El Senado norteamericano busca derogar la norma que permitió la invasión a Irak hace veinte años

Las estimaciones de expertos académicos sobre el costo monetario a largo plazo de la guerra para los Estados Unidos, que abarcan desde la munición consumida hasta la atención médica para veteranos discapacitados, son del orden de US$ 2 billones.

Los costos humanos incluyeron más de 4.400 militares estadounidenses muertos y otros 32.000 heridos, muchos de ellos de gravedad. Los costos humanos para civiles iraquíes fueron mucho más altos, incluidos unos 275.000/306.000 muertos como resultado directo de la violencia relacionada con la guerra, mientras que se estiman en más de 30.000 los soldados y milicianos iraquíes muertos. Estos eran algunos de los iraquíes cuya "liberación" se suponía que era un objetivo de la guerra. Los iraquíes que sobrevivieron se deshicieron de un dictador, pero quedaron con una infraestructura devastada y un país inestable asolado por la guerra civil y la insurgencia.

Por increíble que parezca, dada la magnitud y las consecuencias de la Guerra de Irak, la decisión de lanzarla no estuvo precedida por ningún proceso político. Hubo discusiones dentro de la administración sobre cómo “vender” la guerra, y algunas sobre cómo implementarla, pero nunca hubo una reunión del Consejo de Seguridad Nacional, un documento de opciones de políticas o cualquier otra cosa en el camino de un proceso de políticas que abordara si comenzar la guerra constituía una buena decisión.

Por lo tanto, no había ningún mecanismo para incluir en un proceso de toma de decisiones todas las consideraciones y análisis, incluidas las que proporcionó la comunidad de inteligencia, que evaluaron las probables consecuencias y constituyeron una buena razón para concluir que invadir era una mala idea.

A veinte años del comienzo de la invasión, el Senado norteamericano avanza con el proceso de votación de una propuesta para derogar las autorizaciones legales obsoletas para las guerras de los Estados Unidos en Irak. Es principalmente simbólico, pero tiene algunas implicaciones en el mundo real.

Este jueves, el Senado realizó una votación de procedimiento en el Comité de Relaciones Exteriores para derogar las autorizaciones de 2002 y 1991 para el uso de la fuerza militar en Irak y se aceptó por 68 votos contra 27 como paso previo a su consideración en el recinto.

El presidente Biden apoya la derogación, pero la medida tiene un camino difícil por delante en la Cámara de Representantes.

Es importante que los legisladores eliminen una parte del andamiaje de las guerras de los Estados Unidos en el Medio Oriente y prohíban el abuso de la legislación por parte de un futuro presidente. También muestra que el Congreso está dispuesto a ejercer sus poderes constitucionales cuando se trata de una guerra. El esfuerzo bipartidista es encomiable, pero según algunos legisladores, insuficiente.

El senador republicano por Kentucky Randall “Rand” Paul, en un artículo para Responsible Statecraft dijo que “sin nos limitamos a derogar la autorización para la guerra de Irak, nada cambiará”.

Según Paul, se necesitaría “derogar también la Autorización para la guerra en Afganistán. La autorización de 2001 para llevar ante la justicia a los terroristas del 11 de septiembre estaba justificada, pero al igual que la Guerra de Irak, la Guerra de Afganistán terminó hace mucho tiempo, pero su autorización permanece en los libros”.

En su texto, Paul destaca que “decidir cuándo y dónde ir a la guerra es tarea del Congreso. El presidente tiene autoridad para ejecutar la guerra, pero no para iniciarla. James Madison escribió que el poder ejecutivo era el más propenso a ir a la guerra y, por lo tanto, la Constitución confirió ese poder a la legislatura”.

“Los presidentes de ambos partidos abusaron de la autorización del 11 de septiembre para llevarnos a la guerra en Irak, Siria, Yemen, Somalia, Libia y Níger, entre otros”, agregó.

Según el senador, revocar la autorización para la Guerra de Irak es un paso en la dirección correcta, pero habría que tener en cuenta que la administración Biden no se opone a su derogación porque los Estados Unidos no depende de forma independiente de ella para las actividades militares en curso.

En otras palabras, no lo necesitan. Se puede revocar la autorización de la Guerra de Irak y nada cambiará. La decisión de dónde y cuándo ir a la guerra seguirá dependiendo únicamente de la voluntad del Ejecutivo.

Paul afirma que todos los presidentes recientes reclamaron poderes de guerra ilimitados bajo el Artículo II de la Constitución y utilizaron la autorización del 11 de septiembre de 2001 para justificar guerras en al menos 19 países.

Pero la Autorización para el uso de la fuerza militar (AUMF) del 11 de septiembre autorizaba la fuerza sólo contra aquellos que “planificaron, autorizaron, cometieron o ayudaron en los ataques terroristas que ocurrieron el 11 de septiembre de 2001, o albergaron a tales organizaciones o personas”. No autorizaba en absoluto una guerra global contra el terrorismo o contra islamistas radicales.

A lo largo de los años, creció la definición de qué grupos están cubiertos por esta AUMF. Con el tiempo, se dijo que la AUMF del 11 de septiembre de 2001, sin autorización del Congreso, cubría las "fuerzas asociadas", lo que significa que el presidente podía reclamar la autoridad para ir a la guerra contra cualquier grupo, sin importar cuán fuerte o tenue fuera la relación con su participación en el 11 de septiembre.

Paul afirma que “nuestro trabajo no es sólo dar un visto bueno del Congreso a la guerra. El trabajo importante del Congreso es determinar dónde y cuándo enviamos a nuestros hijos e hijas a luchar”.

“La guerra a veces es necesaria, pero ir a la guerra no debe ser la decisión de una sola persona. Poner fin a la autorización del Congreso para la Guerra de Irak y la Guerra de Afganistán devuelve el poder de guerra al pueblo estadounidense y sus representantes”, destacó el senador Paul.

(VOX, APnews, Responsible Statecraft)