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Director de Institución de Derechos Humanos defendió intervención en el caso Cristino

"La comunicación fue en el marco de la ley de salud mental, que encomienda a la institución defender y promover los derechos de las personas reconocidos en esa ley", señaló Juan Faroppa
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08 de julio de 2020 a las 21:52

Juan Faroppa, director de la Institución Nacional de Derechos Humanos (Inddhh), defendió la intervención del organismo en el proceso penal que enfrentó el relacionista Público Fernando Cristino,imputado este martes por violencia privada, atentado y lesiones personales. Ocurrió luego que el fiscal de Corte, Jorge Díaz, cuestionara que una funcionaria de esta organización llamara por teléfono al fiscal del caso para solicitar información sobre la causa.

El fiscal que imputó a Cristino fue Diego Pérez, quien este lunes declaró en rueda de prensa que le sorprendía una llamada que había de la Inddhh preguntando sobre la salud mental del imputado. Cristino había estado internado en el hospital psiquiátrico del Vilardebó desde el jueves 2, porque había sufrido una crisis nerviosa luego de generar destrozos en un hotel de Punta Carretas y amenazar a los policías que entonces lo detuvieron –las acciones por las cuales fue imputado en la Justicia.

"Es la primera vez en 25 años que llaman desde la institución. Ojalá lo hagan en otros casos", reclamó Pérez, que además dijo que recibió varios correos electrónicos, además de la llamada de una jerarca de la institución.

El fiscal de Corte redactó en su carta, dirigida a la presidenta de la Inddhh, Mariana Blengio, que la intromisión en la investigación penal le generaba "preocupación", por lo que solicitó que le informaran de las razones que motivaron la actuación de esa funcionaria, ya que con la comunicación de la licenciada Mónica Giordano se desconoció "la reserva para terceros" de toda indagatoria penal. Eso está establecido en el artículo 259.2 del Código del Proceso Penal" (CPP). Además, el jerarca también recordó al organismo que en todo caso esa llamada debía haberla recibido él como máxima autoridad de la Fiscalía.

En diálogo con El Observador, Faroppa dijo que, en su criterio, la Inddhh actuó amparada en la ley de salud mental de 2017, "que encomienda a la institución defender y promover los derechos de las personas reconocidos en esa ley, como el derecho a la salud mental y el de todos los usuarios de los servicios de salud mental", señaló.

"No fue en el marco de una denuncia que hubiéramos recibido, porque en ese caso sí tendríamos que habernos comunicado con Díaz", agregó Faroppa, para quien el fiscal de Corte incurrió en "una confusión".

"La comunicación fue en el marco de la ley de salud mental. Si fuera por una denuncia, tendríamos que haberle dicho al denunciante que el tema estaba bajo competencia de la Fiscalía, y ahí sí, de acuerdo a la ley, teníamos que inhibirnos. Por eso creo que, con todo respeto, hay una confusión del doctor Díaz", indicó.

Consultado por El Observador, Díaz dijo que no hará declaraciones públicas sobre el tema hasta que la Inddhh responda en forma oficial su misiva. En un comunicado de la Inddhh difundido a última hora de este miércoles, el organismo manifestó que la institución "cumplió con sus cometidos de protección y defensa de los derechos humanos definidos en el marco de la Ley de Salud Mental", y entienden "un manejo equivocado de las circunstancias que rodearon el caso del Sr. Cristino, tal vez originado en el impacto mediático del mismo por causas que son ajenas a la Inddhh, ha llevado a esta situación, que vulnera seriamente el derecho de toda la población de ser debidamente informada de las acciones u omisiones de los organismos públicos".

De cualquier forma, allegados al jerarca aseguraron que la posición de la Fiscalía de Corte es que la ley de salud mental –Nº 19.529– "no autoriza a la Inddhh a pedirle información al fiscal de una causa". "Ellos no tienen facultades para entrometerse en una investigación", señalaron.

En efecto, en ninguna de las seis ocasiones que ley 19.529 hace referencia a la Inddhh se menciona el deber de comunicarse con la Fiscalía o la Justicia ante un caso de hospitalización, sea compulsiva o voluntaria. Sí establece la obligación para el centro de salud que dispone la internación de informar a la Inddhh las "hospitalizaciones voluntarias e involuntarias que se prolonguen por más de cuarenta y cinco días corridos, dentro de las setenta y dos horas de vencido dicho plazo".

El plazo para informar de una internación se reduce a 24 horas cuando la hospitalización es involuntaria o compulsiva, algo que no ocurrió en el caso de Cristino, quien en forma voluntaria aceptó ser llevado al Vilardebó, tal como él lo reconoció en conferencia de prensa.

Pero de cualquier forma, desde la Fiscalía de Corte se entiende que de haber una comunicación esta debería ser con el juez que dispone la eventual hospitalización, porque los fiscales no intervienen en esos procesos.

Elección del caso

Faroppa dijo también que la institución recibe a diario más de 200 llamadas diarias relativas a internaciones por problemas psiquiátricos, tanto compulsivas como voluntarias. "Por los recursos que tenemos, hacemos un seguimiento aleatorio, y a veces nos preguntamos en qué está tal caso si nos genera dudas. Incluso vamos al lugar", dijo el director del organismo.

Cristino estuvo en la agenda de los medios en los últimos días por haber protagonizado un episodio con derivaciones políticas. Grabó una conversación privada que mantuvo con Argimón y luego la viralizó. En el audio,  la vicepresidenta le pedía a Cristino que se cuidara y afirmaba que "todo se sabe" y “todo queda grabado”. A raíz de esta situación, el presidente Luis Lacalle Pou y Argimón negaron que el gobierno realice escuchas telefónicas de la ciudadanía. En tanto, Cristino realizó una denuncia por amenazas, en la que incluyó a la vicepresidenta. A su vez, el Frente Amplio elevó a Fiscalía otra denuncia ante "la gravedad" de lo que se escucha en la conversación, que está a estudio de la fiscal Silvia Porteiro.

Consultado sobre por si se había tenido en cuenta la relevancia política del indagado en el especial interés de la institución, Faroppa respondió que no, y dijo que la Inddhh ha "cuestionado a todos los gobiernos" desde la fundación del organismo en 2012.

"Me acuerdo del caso del colono escrachado por Presidencia", ejemplificó Faroppa en referencia a la publicación por parte del portal de Presidencia de las deudas que Gabriel Arrieta mantenía con el Instituto Nacional de Colonización, luego de que el colono increpara en febrero de 2018 al entonces presidente Tabaré Vázquez en la calle. Por ese episodio, la Inddhd rechazó que se divulgara esa información, algo que Presidencia aceptó y despublicó el contenido tiempo después.

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