TCR mantuvo la observación del gasto

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Dos informes de Jurídica del Tribunal de Cuentas sugerían autorizar la compra de escáneres para Aduanas

El TCR mantuvo la observación del gasto con votos de su presidenta y los ministros de la oposición; el MEF aguarda que le notifiquen el fallo y aun no decidió que posición asumirá
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13 de enero de 2023 a las 05:00

En una votación dividida, el Tribunal de Cuentas (TCR) resolvió este miércoles mantener la observación del gasto en la licitación que la Dirección Nacional de Aduanas realizó para incorporar tres escáneres (dos fijos y uno móvil) en el Puerto de Montevideo.

La decisión supuso el fin de un proceso licitatorio con el que el gobierno buscaba mejorar el combate al contrabando y el transporte de mercaderías ilegales. El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) aguarda que le notifiquen el fallo y aún no decidió si continuará con el gasto.

La resolución del TCR se tomó pese a dos informes de Jurídica que avalaron el proceso licitatorio.

Ahora, las autoridades definirán si convocan a una nueva licitación, teniendo presentes estos antecedentes y sabiendo que un proceso similar fue declarado desierto en el año 2019.

La licitación surgió a partir de una iniciativa privada presentada por Ciemsa y CSI Ingenieros –que pretendían asociarse–, pero tuvo varias idas y vueltas durante todo el proceso debido a reclamos de Sonda y S2 Global, las otras empresas que participaron. La comisión asesora había sugerido otorgar la licitación a esta última por 10 años y un importe total de US$ 42 millones aproximadamente.

La Dirección Nacional de Aduanas buscaba combatir mejor al narcotráfico

La resolución de observación del gasto fue aprobada con votos de la presidenta Susana Díaz (neutral) y los tres ministros de la oposición (Enrique Cabrera, Miguel Aumento y Diana Marcos) por considerar que se había incumplido con el artículo 48 del Tocaf.  Según ese artículo el pliego de una licitación en su redacción “deberá ser consistente, evitar la duplicación de requisitos y prevenir la existencia de indefiniciones, contradicciones y cláusulas ambiguas”.

Los tres ministros del oficialismo (Francisco Gallinal, Álvaro Ezcurra y Darwin Machado) consideraron lo contrario: que debía autorizarse la adjudicación y fundamentaron que no había irregularidades.

Para adoptar esta posición, los ministros oficialistas se basaron en dos informes de Jurídica del TCR que respaldaban el proceso.

Los documentos, a los que accedió El Observador, están fechados el 29 de setiembre y el 25 de octubre, seis días antes que el TCR resolviera en una sesión extraordinaria observar, por primera vez, el gasto.

Cayó la licitación para comprar tres escáneres para el Puerto de Montevideo

El primero de ellos, de 54 páginas, incluye un informe firmado por el abogado del TCR, Andrés Mautone, que señala que no encontró “ilegalidades o vulneración a principios de derecho”. A su vez, agrega un proyecto de resolución para intervenir el gasto, como se le conoce en la jerga a aprobar una compra.

El segundo es un informe ampliatorio que profundiza algunas de las controversias surgidas durante el proceso licitatorio y también concluye que se debe autorizar el gasto.

Al fundamentar sus votos discordes, Gallinal, Ezcurra y Machado señalaron los motivos por los que creían que no se había violado el artículo 48 del TOCAF.

Machado, que fue quien más se explayó, dio tres razones –que fueron compartidas por Ezcurra– por las que la observación no era de recibo, aseguró que la licitación se enmarcaba en la normativa vigente, que el gasto no merecía “objeciones legales” y que no se había registrado ningún “apartamiento o contravención” a lo previsto en el artículo 48 del TOCAF.

Gallinal, en tanto, expresó que “la redacción del pliego de condiciones que rigió el procedimiento, complementado con las aclaraciones formuladas por la administración ante consultas de los eventuales oferentes, se ajusta a lo dispuesto por el referido artículo”. “Considero que la redacción es consistente, evita la duplicación de requisitos, no contiene indefiniciones, contradicciones ni cláusulas ambiguas”, dijo.

Tras la observación de octubre, publicada por Búsqueda, el 9 de diciembre el MEF envió una nota solicitando al TCR que reconsidere la observación.

En ese documento, firmado por el director general de Secretaría, Mauricio di Lorenzo, y de su asesor Pablo Bazán, defienden la adjudicación a favor de S2 Global y responsabilizan al TCR por “exorbitar” sus competencias, al realizar un “juicio de valor o apreciación sobre los criterios” que aplicó la administración para evaluar las tres ofertas que se presentaron. “El TCR únicamente puede verificar la legalidad de la actuación y no así la conveniencia, oportunidad o mérito de la misma, y tampoco puede inmiscuirse en la adopción de criterios establecidos en el pliego de condiciones particulares”, señalaba la nota tal como informó La Diaria.

Pese a esto, en la sesión de este miércoles, el TCR mantuvo la observación.

El Tribunal de Cuentas argumentó que “surge que al momento de evaluar las ofertas, la administración adopta un criterio disímil respecto al pliego y al tenor de las aclaraciones a las consultas referidas”. 

También que hubo un “carácter amplio a la hora de exigir la legalización de documentos, y restrictivo en cuanto a qué puede ser considerado como antecedente para la prestación de servicios con exigencia de alto nivel de disponibilidad”.

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