Las posiciones de los países en torno a Venezuela se dividen ahora en tres, y no hay claridad en la consecución de sus propósitos
Por Ricardo Galarza / Especial para El Observador
Contemplar a algunos gobiernos de la región darle vueltas a la crisis venezolana en busca de una solución trae a la mente aquel viejo refrán norteamericano sobre el elefante que uno se niega a ver cuando este se encuentra en la propia habitación. Saben que la democratización de Venezuela pasa por la salida de Nicolás Maduro. La historia ha demostrado una y otra vez que una transición a la democracia solo es posible cuando ha caído el régimen de facto. Pero siguen insistiendo en un diálogo sine die; o en el mejor de los casos, en unas elecciones que no queda claro cuándo habrían de celebrarse y, sobre todo, quién las va a celebrar.
De la reunión del jueves en Montevideo, entre Uruguay, México, los países de la Unión Europea y los de la región que no pertenecen al Grupo de Lima, salieron dos resoluciones diferentes, con demandas diferentes al régimen de Caracas y con marcos de acción diferentes. Por un lado, el Mecanismo de Montevideo, que básicamente propone una enésima ronda de negociaciones entre el régimen y la oposición, y poca cosa más. La propuesta es apoyada por los anfitriones, Uruguay y México, Bolivia y los países del Caricom. Y por otro lado, el Grupo Internacional de Contacto (GIC), cuyo comunicado firmaron los países de la Unión Europea, Uruguay, Ecuador y Costa Rica. No así Bolivia y México, que no aprobaron el texto final de la declaración.
Como sea, el documento propone una solución “pacífica, política, democrática y propiamente venezolana… excluyendo el uso de la fuerza, a través de elecciones libres, transparentes y creíbles”. Tal vez lo novedoso de esta resolución sea que el gobierno uruguayo por primera vez adhirió a un pedido de elecciones en Venezuela. Algo que el canciller Nin Nova se había negado a hacer el día anterior, al presentar el Mecanismo de Montevideo junto a su par mexicano, Marcelo Ebrard.
Sin embargo, no queda claro en el texto quién deberá llevar a cabo ese proceso eleccionario en Venezuela, si el gobierno de Maduro, si el dirigente opositor Juan Guaidó, que se juramentó el 23 de enero como presidente interino y es reconocido por la mayoría de países de la comunidad internacional; o quién.
No parece razonable a esta altura pedir unas elecciones “libres, trasparentes y creíbles” sin exigir la renuncia de Maduro. Mientras el régimen controle todos los resortes del poder, eso se antoja imposible. Para la realización de unos comicios con garantías mínimas en Venezuela, se necesita una nueva autoridad electoral, un padrón de votantes depurado y fidedigno y que todos los órganos de arbitraje puedan operar con independencia. Eso lleva tiempo; pero sobre todo, amerita la renuncia de Maduro y un gobierno de transición. Y esto no solo no figura en el texto del documento, sino que además, mientras los países de la Unión Europea reconocen a Guaidó, Uruguay ha reconocido a Maduro como presidente legítimo. ¿Cuál de los dos debe convocar a elecciones?
En ese clima de incertidumbre, y de superposición de países que se agrupan en torno a las diferentes propuestas, tres son los grupos que han quedado más menos definidos: el Grupo de Lima, que integran casi todos los países latinoamericanos, Estados Unidos y Canadá, y llevan la línea dura contra el régimen de Caracas. Aunque todos ellos descartan una intervención militar, excepto por Estados Unidos, todos han reconocido a Guaidó como presidente interino y exigen la renuncia de Maduro. Los países de la Unión Europea, que reconocen a Guaidó y exigen que sea este quien convoque a elecciones, pero mantienen cierta distancia del Grupo de Lima por la influencia de Washington sobre la agrupación. En este segundo grupo podríamos ubicar también a Uruguay por vía del GIC y de su pedido de elecciones, pero no del todo por su desconocimiento de Guaidó y reconocimiento a Maduro. Y a Costa Rica, que integra el GIC pero también el Grupo de Lima. Y por último, los países del Mecanismo de Montevideo: México, Uruguay, Bolivia y los países del Caricom. Mecanismo este que es a su vez respaldado por el propio Maduro.
Se sabe que Moscú y Pekín apoyan a Maduro pero no forman parte de ningún grupo con iniciativas diplomáticas para tallar en la crisis.
AFP
En resumen, un gran galimatías que no se ve muy bien cómo terminará contribuyendo a una salida a la situación que vive Venezuela.
Desde un principio, la posibilidad de una intervención militar de Estados Unidos, que se ha encargado de aclarar que “todas las opciones están sobre la mesa”, hizo que algunos gobiernos vacilaran; y que otros pocos directamente se opusieran a la ofensiva diplomática que Washington encabezaba junto a casi todas las potencias del continente. Y así se ha ido decantando este abanico bastante variopinto de posturas desde el 23 de enero.
Pueden entenderse los temores a una intervención militar de Estados Unidos; sobre todo habida cuenta de la guerra de bravuconadas entre el segundo de abordo del régimen chavista, Diosdado Cabello, y el consejero de Seguridad Nacional, el halcón John Bolton, que hace unos días llegó a deslizar la amenaza de Guantánamo para los jerarcas del régimen. También es comprensible la desconfianza para seguir a una ofensiva diplomática de Washington y las principales potencias europeas después de las nefastas intervenciones en Irak, Libia o Siria.
Todo eso es comprensible. Pero esto no es Medio Oriente, ni Venezuela es Siria. Las distancias son abismales. Aquí no va a haber una invasión, ni una ocupación, ni portaaviones desplegados en las costas del Caribe. Pero Maduro tampoco se va a ir con exhortaciones vagas a unos comicios a realizarse quién sabe cuándo y otros saludos a la bandera. Y de ese modo, mantener esta postura neutral –en la práctica, nada neutral– es desconocer dos hechos fundamentales.
El primero es que casi todos los países de la región no reconocen la legitimidad del gobierno de Maduro y exigen su renuncia; todos ellos, además, han descartado en el Grupo de Lima una intervención militar en Venezuela. Y luego, que los propios venezolanos (entre el 80% y el 90%, según las encuestas) piden la salida del dictador, no más tentativas de diálogo y apoyan a Guaidó como presidente de una transición a la democracia. Esto no se parece a las infames campañas de “cambio de régimen” que Estados Unidos y la OTAN han emprendido en Oriente Medio, sino más bien a una auténtica presión diplomática de la comunidad internacional para cercar y poner fin a un régimen que somete, masacra y hambrea a los venezolanos.
Cualquier política exterior mínimamente razonable debería condenar su existencia en el continente y exigir la salida de Maduro. Parece bastante claro de qué lado está la sensatez en este caso. Y dónde está el elefante, también. Basta con abrir los ojos para verlo