El Congreso norteamericano autorizó un aumento de US$ 45 mil millones en gastos de Defensa

Pero las empresas contratistas de la defensa, que pasaron la mayor parte de 2022 justificando con la inflación el aumento de sus costos no están obligadas a demostrar de qué manera sus costos se vieron afectados por el proceso inflacionario.

De esta manera, el Congreso está cubriendo las pérdidas financieras de grandes empresas, como Lockheed Martin, que tiene un valor de más de US$ 122 mil millones. Más del 70% de las ventas netas de Lockheed provinieron del gobierno de los Estados Unidos en 2021, lo que significa que los contribuyentes financiaron en gran medida los US$ 11 mil millones que distribuyó entre sus accionistas en 2022.

Lo llamativo del caso es que los legisladores diseñaron este rescate de la inflación para la industria de Defensa a puertas cerradas. Ninguna de las versiones anteriores del proyecto de ley de Defensa incluía la previsión decidida, lo que significa que negociadores de la Cámara de representantes y el Senado –algunos de los cuales recibieron considerables fondos de campaña de la industria de defensa– la agregaron al texto legislativo sin una participación más amplia del Congreso.

Esto es particularmente problemático dado que el Senado ya había rechazado una propuesta similar para aumentar los precios de los contratos en el otoño, en parte debido al rechazo del Departamento de Defensa y de la senadora demócrata por Massachusetts Elizabeth Warren.

El Pentágono no estaba convencido de que la industria de Defensa necesitara un alivio sustancial para sus costos causados por la inflación. Entonces, el jefe de adquisiciones del Pentágono, Bill LaPlante, les pidió a las asociaciones de la industria de Defensa pruebas de que la inflación estaba impidiendo que las empresas obtuvieran contratos del Pentágono, o amenazando con dejar a las empresas fuera del negocio por completo. Estas asociaciones no pudieron producir datos concretos que demostraran la necesidad de un alivio por la inflación.

La propuesta también contradecía tanto la ley de contratación federal como la guía del Pentágono sobre la mitigación de los impactos de la inflación. Las empresas con contratos firmes de precio fijo, por ejemplo, son responsables de cubrir cualquier aumento de costos inesperado, incluso los que resultan de la inflación. Los contratistas asumen el riesgo de un aumento de los costos cuando ganan estos contratos del Pentágono, pero eso no les impidió presionar al Congreso por un rescate de la inflación sin ninguna evidencia que demuestre que realmente lo necesitan.

Por otra parte, las empresas que enfrentaban aumentos de costos imprevistos y otros factores financieros negativos ya tenían acceso a alivio financiero a través de una ley existente, que fue diseñada para ser una red de seguridad de último recurso para los contratistas más vulnerables a la inflación, incluidas las pequeñas empresas. Pero no hay evidencia de que las empresas estuvieran usando las previsiones de esa ley.

A pesar de todo, los legisladores transformaron fundamentalmente la ley para permitir aumentos de precios para los contratos del Pentágono. La nueva ley no establece restricciones sobre cuándo los contratistas pueden solicitar aumentos en los precios de los contratos; el único requisito es que los costos excedan el precio original acordado. Esto significa que, según la ley promulgada, los contratistas pueden reclamar aumentos de costos por cualquier motivo, incluido el riesgo normal de pérdidas financieras asociadas con la ejecución de cualquier contrato de precio fijo.

La nueva ley requerirá que el Pentágono revise su posición sobre el aumento de los precios de los contratos y emita una guía sobre cómo implementar este rescate de la industria. Pero el Pentágono declaró expresamente en octubre que no tenía “intención actual” de promulgar una política para aumentar los precios de los contratos debido a la inflación. Y, antes de eso, rechazó el esfuerzo de la industria por aumentar los precios de los contratos debido a la inflación en dos memorandos enfocados en manejar los efectos de la inflación sobre los contratos existentes.

Dada la oposición demostrada por el Departamento de Defensa a los ajustes de precios y su lento progreso en la finalización de las reglas aprobadas por el Congreso hace años, es posible que el Pentágono no preste atención a este rescate financiero hasta que baje la inflación y el tema sea discutible. Incluso entonces, la ley sólo autoriza aumentos de precios en los contratos, pero no los exige. La mira está puesta en que la administración Biden rechace este gasto injustificado sin precedentes.

Lo relevante de la situación es que los negociadores de la Cámara de representantes y el Senado adelantaron un rescate financiero injustificado que contradecía la orientación del Pentágono, eludiendo una deliberación amplia en el Congreso y permitiendo así que las empresas contratistas se embolsaran miles de millones de dólares extra a expensas de los contribuyentes.

(Político, Responsible Statecraft, Democracy Now)