El drama de la violencia

Los problemas de la seguridad pública en Uruguay no son nuevos y han estado presentes en el debate político desde el retorno a la democracia en 1985, lo que se ha reflejado en los consecutivos cambios de los ministros del Interior o en las permanentes críticas a la gestión de dicha cartera. No obstante ello, es posible advertir en los gobiernos del Frente Amplio un desempeño más errático por políticas equivocadas o miradas impregnadas por una ideología que convierte a la víctima en victimario, que considera a la delincuencia como una enfermedad social del sistema capitalista. Sería injusto decir que esa mentalidad es un fiel reflejo de la actual administración, pero fue por lo menos una visión errónea –que se debatía con ímpetu en la propia coalición de izquierda- del pasado muy reciente que hizo perder mucho tiempo al país.

Después de la crisis de 2002, Uruguay ha logrado caminar por una vía de crecimiento económico, con un mercado de trabajo alineado con el alza del PIB y tasas de desempleo acordes. El grueso de los datos macroeconómicos, que acompañaron la gestión del gobernante Frene Amplio, contribuyó a que los principales indicadores sociales tuvieran una mejoría importante: la pobreza, la indigencia y la desigualdad se redujeron en 2017.

Sin embargo, esa mejora económica y social no ha tenido un impacto favorable en sectores de la sociedad que se desenvuelven en un ambiente de la ilegalidad dominada por la violencia del submundo del narcotráfico que a su vez se retroalimenta de una cultura de la marginalidad que ha avanzado lenta pero sostenidamente ante la mirada anestesiada del sistema político.

En los últimos dos meses, referentes de la policía y del ámbito judicial han reconocido el fracaso del combate a la delincuencia y las deficiencias de malogradas políticas sociales para asegurar la integración de sectores de la sociedad que viven o actúan por fuera de las normas sociales. Por si fuera poco, se trata de grupos que se desenvuelven en ambientes que potencian las conductas delictivas y que provocan un pernicioso círculo vicioso del que es muy difícil zafar.

Mario Layera, director nacional de Policía, reconoció a El Observador la decadencia social que se refleja en individuos que viven "por fuera absolutamente del sistema", que tienen una cultura de la violencia y códigos culturales propios. Se trata, explicó, de "núcleos importantes de la población" que no creen posible que puedan acceder a bienes y servicios "por las vías legales".

El rostro de Uruguay empieza a tener facciones de otros países de la región que están impregnados de sangre por acciones del narcotráfico y la violencia de pandillas, verdaderos ejércitos ilegales que muchas veces pasan por encima del propio Estado. En ese escenario solo quienes tiene mayor poder económico pueden refugiarse en barrios bajo rejas, guardias privados y sofisticados sistemas de vigilancia.

Un jerarca del Ministerio de Interior dijo el mes pasado que a fines de este mes se difundirán datos muy preocupantes que muestran "un triste récord" de delitos y advirtió que sin mediar un cambio cultural es muy difícil enfrentar una violencia en aumento. Es cierto, pero es el propio gobierno quien debería empezar por diseñar políticas que reconozcan que una nueva realidad social ha convertido en un mito la idea de una sociedad integrada e integradora.