El gobierno de España busca endurecer la ley contra los agresores sexuales

Desde su entrada en vigor en octubre, unos 20 condenados fueron excarcelados y otros 300 recibieron rebajas en sus penas, según medios españoles, por lo que el Ejecutivo del socialista Pedro Sánchez pretende realizar ajustes en el texto.

"En los próximos días presentaremos esta proposición de ley que, por supuesto, va a ser un texto serio, riguroso y que dé respuesta y solución a esos efectos indeseados que se produjeron, y que evidentemente no queremos que se repitan", afirmó la ministra de Educación, Pilar Alegría, que es también la portavoz del Partido Socialista.

"Lógicamente, la fórmula para retocar puntualmente esos efectos indeseados se va a sustanciar en un aumento de las penas de los agresores sexuales", agregó ante los periodistas.

El antecedente de “La Manada”

La polémica estalló en noviembre, seis semanas después de que entrara en vigor la conocida como ley del "sólo sí es sí", para considerar toda actividad sexual sin consentimiento explícito como una agresión, en respuesta al sonado caso de la violación grupal de La Manada a una joven en 2016.

El caso de La Manada es el nombre por el que se conocen los sucesos relacionados con un caso de violación acaecidos en Pamplona, en la madrugada del 7 de julio de 2016, durante las fiestas de San Fermín, cuando un grupo de cinco hombres violó a una joven de dieciocho años en un portal en el centro de la capital navarra. La víctima denunció a los agresores.

El caso, que se consideró en dos tribunales de Navarra –Audiencia Provincial y Tribunal Superior de Navarra– como un abuso sexual, tuvo una importante cobertura mediática y en redes sociales.

También movilizó a gran parte de la población española que se manifestó en desacuerdo con las sentencias. El caso fue finalmente revisado y sentenciado por el Tribunal Supremo, que lo consideró una violación.

El nuevo proyecto

Ahora, el nuevo texto elaborado por el gobierno español endureció el arsenal jurídico contra las violaciones eliminando los "abusos", más leves, e integrando todos los delitos sexuales en la categoría de "agresiones".

Pero la normativa redujo las penas mínimas y máximas para algunos casos, lo que llevó a muchos condenados a pedir una revisión de la sentencia, toda vez que en España se pueden aplicar retroactivamente las nuevas leyes si benefician al reo.

En los últimos días, los rumores sobre el deseo del gobierno de hacer las modificaciones dispararon la tensión con el socio minoritario en la coalición en el poder, Podemos, que abanderó la ley.

Al mismo tiempo, la principal formación de oposición, el Partido Popular (PP, de derecha), inflamó la polémica al ofrecer a los socialistas apoyo parlamentario para modificar la ley sin tener que contar con sus socios.

Pero Irene Montero, ministra de Igualdad y miembro de Podemos, rechazó cualquier posibilidad de retroceder y prometió hacer "todo lo necesario" para garantizar que el consentimiento siga estando en el núcleo de la normativa.

En la misma línea se expresó la líder de su partido, Ione Belarra, en la mañana de este lunes.

"El consentimiento tiene que seguir en el centro del código penal. No podemos volver al calvario probatorio de demostrar que nos resistimos lo suficiente o que no habíamos bebido", escribió en Twitter Belarra, quien es ministra de Derechos Sociales.

Los ministros socialistas insistieron, sin embargo, en que los cambios tratarán de subsanar los efectos indeseados, pero que no afectarán a la cuestión del consentimiento.

"La corrección y la modificación que se produzca de la ley del 'sólo sí es sí' es para evitar que en el futuro se produzcan efectos indeseados", aseguró ante los periodistas el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, quien garantizó que el texto seguirá "manteniendo el consentimiento en el centro del régimen penal de las agresiones sexuales para evitar que las mujeres tengan un calvario probatorio en los juicios".

Hasta la entrada en vigor de la ley, las víctimas de violación debían probar que habían sido sometidas a violencia o intimidación, ya que sin esas condiciones el delito era considerado abuso y no agresión sexual, con penas más leves.

(Con información de agencias)