El oficialismo mexicano aprobó una reforma electoral que la oposición tildó de "atentado" a la democracia

El proyecto, que ya recibió luz verde de la Cámara de Diputados y en consecuencia quedó listo para la promulgación del Ejecutivo, fue aprobado con el voto positivo de 72 senadores del partido oficialista Morena y sus aliados y 50 votos en contra, según consigna la agencia de noticias AFP.

Según la oposición, los recortes de personal y presupuestario afectarán la autonomía del organismo, que también verá limitadas sus facultades para penalizar a los políticos por infracciones electorales, por ejemplo, en lo relativo a la propaganda gubernamental en época de proselitismo.

Desde el oficialismo, en cambio, el senador Félix Salgado, del partido gobernante Morena, afirmó que la oposición “se resiste a que se ponga fin a los privilegios y al derroche" del INE, al tiempo que aseguró que el organismo “avaló fraudes de Estado".

La bancada opositora, en tanto, anunció que recurrirá a la Suprema Corte de Justicia para impugnar algunos artículos de la norma que considera le darían ventajas al gobierno de izquierda en las elecciones generales previstas para mediados de 2024.

Para hacerlo cuenta con 30 días, en un contexto en el que el máximo tribunal ya ordenó la suspensión de otras reformas electorales impulsadas por López Obrador y previamente aprobadas por los bloques oficialistas en el Congreso y que debían aplicarse en los comicios distritales a celebrarse en junio próximo en los estados de México y Coahuila.

“Esta reforma atenta contra la democracia y es el camino hacia el autoritarismo. Es en la Corte donde se resolverá este atropello histórico a nuestra Constitución", sostuvo Josefina Vázquez Mota, senadora y excandidata presidencial del derechista Partido Acción Nacional (PAN).

El debate, enfatizan los analistas locales, está marcado, más allá de las cuestiones técnicas sobre el rol del INE, por las referencias al exsecretario de Seguridad Genaro García Luna, hallado culpable de narcotráfico esta semana en los Estados Unidos, y por reclamos para que también sea detenido y enjuiciado por los mismos delitos el expresidente Felipe Calderón (2006-2012), del PAN, de quien García Luna fuera un estrecho colaborador.

En lo inmediato, la iniciativa de López Obrador aprobada por el Congreso modifica leyes secundarias y fue denominada por el oficialismo como un "plan B", luego de que el año pasado Morena fracasara en su intento por aprobar una propuesta que modificaba la Constitución, pero que requería el voto de dos tercios del Congreso.

La pulseada también se juega en las calles. La oposición convocó a una manifestación para el próximo domingo en Ciudad de México y otras localidades para protestar contra la reforma electoral bajo el lema #MiVotoNoSeToca en momentos en que la popularidad de López Obrador ronda el 60%, pero carece de posibilidades legales para presentarse a la reelección.