Opinión > ANÁLISIS - CLAUDIO ROMANOFF

El sistema jubilatorio y una reforma con el agua al cuello

El sistema jubilatorio necesita subir la edad de retiro para mantener las prestaciones, algo esencialmente impopular
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02 de septiembre de 2017 a las 05:00
Apenas 21 años después de una reforma jubilatoria que buscó salvar al sistema del colapso, la sustentabilidad del actual régimen mixto vuelve a ponerse en tela de juicio. Ello quiere decir que sin una nueva modificación, en poco tiempo el gobierno no podrá financiar las jubilaciones, simplemente porque el costo será insostenible. Y al partido político que le toque lidiar con eso, simplemente le tocará. Y la tónica de los cambios es muy impopular.

El Estado uruguayo impone a los ciudadanos un ahorro forzoso del 15% de sus salarios con destino a la jubilación. Ese dinero –junto al 7,5% que cada empresario aporta por sus empleados– va a la bolsa común del BPS. Pero a partir del entorno de los $ 50.000 se reparten con una AFAP a elección del usuario. Quienes ganan cifras superiores a los $ 150.000 ya no aportan, pero si tienen multiempleo reciben una devolución en efectivo.

El primer tramo en el que reina el BPS es el régimen de reparto, llamado "solidario" por los enemigos de los sistemas de ahorro y por quienes se arrogan el derecho de definir cuanto tendrá cada uruguayo al final de su vida laboral.

En esa bolsa se financian, jubilaciones legítimas y –cada vez menos– ilegítimas, pensiones y otras prestaciones sociales necesarias para evitar niveles de indigencia. En el BPS no existen portafolios de inversión con los aportes como los fabrican las AFAP. Cada peso recibido se destina a una canasta de valores uruguayos, sujeta a regulación del Banco Central. El Estado impone a estos fondos restricciones para invertir en el exterior que hoy dañan a los clientes, los futuros jubilados, cuyos ahorros no pueden aplicarse a ciertas clases de activos que traccionan los portafolios, caso de las acciones.

No se traga de jugar a la ruleta, pero al menos el regulador podría autorizar la compra de instrumentos que reproducen los distintos mercados en su totalidad, caso de las 500 empresas de mayor capitalización de Estados Unidos y similares. Más allá de virtudes y defectos el sistema funciona así: en el régimen general a partir de los 60 años con 30 de trabajo el BPS paga una jubilación equivalente a alrededor del 45% del sueldo en actividad. A medida que el trabajador permanece activo recibe más dinero, aunque con un tope. La AFAP completa el haber de retiro de acuerdo a los ahorros generados con la inversión de los aportes. Esa renta vitalicia se paga a través del Banco de Seguros.

Este régimen mixto se instaló en 1996 a propuesta del gobierno del entonces presidente Julio Sanguinetti y fue votado por el Partido Nacional y el Nuevo Espacio. El Frente la rechazó y los coletazos de esa decisión todavía se sienten en el discurso político anti AFAP de nutridos colectivos militantes, entre ellos el sindical.

El argumento de aquel entonces fue, básicamente, que la relación activo pasivo era de casi 1/1 y que ello comprometía el pago de las jubilaciones en el corto plazo. El clientelismo de las costureras que no tocaron una aguja y otros favores políticos hicieron detonar el sistema.

La reforma de 1996 trajo un poco más de claridad aunque el resultado es un frankestein de dos cabezas con una que invierte y paga según los ahorros y otra que reparte un fondo común. Ese fondo está desfinanciado ya que el BPS todavía arrastra un abultado déficit, equivalente a unos 8 puntos de la recaudación del IVA.

El asunto que pone en jaque al sistema es demográfico. La expectativa de vida es cada vez mayor, en promedio de 75 años y en ascenso, lo cual significa pagar jubilaciones por más tiempo. Se calcula una sobrevida de entre 20 y 25 años, pasados los 65. Y como el tamaño de la bolsa es finito, algo hay que hacer.

El programa del Frente Amplio alude a la necesidad de estudiar una modificación de la edad de retiro y en ello coinciden blanco s y colorados, pero nadie quiere ponerlo entre las prioridades.

De hecho, subir la edad jubilatoria de 60 a 65 años va en línea con la edad promedio de retiro, que ronda los 63 años. La población mayor a 65 es, aproximadamente, el 14% del total pero el Banco Mundial cree que llegará al 30% en 2030. Por eso el ministro de Economía, Danilo Astori, cree necesaria una reforma "imprescindible" antes de esa fecha.

El tema del retiro es una cosa muy seria. Lo mejor es ahorrar desde muy temprano para que el interés compuesto haga lo suyo en el largo plazo. Para el sistema es inevitable un sacudón. Subir la edad para mantener las prestaciones es difícil de digerir y el precio político de remar en contra de los jubilados es alto. Jorge Batlle lo pagó en 1989 cuando se opuso al plebiscito que garantizó reajustes de pasividades según la variación del Índice Medio de Salarios.

Entonces, la perspectiva es que inevitablemente habrá una nueva reforma.
Eso sí, como siempre, será con el agua al cuello.

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