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El problema del abigeato
El robo de ganado es un viejo problema que se remonta al origen de la patria, pero que desde hace un tiempo tiene un rostro diferente que es necesario combatir con firmeza.
Antiguamente los cuatreros mataban para alimentarse y, por el lujo de la abundancia, dejaban restos del ganado desperdigados en los campos para el festín de otros animales.
Pero esa conducta de comportamiento social de sobrevivencia, que se extendió con altibajos hasta el siglo XX, se ha convertido en otro fenómeno de tipo económico: el abigeato hoy es un negocio muy lucrativo que golpea a uno de los sectores más competitivos del país.
El robo aislado de una vaca o una oveja para comer es un hecho delictivo; pero lo es mucho más cuando estamos ante organizaciones ilícitas que actúan a modo de saqueo.
El robo de ganado aumentó 29% en el primer semestre de 2019, en comparación al mismo período del año anterior, informó El País en setiembre pasado. Y no se trató de acciones delictivas por hambre, sino movidas por grandes organizaciones que “llegaron a vaciar una reserva de 70 animales”.
El jueves 9, el futuro ministro de Ganadería, Carlos María Uriarte, del gobierno entrante, dijo que actualmente “es negocio robar” en el campo.
“Es más fácil robar porque los animales valen, la carne vale y es más fácil robar que trabajar”.
Es por eso que se mostró partidario de agravar las penas por abigeato ante el fracaso del gobierno actual y, en parte, por la actitud de la Justicia ante el problema.
El abigeato es un delito difícil de combatir por la ganadería extensiva del país. Los animales pastan en libertad y se mueven en campos extendidos lo que complica la tarea de seguridad.
Una explotación ganadera de esas características le proporciona al país una gran ventaja comparativa en los mercados internacionales, pero representa una debilidad en el control del ganado. “Hay veces que los ganaderos no descubren el robo durante días o semanas, por lo que la policía tampoco puede llegar a tiempo”, explicó el experto en seguridad Diego Sanjurjo en una columna publicada en El Observador en marzo pasado.
Los productores rurales están más atentos que en el pasado y se han aprobado leyes más duras para el combate del abigeato, pero han sido insuficientes.
El gobierno que Luis Lacalle Pou encabezará desde el 1° de marzo se ha comprometido a tomar medidas más duras que incluyen un rediseño institucional policial.
En ese sentido, el ministro designado del Interior, Jorge Larrañaga, anunció el miércoles 8 que se creará en su futura cartera una dirección nacional de seguridad rural, que trabajará en coordinación con los ministerios de Defensa y de Ganadería, Agricultura y Pesca, y organismos como el Instituto Nacional de Carnes, para combatir el abigeato.
Larrañaga informó también que se está analizando incluir en la ley de urgente consideración que presentará el futuro Poder Ejecutivo una ampliación de la legítima defensa, para que abarque no sólo al establecimiento agropecuario que se usa como residencia sino también a “zonas vinculadas” a ese predio rural.
El campo es hoy nuestra principal fortaleza económica y la seguridad del sector agropecuario debería ser un asunto prioritario. Bienvenidas las iniciativas del próximo gobierno en esta materia.
