La enfática advertencia del presidente Tabaré Vázquez a los sindicatos de la educación de que el aumento presupuestal debe correr paralelo a mejores resultados refleja una nueva posición de firmeza en ese campo
La enfática advertencia del presidente Tabaré Vázquez a los sindicatos de la educación de que el aumento presupuestal debe correr paralelo a mejores resultados refleja una nueva posición de firmeza en ese campo. Es una actitud alentadora siempre que, a diferencia de lo ocurrido hasta ahora, se cumpla en los hechos. En el Consejo de Ministros realizado en Soriano, Vázquez reafirmó su promesa electoral de aumentar el presupuesto de la educación al 6% del Producto Interno Bruto (PIB), equivalente a unos US$ 3.600 millones anuales. Pero condicionó su cumplimiento al afirmar que el gobierno tiene, al mismo tiempo, “el derecho de exigir el mejor resultado educativo en el país”, meta frustrada en los dos períodos previos del Frente Amplio por una combinación de obstruccionismo sindical y de pasiva inacción de las autoridades.
Vázquez señaló también que se va “a atender (los reclamos sindicales) en la medida de lo posible”. Su comentario está en línea con un previo anuncio del ministro de Economía, Danilo Astori, de que el manido 6% del PIB se irá buscando gradualmente, para llegar a ese porcentaje al final del período, en 2019, según lo permitan los recursos fiscales. De todos modos, aunque los fondos estén disponibles, lo cual dista de estar asegurado, su asignación dependerá de que se introduzcan en la educación pública las reformas indispensables para sacarla del pozo, según se desprende de la admonición presidencial.
Tomarla en cuenta es la actitud que les corresponde asumir a los sindicatos docentes, lanzados ya a una ola de paros y ocupaciones, junto con el PIT-CNT y otros gremios públicos. Estas movilizaciones son una recurrente tradición sindical para presionar por salarios y otras mejoras cuando está en preparación el presupuesto quinquenal. Una década de bonanza exportadora les facilitó a las administraciones anteriores ceder a las demandas gremiales. Pero la situación es diferente ahora. Los ingresos de los años de prosperidad se gastaron a manos llenas, sin la previsión de usar parte para crear un fondo de reserva. El resultado es que, con un crecimiento más lento y un sombrío panorama externo, ajustarse el cinturón es ineludible.
Es lo que el gobierno encara al anunciar que confeccionará un presupuesto austero y lo que todos los actores económicos tienen que aceptar. Pese a este panorama, la educación sigue siendo un área donde es necesario volcar recursos, pero como inversión en defensa del futuro y no como improductivas dádivas sin contrapartida. Este último curso errado ya se tomó cuando Vázquez se comprometió, en su primera campaña electoral, a asignarle el 4,5% del PIB, cifra arbitraria que careció de precisos estudios técnicos previos sobre las necesidades de un sistema a ser modernizado.
Lo mismo se aplica al 6%. Lo lógico no es fijar un segmento del PIB y luego ver qué pasa. No corresponde establecer el porcentaje como primer paso, sino que debe resultar de lo que esa área vital requiere mientras se van introduciendo reformas que nos pongan a rueda de países más avanzados. Aunque el gobierno mantiene una meta porcentual sin base, las declaraciones de Vázquez al menos la condiciona a las posibilidades de las finanzas públicas y, sobre todo, a que se avance en darle al atrasado sistema de educación pública la eficacia que facilite la inserción fructuosa del país en un mundo globalizado y cada vez más tecnificado y exigente.
