En una decisión que los medios locales interpretan como una importante victoria política para el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, la Cámara de Diputados de Brasil aprobó y convirtió en ley el proyecto del oficialismo que pone fin al "techo de gasto" público y crea reglas presupuestarias más flexibles.
La iniciativa, aprobada por 379 votos contra 64 abre la puerta a la coalición gobernante liderada por el Partido de los Trabajadores (PT) para llevar adelante el ambicioso programa social y el vasto plan de inversiones en infraestructura propuestos por el mandatario durante la campaña electoral en la que se impuso a su antecesor de ultraderecha Jair Bolsonaro.
Las nuevas reglas, que comenzarán a regir durante la ejecución del presupuesto federal del próximo año, ponen un punto final al tope introducido a fines de 2016 y que comenzó a regir al año siguiente bajo el gobierno de centroderecha del expresidente Michel Temer, luego de la polémica destitución de Dilma Rousseff bajo el argumento de haber maquillado el déficit fiscal.
Aprobado a fines de mayo en primera votación en la Cámara de Senadores, el nuevo marco fiscal tuvo que ser votado nuevamente por los diputados, luego que los senadores introdujeran varios cambios en el texto a finales de junio.
La norma establece que el Ejecutivo podrá aumentar el gasto al ritmo de la recaudación, pero limitando el incremento de las erogaciones al 70% del aumento de los ingresos hasta un rango de entre el 0,6% y el 2,5% anual por encima de la inflación, gasto que será corregido anualmente por el Índice Nacional de Precios al Consumidor Ampliado (IPCA) acumulado durante los dos años previos al presupuesto vigente.
Las reglas estipulan, además, que si no se cumplen los objetivos presupuestarios primarios predeterminados, el crecimiento del gasto se reducirá al 50% de los aumentos de los ingresos como medida disciplinaria.
Aunque menos estricto que el tope constitucional, que ha limitado el crecimiento del gasto público a la inflación desde 2017, el nuevo marco ha sido bien recibido por los mercados donde las tasas de interés de los bonos gubernamentales han caído desde la presentación de la iniciativa ahora convertida en ley.
Lula da Silva, que gobernó el país entre 2003 y 2010, inició su tercer mandato restableciendo y ampliando los programas sociales heredados de Bolsonaro y actualizando los valores de la Bolsa Familia, lanzada por el líder del PT durante su primera presidencia, subsidio que se paga a las familias más pobres.
La aprobación de la ley se da en momento en que Lula da Silva, en el contexto de una inflación descendente, una baja de la desocupación y expansión del PIB, goza de una aprobación del 60% frente al 56% de junio, según una encuesta de la consultora Quaest que recoge en términos cualitativos una mejor percepción por parte de los consultados sobre la marcha de la economía y las relaciones del presidente con el Congreso.
El gobierno, que también ha fortalecido los organismos estatales de conservación ambiental, que sufrieron importantes recortes presupuestarios bajo el expresidente Bolsonaro, se comprometió durante el debate legislativo a conciliar "presupuesto, responsabilidad social y desarrollo sostenible".
Durante sus dos primeros mandatos, su administración se destacó por una robusta inversión en programas sociales que sacaron a millones de brasileños de la pobreza. En ese momento, la situación económica era especialmente favorable para Brasil, que al igual que muchos países de América Latina que aprovecharon el auge en los mercados internacionales de los precios de las materias primas.
La situación actual dista mucho de aquel “boom”, que los sectores ortodoxos calificaron como “viento de cola”, aunque las agencias internacionales de calificación crediticia Fitch Ratings y S&P elevaron en julio la nota de Brasil, destacando en particular la reforma fiscal aprobada ese mes por Diputados, lo que mejora las condiciones de financiamiento del Estado en los mercados de capitales interno y externo.
La aprobación de la norma, además, se produce dos semanas después que el gobierno relanzara un paquete de grandes obras de infraestructura, conocido como Programa de Aceleración del Crecimiento, plan que prevé inversiones públicas y privadas por unos US$ 348.000 millones y para el cual las nuevas reglas presupuestarias serán fundamentales.
El oficialismo, sin embargo, no consiguió que se dejara de lado en la nueva regla fiscal los fondos para ciencia y tecnología, pese a que la ministra del área, Luciana Santos, compareció ante los legisladores para defender la propuesta. Tampoco que se aprobara la creación de un comité para la modernización fiscal, que pretendía constituirse en una herramienta para mejorar la gobernabilidad de las finanzas federales y aumentar la transparencia del Presupuesto.
(Con información de agencias)
