Los senadores del Frente Amplio expresan en los pasillos del Parlamento su disposición a modificar el proyecto de responsabilidad penal empresarial dijeron a El Observador legisladores oficialistas y de oposición. El texto es criticado por las cámaras empresariales, lo rechazan los expertos laboralistas y ayer fue cuestionado por la Sociedad de Arquitectos en la comisión de Asuntos Laborales de la cámara alta. Lo defiende, incluso con movilizaciones callejeras, el PIT CNT que en todos sus actos lo incluye como reivindicación.
El senador Francisco Gallinal (Partido Nacional) dijo ayer a El Observador que en el Frente hay disposición para cambiar el proyecto pero “enfrenta una dura presión” de la central de trabajadores. Desde el Frente Amplio, el senador Enrique Rubio, comentó a El Observador que el proyecto será analizado el próximo lunes por la bancada de izquierda. El proyecto fue aprobado en Diputados el 6 de noviembre y en el Senado “no tiene por qué ser un trámite automático”, comentó Rubio.
La discusión está centrada básicamente en el artículo primero que establece que “el empleador o quien en su nombre ostente la dirección de la empresa y que no adopte los medios de resguardo y seguridad laboral, de forma que ponga en peligro grave y concreto la vida, la salud o la integridad física del trabajador, será castigado con tres a 24 meses de prisión”.
La bancada del Frente discutirá la figura del “peligro” así como el alcance del concepto “empleador”. Políticamente el proyecto fue impulsado por el Partido Comunista, el Partido Por la Victoria del Pueblo y el gremio de la construcción (Sunca) que es de los sectores que más accidentes registra. De hecho, el secretario general del Sunca, Oscar Andrade, ingresó al Parlamento como diputado comunista para votar el proyecto.
El senador Gallinal sostiene que el proyecto va camino a la inconstitucionalidad y propuso invitar a la comisión a la Suprema Corte de Justicia y catedráticos en derecho penal y laboral para ver si la norma colisiona contra otras ya existentes. Para el legislador, actualmente hay leyes que sancionan penalmente cuando ocurre un accidente fatal.
El ministro Eduardo Brenta, que fue el primero en recibir Asuntos Laborales, se mostró de acuerdo con recorrer ese camino pero se preguntó qué está ocurriendo con las leyes existentes que en los últimos cuatro años hubo más de 150 trabajadores muertos por accidentes de trabajo y casi ningún procesamiento por responsabilidad en esos hechos.
La comisión recibió ayer a la Sociedad de Arquitectos del Uruguay que presentó una batería de argumentos para expresar su oposición contraria a la ley que, de aprobarse, dejará expuesto a esos profesionales a denuncias penales por el delito de “peligro”.
Un informe de Carlos Castro Casas, asesor legal de la Sociedad de Arquitectos, expresó que la redacción de la norma es susceptible de alcanzar a los arquitectos incluso a los que no asuman formalmente como empleadores.
El PIT CNT apoya la ley y considera que es un avance sustancial aunque es consciente que con la norma no se terminarán los accidentes fatales o las lesiones graves en los trabajos.
Los representantes de los trabajadores estaban convocados ayer en la Comisión de Asuntos Laborales pero el atraso de la sesión, les impidió participar.
Fernando Pereira, coordinador de la central obrera, dijo ayer a El Observador que con esta norma el empresario que pone en riesgo la vida de un trabajador quedará expuesto a ser procesado y por eso cumplirá con las medidas de prevención. “El mensaje es también para que ningún trabajador acepte un contrato donde su salud o su vida estén en juego. En este tema, tanto el gobierno, como los empresarios y los trabajadores deberían hacer una campaña pública de información”, comentó Pereira.
