En medio de una situación de falta de liquidez por las restricciones argentinas que impactaban en el turismo y otros problemas de deudas que enfrentaba la empresa, LeadGate había tramitado con el Banco ING de Londres un préstamo vía fideicomiso de US$ 30 millones, con la garantía de la recaudación de Pluna en Brasil. Según se informó en el libro Pluna, la caja negra, producido por El Observador, el 9 de abril de 2012 en reunión de Directorio, se aprobó el único punto del orden del día del órgano: la emisión de los U$S 30 millones, con tasa del 9,75% y vencimiento en 2017, con el voto de los accionistas privados. En el acta respectiva se consignó que el presidente Fernando Passadore informó que iba a votar en contra fundamentándolo en la falta de tiempo para estudiar a fondo la documentación como para tomar responsablemente una decisión con el incremento del pasivo que generaba esta operación. Y el otro director, Ignacio Berti, argumentó falta de información para entender a qué necesidades afectaría ese monto de US$ 30 millones.
Esos argumentos, que trascendieron en la prensa, ocasionaron que senadores blancos encabezados por Carlos Moreira presentaran una denuncia penal por vaciamiento de Pluna SA ante el Juzgado de Crimen Organizado, que generó que el gerente del ING, le advirtiera a Campiani que el préstamo se había caído. Ante esa situación, Campiani le pidió al ministro de Economía, Fernando Lorenzo que se comunicara con el ING, a lo que el ministro se negó.
"O entregás las acciones o salís del país hecho tiritas"
Uno de los temas que llevó varias sesiones y requirió recopilar testimonios entre los miembros del Ciadi fue tratar de confirmar si efectivamente había existido la advertencia que había trascendido en el Portal de América que desde el gobierno le habían hecho al titular de LeadGate, Matías Campiani, para que Pluna volviera a manos del Estado y los socios privados se retiraran. El Ciadi concluyó que esa advertencia existió y también pesó en su decisión.
En junio había habido negociaciones con la canadiense Jazz para que capitalizara la empresa y se quedara con el 75% de las acciones pero ese consorcio declinó su interés, y el 5 de julio el gobierno decidió bajar cortina de la aerolínea "tras 76 años de existencia", como tituló El Observador. Como relató el libro Pluna, la caja negra, "el presidente Mujica, tan dado a las apariciones mediáticas, se llamó a silencio y fueron el vicepresidente Danilo Astori y los ministros Lorenzo y Pintado quienes dieron la cara y la voz ante los medios de comunicación e informaron".
El nuevo directorio pasaba a estar conformado por el director de Secretaría del MEF, Pedro Apezteguía, los tres directores de Pluna ente autónomo: Passadore (presidente), Berti (vicepresidente) y Daniel Delgado Sicco (representante del Partido Nacional) y se sumaban el director de la Secretaría del Ministerio de Transporte, Pablo Ferrer y el asesor de Pluna Ente Autónomo, Marcelo Alonso.
La amenaza de Ancap por el combustible
Otro hecho que tuvo en cuenta el tribunal internacional fue la amenaza de Ancap de interrumpir el suministro de combustible a Pluna en 2011 que derivó en una denuncia penal contra Campiani, por la que llegó a ser procesado por estafa y cumplir prisión en la cárcel de Campanero en Minas un año y medio.
Ya en 2009, Campiani había tenido un encontronazo con Raúl Sendic, entonces director de Ancap, ante una amenaza anterior de que le dejaría de entregar combustible. En esa reunión, en el despacho de Sendic, discutieron a los gritos.
Ahora Sendic había declarado desde Angola: “De Matías Campiani se va a ocupar la Justicia. Está comprobado que en la última etapa, cuando libraron cheques para Ancap, ya tenían preparado en la empresa que él dirigía un balance dando quiebra. Por lo tanto, él fue consciente de que no iba a poder cubrir los cheques que libró. O sea que ex profeso libró cheques sabiendo que no podía cubrirlos".
Mujica y el antecedente con Varig
Los integrantes del tribunal tuvieron en cuenta muchas de las declaraciones rimbombantes que hacía el entonces presidente Mujica, sobre todo una en la que relacionaba las pérdidas de Pluna con las que habían tenido antes con Varig y consideraron que todas esas afirmaciones generaron temor a posibles inversores.
En aquel momento en la audiencia radial que el presidente tenía en M24 afirmó: “Todos los gobiernos, todos, de los últimos 35 o 40 años, a pesar de sus diferencias, tuvieron algo en común: se aburrieron de perder plata con Pluna. Como consecuencia intentaron, cada cual como pudo, de acuerdo a su momento, a su circunstancia, paliar esa situación”, dijo y agregó: “Una cosa es cargar con los clavos de Pluna y otra con los clavos de Varig”, aseveró. “Si este fuera un negocio brillante, harían colas”, expresó y concluyó que para participar en la solución de Pluna “no sobran los interesados”.
Pintado y sus afirmaciones en el Parlamento
Entre el racconto de hechos que siguen en la sentencia, los árbitros apuntaron también a que, al tiempo que el presidente Mujica pintaba un panorama desolador sobre el futuro de Pluna, el ministro de Transporte Enrique Pintado le quitaba dramatismo a la situación.
“Si bien la prioridad la tiene Jazz, debemos decir que, por suerte, no es la única empresa interesada porque la situación actual de Pluna no es la misma por la que atravesó cuando Varig se fundió. Recuérdese que en ese momento la empresa heredó una situación de decadencia y desintegración. Ahora nos encontramos en otra situación: tenemos una empresa que, más allá de la situación coyuntural, cuenta con más pasajeros, más destinos y más aeronaves”, declaró Pintado en la Comisión de Transporte en actas que leyeron los árbitros y recogen en el fallo.
Para el Ciadi esas afirmaciones del ministro no fueron muy consistentes con lo que pasó después en Pluna. Además expresaron que los hilos de todo este tema fueron manejados directamente por el Poder Ejecutivo. De hecho, el tribunal afirmó que cada decisión tomada por un ministerio o un ente que intervenía, como el caso de Ancap, fue consultada previamente con el presidente Mujica y su círculo más íntimo.
El factor López Mena
El tribunal consideró que mientras el gobierno empujaba a los socios privados a retirarse negociaba con el empresario Juan Carlos López Mena una capitalización para que ingresara como accionista de Pluna. Y si bien en aquel momento el empresario lo desmintió quedó probado que fue así y que el entonces ministro de Economía había hablado con López Mena.
Fuentes del gobierno informaron entonces a El Observador que se hicieron incluso consultas jurídicas y legales dentro del Poder Ejecutivo para saber si existía riesgo de que se cayera en un monopolio en manos del empresario que en ese momento gestionaba la aerolínea BQB y la naviera Buquebus.
El trato del gobierno con Alas U
El tribunal consideró que luego de la caída de Pluna el gobierno le terminó dando a la fallida Alas U, una iniciativa que surgió de los trabajadores de la exPluna, todo lo que les había negado a la aerolínea de bandera cuando estaba en manos de los socios privados, en mayoría, y del Estado, en minoría.
Campiani había planteado al gobierno que los inversores estaban dispuestos a volver a invertir en Pluna con la condición de que se le diera el mismo trato fiscal que Uruguay le estaba dando a las empresas exportadoras y que el precio del combustible se alineara con el de otro países de la región.
Alas U, que quebró finalmente en 2017, había recibido de parte del gobierno a través del Fondo de Desarrollo (Fondes) un préstamo de US$ 15 millones, entre otros numerosos beneficios.
