Opinión > Editorial

El papel del MEC

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03 de febrero de 2020 a las 05:00

El anteproyecto de ley de declaratoria de urgente consideración, propuesto por el presidente electo, Luis Lacalle Pou, que analizan los partidos políticos, contiene artículos con los que compartimos su filosofía liberal de encuadrar mejor la institucionalidad político-administrativa del Estado. No hay una gobernanza adecuada cuando se confunden los papeles de juez y parte que siempre deben correr por distintos andariveles.

Las nuevas funciones previstas para la Unidad Reguladora de Energía y Agua (Ursea), en el marco del plan que libera la importación y producción de combustibles, es un buen ejemplo de ello.Y también la iniciativa contenida en el proyecto mencionado, en el artículo 120, literal M, que transfiere al Ministerio de Educación y Cultura (MEC) “los procesos de reconocimiento y reválida de diplomas, títulos y certificados extranjeros habilitantes para el ejercicio profesional”, hoy a cargo de la Universidad de la República (Udelar). 

El futuro ministro de Educación, Pablo da Silveira, explicó que la tarea de reválidas de títulos extranjeros es una responsabilidad del gobierno central. Dijo que Uruguay está “en una situación poco frecuente en el mundo”, ya que lo habitual es que sea el Poder Ejecutivo quien tenga las prerrogativas de reconocer o no los certificados de estudios extranjeros. 

“Hoy en día existen muchos acuerdos internacionales en materia de reválidas y los firman los gobiernos, no una universidad en particular. Son los gobiernos los que se obligan a cumplir con ciertas exigencias y a seguir ciertos procesos”, insistió en declaraciones a la prensa, luego de una reunión con el rector de la Udelar, Rodrigo Arim, y el nominado presidente del Consejo Directivo Central (Codicen) de la ANEP, Robert Silva, el 29 de enero. También dijo que se busca agilizar los trámites de las reválidas. 

La Udelar, con raíces en el siglo XIX, se rige por una ley orgánica de 1959 que le confirió un estatus de autonomía y de una gestión de cogobierno, con representación de los tres órdenes universitarios (docentes, estudiantes y egresados), más los decanos de las facultades y un rector que es elegido por la comunidad universitaria.

Desde entonces y hasta 1985, tuvo el monopolio de los estudios superiores, un privilegio que ha ido perdiendo en la medida que se han habilitado y fortalecido diversas universidades privadas, que le confirió ciertas potestades en tareas de control. 

Hoy la Udelar, como presenta en su página web, es la principal institución de educación superior y de investigación del Uruguay, pero no es la única.

Y como un actor más del sistema universitario, no debería tener una potestad legal en asuntos en que notoriamente es juez y parte, lo que deriva en un contraproducente conflicto de interés.

Quizá por ello, las reacciones del propio rector Arim y de la actual titular del MEC, María Julia Muñoz, a la propuesta del gobierno electo, ha sido crítica, pero no con argumentos de fondo. A ambos jerarcas les preocupa que la cartera de Educación no tenga la infraestructura mínima para cumplir la tarea a cabalidad.

El tiempo dirá si el MEC cumplirá o no con la función propuesta. Pero no hay ninguna duda de que está en sintonía con el cambio que tuvo el país en el sistema universitario en los últimos 34 años. 

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