Después de nueve meses de arduas negociaciones, el Reino Unido y la Unión Europea culminaron antes de la pasada Navidad un acuerdo de separación, para iniciar una nueva forma de relación comercial, económica y de seguridad. Es, casi seguramente, el mayor acuerdo comercial que el Reino Unido habrá de firmar en adelante, teniendo en cuenta que en el 2019 sus ventas de bienes y servicios a la UE fueron el 43 % del total y que más de la mitad de sus importaciones provienen de los veintisiete países de la zona euro.
El acuerdo cubre una variedad de sectores tales como el intercambio de información, la cooperación policial, defensa y seguridad, derechos de tránsito, logística y transporte, derechos de aviación, viajes, alimentos y bebidas, industrias en particular automotriz, química y farmacéutica, servicios profesionales, sistema financiero y otros.
Para alcanzar el acuerdo, ambas partes cedieron algunas de sus pretensiones originales. En el asunto quizá más complejo, el Reino Unido deseaba mantener su libertad para fijar el marco regulatorio sobre la producción de bienes y servicios, en particular en las normas laborales, el cuidado del medio ambiente y la ayuda pública a las empresas. Pero para tener un libre acceso al mercado de la UE y, a la vez, no quedar sujeto a las leyes comunitarias y a la autoridad de la Corte Europea de Justicia, debió terminar aceptando un sistema alternativo, que expone su legislación a la revisión europea. De este modo, ambas partes acordaron un sistema que busca impedir que el libre cambio entre ellas esté distorsionado por alguna forma de competencia desleal.
En caso de divergencias no resueltas por el diálogo, están previstos dos pasos de protección. Por un lado, la parte que se considere agredida podrá adoptar medidas de represalia en forma de suspensión de algún capítulo del tratado que abarque no solo a la relación comercial sino a otros varios, tales como la integración de las redes energéticas, las conexiones de transporte o la cooperación policial y judicial. Esas medidas defensivas inmediatas y preventivas podrían dejar paso luego a un sistema de arbitraje, con una eventual imposición de aranceles o cuotas en compensación por el daño causado.
Otra de las concesiones del Reino Unido fue la relativa postergación del sector financiero, pese a que es uno de los más importantes para el conjunto de su economía, a la espera de condiciones más favorables en una futura negociación. Tan fue así, que en los primeros días de la vigencia del acuerdo hubo un importante desplazamiento de negocios financieros desde Londres a varios de los centros competidores en el continente.
Por supuesto que algunas de las fortalezas británicas en el sector van a continuar prevaleciendo, como por ejemplo en los mercados de divisas al contado o en el de seguros. Pero las actividades más reguladas, como la transacción de acciones, bonos y derivados, o los negocios de los bancos de inversión o de manejo de activos, han quedado bajo un cierto margen de indefinición.
Otro capítulo de interés es el referido a la pesca, más por su importancia para los pueblos costeros que por su ponderación económica. Así, la flota pesquera de la UE tendrá un período de transición de cinco años y medio con acceso garantizado a las aguas del Reino Unido. Posteriormente, esta concesión dependerá de negociaciones anuales.
Durante la transición, los derechos de pesca de la UE en aguas del Reino Unido serán reducidos en una cuarta parte y las cuotas británicas serán aumentadas en la misma proporción. En caso que de las negociaciones anuales resulte un sacrificio para la pesca comunitaria, la UE podrá imponer tarifas u otras medidas equivalentes sobre la importación de pesca británica.
Más allá de estos y otros detalles, el acuerdo consagra una forma amigable de separación, que finalmente habrá de mantener sin grandes cambios a la relación comercial previa y a la mayoría de las otras formas de convivencia.
La UE no sacrificó ninguna posición de importancia y más aún, pudo salvar con éxito un proceso de negociación muy complejo, en el que estuvo en jaque su unidad interna, teniendo en cuenta la variedad de posiciones de los distintos gobiernos sobre la salida de los británicos. Además, también pudo proteger a la posición de Irlanda, que era el país que más podía perder en el divorcio. Por cierto, el proceso de integración quedará ahora más centrado que antes en el voto de Alemania y Francia.
Para el Reino Unido, el acuerdo tiene alguna desventaja en comparación con su anterior sociedad con la UE pero es mucho mejor que una salida sin acuerdo. Para la concepción rupturista, lo más importante es que la isla ganará control sobre la inmigración proveniente de la UE, sin sacrificio de la relación con sus principales socios comerciales. Además, tendrá libertad para concretar acuerdos de libre comercio con otros países del resto del mundo. También habrá un impulso sobre la inversión doméstica, que en los últimos cuatro años estuvo a la espera de las decisiones correspondientes.
En contrapartida, los británicos perderán oportunidades de negocios, de trabajo, de estudios o de vida en la UE con respecto a la situación anterior. En particular, quedó un margen de duda sobre la situación de futuro de los servicios financieros.
En el mapa político interno, la separación de la UE ha dado un nuevo impulso a las aspiraciones de independencia de Escocia, que será un tema importante en las próximas elecciones. También podría abrirse una nueva forma de relación entre Irlanda del Norte, Irlanda y la UE.
