Emiliano Lasalvia / AFP

Dos sugerencias para un gobierno provida

Subsidiar a las ONG que apoyan a las mujeres embarazadas tentadas a recurrir al aborto y anunciar un veto presidencial a la posible ley de eutanasia y suicidio asistido

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08 de febrero de 2021 a las 05:01

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El 14/08/2019, en un acto de su campaña electoral en Colonia, Luis Lacalle Pou, entonces candidato presidencial del Partido Nacional, declaró que, aunque su gobierno no derogaría la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), sí tendría una "agenda provida". Lacalle Pou dijo: "Voy a hacer lo imposible para que no haya abortos (…) El gobierno tiene que hacer punta porque (…) tiene que proteger la vida". Sostuvo que trabajaría con otros instrumentos, impulsando la paternidad responsable, fomentando las políticas de adopción y la educación sexual, y que en esas políticas participará "mucha gente humanista y algunos religiosos".

El 04/05/2020, en una conferencia de prensa, el periodista Víctor Hugo Acosta de Radio Felicidad de Paysandú, refiriéndose a los 10.000 niños que no nacen cada año por el aborto en Uruguay, un país con baja natalidad y un sistema de adopciones problemático y engorroso, preguntó al presidente: "¿Qué puede hacer al respecto para que esto no siga sucediendo?" De la larga respuesta del presidente, que incluyó una reafirmación de su voluntad de no intentar la derogación de la ley de IVE, destaco lo siguiente: "Todos entendemos que Uruguay tiene que tener una fuerte protección a los niños por nacer, que hay que tener una política de desestímulo de los abortos, que el Uruguay en su Constitución y de acuerdo a los pactos ratificados entiende que hay vida desde la concepción y en ese sentido un niño que no ha nacido tiene derechos. Esa es la visión del presidente de la República (…) Nosotros tenemos una agenda provida".

Hasta ahora, salvo las mejoras al régimen de adopciones contenidas en la ley de urgente consideración (LUC), la agenda provida del actual gobierno no se ha notado mucho, quizás porque desde marzo de 2020 la mayor parte de sus energías ha estado dedicada a enfrentar la pandemia de covid-19 y sus muchos problemas asociados. Sin embargo, a medida que Uruguay avanza hacia el final del túnel de esa pandemia, convendría que el gobierno comience a desarrollar más intensamente su agenda provida, que es una parte fundamental de su compromiso con la ciudadanía. Naturalmente, en esa línea las acciones posibles son innumerables. En este marco me limitaré a sugerir dos ideas.

A) En nuestro país hay varias Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) que trabajan denodadamente para evitar abortos apoyando de muchas formas a las mujeres embarazadas en situaciones de vulnerabilidad1. Como muchas OSC uruguayas, las que se dedican a esa tarea hacen maravillas a pesar de contar con recursos muy escasos. Si contaran con subsidios estatales significativos, los logros de esas OSC podrían ser mucho más grandes, y tendrían un impacto muy notable en la sociedad.

B) Apenas iniciada la presente administración, cinco diputados colorados presentaron un proyecto de ley para legalizar la eutanasia y el suicidio asistido. Es obvio que un gobierno con una agenda provida debería rechazar ese proyecto de ley, que constituye un grosero intento de violentar aún más el derecho humano a la vida en Uruguay. Por lo tanto, sugiero al presidente de la República que, en consonancia con su compromiso de llevar adelante una agenda provida, anuncie públicamente que, en caso de que el Parlamento apruebe la ley de eutanasia y suicidio asistido, la vetará totalmente. Pienso que ese anuncio bastaría para lograr el entierro de ese funesto proyecto de ley.

Sin embargo, si a pesar de ese anuncio presidencial la ley fuera aprobada (lo que ya es mucho suponer), una vez interpuesto el veto presidencial bastaría asegurar que al menos un 40% de los miembros de cualquiera de ambas Cámaras vote en contra del levantamiento del veto2. El 40% de los miembros del Senado son 13 senadores. Contando a la vicepresidenta de la República, el Partido Nacional tiene 11 votos en el Senado. Además, Cabildo Abierto tiene tres senadores, por lo que ambos partidos políticos reúnen 14 votos en el Senado, uno más de los requeridos para mantener un veto presidencial. Por otra parte, el 40% de los miembros de la Cámara Baja son 40 diputados. El Partido Nacional tiene 30 diputados y Cabildo Abierto tiene 11 diputados. Por lo tanto, ambos partidos reúnen 41 diputados, uno más de los requeridos. Además, es muy probable que algunos legisladores colorados votaran en contra del levantamiento del veto. Y también es probable que los líderes del Partido Colorado, estén o no a favor de la ley de eutanasia y suicidio asistido, no quieran causar un problema grave dentro de la coalición de gobierno, y aparecer junto con el Frente Amplio y en contra de Lacalle Pou y Manini Ríos.

1Conozco a dos de esas OSC, Madrinas por la Vida y Ceprodih, ambas muy meritorias, pero seguramente hay más.
2Véanse los Artículos 138 y 139 de la Constitución de la República.

Otros escritos del autor en danieliglesiasgrezes.wordpress.com.

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