El Frente Amplio decidió, esta semana, realizar la primera interpelación a un ministro en este nuevo rol de oposición que ocupa desde el 1° de marzo. Si bien en el terreno de la seguridad siempre hay espacio para la discusión y el debate, la izquierda incursiona en un asunto muy difícil para una coalición que gobernó durante 15 años y se fue con una muy mala evaluación en ese aspecto.
Diego Battiste
6 de noviembre de 2020 15:20 hs
A la vez, el nuevo gobierno logró sintonizar con una buena parte de la ciudadanía que pedía más firmeza contra el crimen. Y si bien los logros que Jorge Larrañaga tiene para mostrar –que los hay porque bajaron los hurtos y las rapiñas aunque no los homicidios– están bajo el manto de duda por cómo incidieron la pandemia y el confinamiento, logró comunicarlos muy bien y hay una percepción de cambio.
Habrá que esperar y ver qué tan ciertos son esos cambios y qué incidencia tienen. Pero en un contexto atípico por la pandemia, la seguridad ya no es de las principales preocupaciones marcadas por la ciudadanía, como explica este trabajo de Opción publicado en El País.
Si bien quien más fogoneó el llamado a sala de Larrañaga fue el senador y exnúmero tres del Ministerio del Interior, Charles Carrera, es todo un gesto que el interpelante sea Enrique Rubio. De esa manera el FA parece querer evitar que la interpelación sea sobre el anterior período en vez del actual. Con Carrera enfrente, Larrañaga podría tirarle todos los malos indicadores de seguridad de los últimos años y hacerle una contrainterpelación.
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El FA venía amagando con realizar esta interpelación desde hacía varias semanas, pero dos episodios lo precipitaron. En primer lugar, la renuncia del jefe de Policía de Montevideo, Erode Ruiz. Luego, la represión policial realizada en varios puntos del país para dispersar aglomeraciones, en particular lo ocurrido el pasado fin de semana en la plaza Líber Seregni.
Ambos casos son muy discutibles, pero por lo menos le dan a la izquierda argumentos más fuertes para ir a una discusión parlamentaria en un tema tan sensible y complejo, en el que no la tiene nada fácil.
Camilo dos Santos
Es verdad que la salida de Ruiz fue polémica. Tanto el ministro como el FA tienen buenos argumentos para discutir ese asunto. En una fuerza vertical como lo es la Policía, no puede suceder que la cabeza esté desalineada con un subalterno. No puede pasar que un jefe de Policía no le diga al ministro que se reunió o se va a reunir con quien iba a ser el ministro si ganaba el partido rival. En el pasado la izquierda actuó igual ante una situación muy similar en otra fuerza vertical como es el Ejército.
Pero el FA también tiene hechos de los que agarrarse para criticar al gobierno por la decisión. El ministro puede quedar para buena parte de la población como alguien que no quiere apostar al diálogo o a recibir información y aportes de la oposición. Si bien Larrañaga tiene un historial bastante largo que le permite refutar esa idea, en los meses que lleva como ministro se ha vuelto mucho más combativo con la izquierda y la anterior administración, de lo que era en el Parlamento cuando se iba a tomar unos mates bastante seguido con el entonces presidente, José Mujica.
En el caso de la represión policial también ambas partes tienen argumentos. El Frente Amplio cuestiona la selectividad y la discrecionalidad al momento de dispersar aglomeraciones. Además critica la violencia en algunos casos. Por ahora no hay pruebas ni decisiones judiciales que avalen estas acusaciones, pero el caso de la plaza Líber Seregni está a estudio de la Fiscalía.
El gobierno tiene un argumento muy poderoso para defender estos operativos: la salud pública. Hasta ahora, el covid-19 no se ha descontrolado gracias a que los uruguayos han actuado con responsabilidad, pero algunas fiestas o aglomeraciones multitudinarias pueden complicar la situación.
Pero más allá de la interpelación en sí, ¿qué hay de fondo en esta disputa por la seguridad? Para el FA, por un lado, está la defensa del legado. La izquierda sabe que una de las razones de su derrota está allí y necesita reivindicar que la inseguridad no es un asunto fácil de resolver. Marcar errores o problemas del actual gobierno lo puede ayudar.
El otro elemento que está por detrás es de mediano plazo: el referéndum para tirar abajo algunos artículos de la ley de urgente consideración (LUC) está pensado como una herramienta para debilitar al gobierno cuando, estiman, no esté tan fuerte como ahora.
Hoy se cumple un mes desde la Mesa Representativa en la que el PIT-CNT resolvió empezar a juntar firmas contra la LUC y dos semanas desde que el FA decidió apoyar esa iniciativa. Sin embargo, no se sabe aún qué artículos de la ley intentarán derribar. ¿Se animarán a incluir los artículos sobre la seguridad? Es probable que algunos sí, pero no todos. Sin dudas esa decisión es un arma de doble filo.
Cosse: pragmática y negociadora, sin miedo a chocar con el FA
Leonardo Carreño
La futura intendenta de Montevideo y el presidente acordaron tener una línea directa. Luis Lacalle Pou le dijo a Carolina Cosse que cada vez que tenga un asunto lo negocie directamente con él, sin intermediarios, para evitar teléfonos descompuestos. Ese gesto ya tuvo su primer logro, esta semana.
Cosse acordó con el Frente Amplio primero y con el gobierno después una fórmula que permite que el control de la Unidad Agroalimentaria Metropolitana (UAM) sea compartido entre la intendencia y el Poder Ejecutivo. Todos los detalles de eso los encontrás en esta nota del martes en la que te anunciamos la noticia y en esta otra de hoy.
¿Qué lectura deja este episodio? En primer lugar, muestra cómo es posible el diálogo entre los partidos políticos para llegar a acuerdos. Es un símbolo de madurez fuerte del sistema político.
En segundo lugar, es un gesto que también habla muy bien de Cosse. La aleja de esa posición de líder política dura o inflexible para colocarla en una posición más pragmática y negociadora.
Cosse logró con esta negociación mover al Frente Amplio, que sí se mostraba inflexible. En la discusión en el Senado, Carrera había exigido que se quitaran los artículos sobre la UAM de la ley de Presupuesto y el intendente actual, Christian di Candia, pretendía hacer la mudanza el 20 de noviembre, algo que Cosse logró modificar y ahora pretende fijar para febrero.
La cancillería: un área donde el gobierno no da pie con bola
Luego de la tormentosa salida del excanciller, Ernesto Talvi, parecía que la llegada de Francisco Bustillo iba a traer un poco de paz al Palacio Santos. Nada más lejos. Como te conté la semana pasada, dos episodios de votación complicadas en organismos internacionales le generaron un dolor de cabeza al presidente. Las votaciones sobre Israel y Venezuela demostraron que, si bien el alineamiento entre canciller y mandatario es total –a diferencia de lo que pasaba con Talvi–, la falta de una presencia fuerte de Bustillo en la siempre complicada interna de Cancillería suma todavía más entrevero.
Esta semana quedaron expuestos los problemas que tenía el ministro puertas adentro. Bustillo ha dejado en el freezer a algunos diplomáticos vinculados con las administraciones de Rodolfo Nin Novoa y de Talvi. Pero el caso más fuerte se dio esta semana cuando decidió remover a la embajadora que estaba a cargo por Uruguay de las negociaciones entre la Unión Europea y el Mercosur. Además de la alta valoración que existe en los distintos partidos y en ámbitos regionales sobre Valeria Csukasi como diplomática, el cambio se da en un momento clave: mientras Uruguay preside el bloque regional y tiene el peso de la negociación sobre sus hombros.
Bustillo ha manejado el reparto de cargos en la Cancillería privilegiando a personas de su confianza. Removió a siete directores generales y todos los sustitutos son allegados a él, como cuenta Santiago Soravilla en esta nota. A la vez, le dio un poder inusitado a su jefe de gabinete, Fernando López Fabregat, quien, por momentos, parece el ministro por todas las responsabilidades que asume.
Soy Gonzalo Ferreira, editor jefe de El Observador. Podés escribirme a este mail por sugerencias y comentarios.