchez señaló a El Observador que las objeciones que planteó la oposición en la comisión especial fueron en línea con las planteadas en la Cámara de Senadores. Sánchez y Sabini siguieron de cerca el debate en el Senado porque son los primeros suplentes de los senadores José Mujica y Lucía Topolansky, respectivamente, que se tomaron licencia médica por ser población de riesgo. 

Según expresó el legislador del MPP, la intención de la coalición multicolor que gobierna es hacer del pasaje de la ley urgente por la Cámara de Diputados un "trámite administrativo", algo que el Frente Amplio aspira revertir para poder dar un "análisis más profundo" de los temas. 

En la sesión de la comisión especial, según afirmó Sánchez, la única voluntad de cambio que expresaron las autoridades estuvo vinculada a la redacción de uno de los artículos de la sección que hace referencia a la Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado.

El artículo 125 de la Ley de Urgente Consideración establece que todas las informaciones o registros producidos por ese organismo serán "reservados y de circulación restringida". Olivera preguntó si eso podía abarcar a información vinculada a investigaciones por violación de los derechos humanos y Garcé respondió que si bien ese no era el espíritu estaría dispuesto a ajustarlo.

La oposición también planteó otros reparos como la creación de nuevas figuras penales para dar "mensajes políticos", el porte de armas para retirados policiales y la extensión de las horas 222, que podrán llegar hasta 120 en el mes e incluir a los funcionarios del Programa de Alta Dedicación Operativa (PADO). Según el diputado emepepista, esto último atenta contra la "profesionalización" de la Policía Nacional.

Sánchez consideró que en esta primera sesión de la comisión especial la coalición de gobierno no tuvo intención de "abrir el debate". No obstante, señaló que es demasiado pronto para conocer cuál será el talante de la discusión en la Cámara de Diputados. 

En la sesión del lunes los diputados de la bancada frenteamplista señalaron que la Ley de Urgente Consideración es "inconstitucional" y "poco oportuna", teniendo en cuenta la emergencia sanitaria que atraviesa el país. Al igual que en el Senado, los legisladores afirmaron que se trata de una "ley ómnibus" que abusa del mecanismo previsto en la Constitución.

"Hay un uso abusivo de este mecanismo. Se trata de la aplicación de un programa de gobierno que se quiere implementar de forma súbita", señaló en la sesión el diputado socialista Gonzalo Civila.

"Bueno, justo y popular"

El subsecretario del Interior, Guillermo Maciel, señaló en conferencia de prensa una vez terminada la sesión que la intención de las autoridades fue "defender" un proyecto de ley que es "bueno, justo y popular".

"Se ha enriquecido y ha mejorado el proyecto presentado oportunamente por el Poder Ejecutivo. De los 111 artículos que integran el capítulo de seguridad pública, 63 fueron votados por unanimidad", expresó Maciel. El espíritu del texto, según el subsecretario es "bajar los niveles de impunidad criminal".

Larrañaga anunció durante la comisión especial que el gobierno incluirá en la Ley de Presupuesto Nacional la creación de una cárcel de máxima seguridad destinada a alojar delincuentes pesados y que tendrá una capacidad de no más de 300 personas.

La creación de este centro estaba incluida en el documento Compromiso por el país, aunque ahora se definió que será incluida en el presupuesto y que no se hará mediante el instrumento de participación público privada. Maciel afirmó que todavía no está definido el lugar en el que se construirá ni la inversión estimada del proyecto.

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