Distribuidoras entablan juicio a ANCAP por reducir su ganancia

El ente petrolero acumuló años de pérdidas en sus balances cuando el exvicepresidente Raúl Sendic, luego sucedido por José Coya, estuvieron al frente del ente petrolero, lo que obligó al Estado a aprobar una capitalización por US$ 622 millones en diciembre de 2015. La administración de Tabaré Vázquez decidió en 2016 relevar al Directorio oficialista del ente y puso a cargo del timón a la exgerenta general de Gas Sayago, Marta Jara, con la meta de sanear y corregir los números del ente.

La premisa de Vázquez respecto a las empresas públicas fue clara: una mejor gestión y un manejo más cuidadoso de los gastos e inversiones, algo que había sido fuertemente cuestionado en ANCAP en la presidencia de Sendic. En el resultado financiero hubo repuestas. El ente mejoró sus números y dejó atrás años de déficit, aunque en gran medida eso se debió a que en los últimos dos años el precio del petróleo se desplomó sin un correlato en las tarifas, lo que engordó la caja de la petrolera monopólica.

Pero con los cambios en la conducción y en el modelo de gestión, también llegaron las acciones judiciales. En diciembre del año pasado, el ente modificó el esquema del negocio de la distribución de combustibles, variando el modelo anterior de margen de ganancia para las distribuidoras y las estaciones de servicio.

El cambio planteado implicó que la rentabilidad que percibirían los estacioneros se otorgaría en franjas en función de los volúmenes de comercialización y se liberaría el precio para las distribuidoras en la boca de salida de la refinería de La Tablada, pero se mantuvo tarifado el valor máximo de venta al público. Las autoridades se fijaron como meta bajar este año 10% los costos de esa cadena (unos US$ 36 millones) de los US$ 362 millones que se pagaron en 2016. "El negocio de la distribución tiene 'grasa' como para soportar un ajuste", había dicho a El Observador en su momento un gerente de ANCAP, argumentado que el margen de ese eslabón de la cadena estaba bastante por arriba de la región. En ese momento, las distribuidoras Petrobras y Axion (ex Esso) indicaron que retiraban combustible de La Tablada a precios 10% más caros de lo que lo hacían antes. Según supo El Observador, las dos compañías iniciaron procesos de demanda civil contra ANCAP.

La razón fue la variación en el margen de ganancia. En el caso de Axion, fuentes consultadas informaron a El Observador que el jueves 28 de setiembre ya hubo una audiencia por el arbitraje contra ANCAP en el Juzgado Civil de 6° Turno. Las fuentes añadieron que la empresa pública recusó la acción, por entender que no era procedente. Sin embargo, Axion sostiene que la posibilidad del arbitraje figura en el contrato que tiene establecido con el ente. Por ese motivo, ahora la Justicia debe decidir si corresponde que el proceso continúe. En tanto, Petrobras todavía no asistió a ninguna comparecencia judicial, revelaron las fuentes. En Uruguay hay 477 estaciones de servicio, de las cuales 288 (60% del total) son atendidas por la subsidiaria de ANCAP (Ducsa), 101 por Axion y 88 por Petrobras.

La reducción de la bonificación no afectó prácticamente los números de Ducsa del primer trimestre. En enero-marzo, la colateral de ANCAP obtuvo una ganancia de $ 182 millones
(US$ 6,4 millones) descontado el impuesto a la renta, por encima de los US$ 6,2 millones de igual período de un año antes. Para contrarrestar la reducción del margen, la empresa apeló a una reducción de costos, mejora de eficiencia y postergación de inversiones que no eran necesarias en lo inmediato.

Otros litigios millonarios

Además de las dos distribuidoras de combustibles, un grupo de estaciones de servicio (46% de las bocas) le reclama a ANCAP una indemnización de US$ 17 millones por el cambio de paramétrica que el ente adoptó a inicio de año y que también le modificó el margen de ganancias.

Según consignó El País el pasado 14 de setiembre, esos empresarios presentaron un recurso ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de 2° Turno reclamando una indemnización por el cambio de bonificación que comenzó a regir a principios de este año. Además, la empresa petrolera enfrenta demandas civiles por US$ 73 millones por parte de empresas competidores, proveedores y funcionarios, según el informe de auditoría del ejercicio 2016.

Crece la tensión entre el directorio y el gremio

Desde que el Directorio de ANCAP y el Poder Ejecutivo decidieron poner fin al servicio médico paralelo al Fonasa –que tenía el gremio del ente–, la relación entre las partes comenzó a tensarse. El punto máximo de enfrentamiento se dio en junio cuando el Ejecutivo declaró la esencialidad para la distribución de combustible en La Tablada, luego que el sindicato pusiera en riesgo el abastecimiento de combustible en todo el país. Eso porque el Directorio del ente había resuelto aplicar un achique y corte de horas extras en las guardias mínimas requeridas para atender el servicio de despacho combustible en La Teja.

En medio de estos enfrentamientos, ANCAP había iniciado en febrero el mantenimiento quinquenal de la refinería de La Teja con la idea de culminarlo el pasado 30 de junio. Sin embargo, ya pasaron casi tres meses y todavía el ente no logró reactivar la refinería, en parte por la distorsión que provocó en su momento la no realización de horas extras, reconoció la empresa. Sin embargo, este lunes la Fancap divulgó un comunicado acusando al Directorio de "manipular la opinión pública ocultando los hechos penosos de la gestión del ente".