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Edad de retiro, AFAP, aportes patronales y la necesidad de gravar mejor la riqueza: las críticas al documento de reforma de jubilaciones
Los miembros del oficialismo en la Comisión de Expertos en Seguridad Social (CESS), que trabaja en un informe con recomendaciones de reforma del sistema previsional uruguayo para elevar al Poder Ejecutivo, presentó el pasado martes al pleno de la comisión un documento base de recomendaciones sobre las que se trabajara de cara al 31 de octubre, fecha límite para la presentación del informe final.
Este jueves se llevó adelante la actividad El debate de la seguridad social en Uruguay organizado por la Asociación de Bancarios del Uruguay (AEBU) junto al PIT-CNT, la UNI Global Union -una federación sindical global que nuclea a trabajadores del sector capacidades y servicios-, el equipo en representación de los trabajadores en el Banco de Previsión Social (BPS) y la fundación política alemana Friedrich Ebert Stiftung (FES). Allí especialistas debatieron respecto a la reforma previsional tomando como base el documento presentado por la CESS.
La mano del sistema tributario y la necesidad de gravar a las grandes fortunas
Gustavo Viñales, docente de la Maestría Tributaria de la Universidad de la República (Udelar) e investigador del Centro de Investigaciones Económicas (Cinve), sostuvo que es un “error en el mundo de hoy” pensar en una reforma del sistema de seguridad social “aislada” del sistema tributario.
En ese sentido, el experto señaló que el sistema de seguridad social está dividido en dos. Por un lado los ingresos de seguridad social, los cuales dividió entre aportes personales y aportes patronales. Por otro lado, los impuestos, sobre los cuales destacó que son el 46% del total de erogaciones del BPS y llegan a 5,5 puntos del PIB. “La mitad de las erogaciones del BPS se financian con impuestos y no con contribuciones de seguridad social”, explicó, y añadió que en las cajas policiales o militares el porcentaje de las erogaciones es “aún mayor”.
Según Viñales, los costos de la seguridad social han ido “perdiendo convergencia” para los trabajadores. “Se han ido distanciado las remuneraciones de quien tiene un trabajo como empleado dependiente de quien tiene un trabajo como autónomo y de quien es patrón. Los empleados dependientes son los que más tributan, después les siguen los autónomos y después los patronos o socios de empresas”, apuntó.
El experto también señalo que en Uruguay más del 75% de los patronos aportan el mínimo posible, un aporte que “no es sustentable en términos de una jubilación digna”. Además, dijo que las contraprestaciones en época activa “son insuficientes” porque, por ejemplo, “no tienen acceso al seguro de paro o son muy básicas”.
“Podemos discutir la seguridad social pero si no discutimos cómo hacemos converger para que las distancias entre los aportes de las distintas formas de remunerar el trabajo no se vayan cada vez más en una brecha que no converge, tenemos un problema, y esto hay que mirarlo desde la seguridad social y el sistema tributario, es la única forma de entender cómo se soportan las capacidades tributarias”, consideró.
Viñales fue crítico con los aportes patronales que se realizan en Uruguay ya que, según informó, en Uruguay el régimen general de aportes personales es de 15% frente a un 7,5% de aportes patronales. “Es decir que los trabajadores aportan dos terceras partes y los empleadores una tercera parte”, sostuvo, a diferencia de lo que ocurre en países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), donde “la relación es casi inversa” ya que el 38% de los aportes lo hacen los trabajadores y el 62% lo hacen los empleadores.
Según el investigador, en Uruguay existen tres grupos que se llevan el 90% de la exoneración de aportes patronales: las mutualistas con casi el 50%, las instituciones culturales y de enseñanza y el transporte de pasajeros. En esa línea, criticó: “Hoy volvimos a un Uruguay donde parte de las soluciones tributarias se dan por exoneraciones de aportes patronales. Yo pregunto ¿esa gente no se va a jubilar? ¿O la discusión de la jubilación es solo para nosotros? ¿Por qué volvemos a creer que exonerar aportes patronales es una dádiva? En realidad estoy exonerando algo que, como viene a futuro, ni pago el costo político y no tengo el problema”.
Respecto a los impuestos, recordó que cerca de la mitad de los ingresos de seguridad social para soportar erogaciones vienen del sistema tributario. “IVA, IASS como impuestos afectados y Rentas Generales para tapar el agujero de la diferencia que surge, del IRPF, del IRAE y de los impuestos que pagamos todos los contribuyentes”, señaló.
Para Viñales, el mundo “cambió el paradigma de cómo tributar la riqueza” por lo tanto “dar una discusión de la reforma de la seguridad social que se consume casi 6 puntos del PIB solo para el BPS sin integrar una discusión más amplia de cómo es el sistema tributario en términos de equidad y de estructura interna no aborda la problemática en su totalidad”.
El docente sostuvo que “si solamente se va a una reforma que modifica ajustes paramétricos” sin contemplar los ingresos genuinos que son las contribuciones a la seguridad social y los ingresos adicionales que son los impuestos, “lo que sabemos es que vamos a tener que seguir haciendo la reforma”.
Crítica del PIT-CNT
Hugo Bai, delegado del PIT-CNT en la CESS, dijo que para que “el pacto social pueda estar legitimado”, es necesario que “algunos actores con mayor capacidad contribuyan con un mayor financiamiento a la protección de los adultos mayores”.
“Los sectores vinculados al capital, las altas ganancias y la concentración de las riquezas. Creemos que ahí hay una discusión de carácter impositivo para ir a un esquema de financiamiento mucho más equitativo y solidario que genere un impacto distributivo mucho más progresivo”, planteó.
Bai también apunto al Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas (caja militar) y dijo que la reforma “es muy tibia” respecto a ese régimen. “Se requeriría una contribución mucho mayor de las altas jubilaciones militares que se han otorgado durante décadas en condiciones de privilegio. En el pacto social que nos convoca debería haber una señal mucho más clara respecto a este colectivo”, reclamó.
El delegado de la central sindical en la CESS también destacó su oposición a la edad legal de retiro (65 años) planteada en el documento -actualmente es de 60 años-.
“Creemos que es un elemento saludable para personas y para la sostenibilidad del sistema que aquellos que están en condiciones de retirarse más tarde, el sistema le brinde los incentivos para que puedan hacerlo voluntariamente”, dijo, pero puntualizó: “Tal como están las recomendaciones en este documento, lo que viene es un cambio del parámetro al barrer que implica una suba generalizada sin contemplar ningún tipo de situación en particular y hay una enorme cantidad de trabajadores que no están en condiciones de extender su edad de retiro”.
Bai también manifestó que desde el PIT-CNT están de acuerdo con la idea de ir hacia un “sistema único de seguridad social” pero que es “saludable” que esto sea “con la debida gradualidad y atendiendo las condiciones de cada uno de los sistemas”
Por otro lado, criticó el sistema mixto y el pilar de ahorro individual a través de las AFAP. “Lo que se pretende es exportar hacia otros regímenes la experiencia fracasada de 25 años de AFAP en Uruguay”, aseguró.
“Lejos de una competencia privada lo que se generó fueron un esquema altamente concentrado de empresas privadas que se pusieron de acuerdo en cobrar comisiones muy elevadas. Quizá las AFAP hayan sido de los sectores económicos que más han ganado en proporción al volumen de negocios a lo largo de estos 25 años”, apuntó Bai.
