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"El tema de los asentamientos no se va a resolver con US$ 15 o US$ 18 millones anuales", cuestionó el presidente de Colonización
El presidente del Instituto Nacional de Colonización, Julio Cesar Cardozo, se refirió este martes a la decisión del gobierno de quitarle recursos al organismo para crear un fideicomiso para programas que trabajen en la erradicación de los asentamientos. "No puedo decir que no porque es un tema muy sensible, pero todos sabemos que el tema de los asentamientos no se va a resolver con US$ 15 o US$ 18 millones anuales", cuestionó el funcionario en diálogo con Informativo Sarandí.
Cardozo aseguró que "por más que diga" que no "está de acuerdo" con la decisión, es un tema que deberá resolverse en el Parlamento y que, por lo tanto, tendrá que "buscar otras formas formas de financiamiento". A su vez, señaló que el monto destinado a comprar tierras que ahora será reasignado no se había usado en este período de gobierno por pedido de Presidencia. "Ese dinero no lo estábamos usando y veremos si (la reasignación) es permanente o si vuelve al instituto", sostuvo.
Cardozo dijo que el principal ingreso del instituto se da por el arrendamiento de tierras. "Los colonos pagan por tener esas tierras y eso nos permite a nosotros tener muy tranquilos el compromiso anual de funcionamiento interno del instituto, y todavía nos queda dinero para inversiones. Es decir, tenemos un ingreso propio previsto de unos US$ 14 millones, de los cuales nos quedan unos US$ 5 millones libres, y por otro lado Rentas Generales nos asegura $ 100 millones todos los años. Después tenemos que pensar en ventas de terrenos o la posibilidad de que el colono que ha mejorado su vida compre su fracción de tierra y que nos permita a nosotros tener ese dinero y volcarlo", afirmó.
Tal como informó El Observador el 29 de junio, el presidente Luis Lacalle Pou reunió el jueves 24 a los líderes de la coalición para informarles de esta decisión. En una reunión reservada en la residencia de Suárez, el mandatario les anunció que crearía un fideicomiso y que los fondos saldrían del dinero que Colonización utiliza para comprar tierras. Dos días después lo hizo público a través de su cuenta de Twitter.
“Me parece muy bien que se busquen recursos para resolver el tema de los asentamientos. Pero no es por la vía de sacarle el último recurso que tenía el instituto para comprar tierras”, dijo a El Observador Andrés Berterreche (MPP), director en representación del FA en Colonización.
Para Berterreche, que dirigió el organismo durante el gobierno de José Mujica, esta decisión es darle un “tiro de gracia” en la faceta de “herramienta para el desarrollo”.
Además, aseguró que no es la primera decisión de este gobierno que perjudica al organismo que administra las tierras y recordó algunos artículos de la ley de urgente consideración (LUC). En el Presupuesto, además, Colonización también tuvo un recorte ya que se topeó la cantidad de dinero que puede recibir mediante uno de los mecanismos con los que se financia para comprar tierras (el Impuesto a las Transmisiones Patrimoniales).
En el mismo sentido se expresó el diputado frenteamplista Daniel Caggiani. El legislador aseguró que el “acceso a la tierra y la vivienda” es un “problema serio y estructural” que no se “soluciona con curitas ni vistiendo un santo para desvestir a otro”.
Caggiani dijo que con esta decisión se enfrenta a los “pobres del campo con la ciudad”, según escribió en su cuenta de Twitter.
Quien defendió la medida adoptada por el gobierno fue el senador blanco Sebastián Da Silva: “Es inteligente tomar esos fondos provenientes de un impuesto inocuo y destinarlo a gente con mayores necesidades”, aseguró en diálogo con El Observador.
El dinero que se redirigirá saldrá del impuesto a la renta por la venta de inmuebles rurales. Ese gravamen se cobra por el sobreprecio por el que se venden los campos. Es decir, si se compró a 100 y se vende a 1.000, lo que se grava es la diferencia.
El adicional del Impuesto a las Transmisiones Patrimoniales, que también financia a Colonización para la compra de nuevas tierras, también se redirigirá, aunque son menos recursos que con el mecanismo anterior. En total, se estima que serán unos US$ 20 millones anuales.
La Asociación de Funcionarios del organismo había cuestionado la decisión del gobierno. “Quitar estos recursos de la órbita del INC anula las posibilidades de aumentar la cartera de tierras y, por lo tanto, extirpa al Estado la principal herramienta para generar desarrollo real y sustentable, aumentando el proceso de éxodo rural”, dijo en un comunicado.
Los funcionarios agregaron que es necesario atender la situación de los asentamientos, pero entienden que “hacerlo a costa de la política de tierras es atacar las consecuencias del problema agravando las causas”.
