El video del INAU, una fiscal de brazo gordo y los derechos amarrocados

Los apresaron con dureza, como suelen apresar los carceleros a los detenidos rebeldes, pero a un par de funcionarios se les fue la mano y les dieron golpes a los muchachos una vez que estos estaban esposados "amarrocados" en la jerga tumbera, y en el piso boca abajo.

Exdirectores del INAU, abogados defensores de menores, jueces de menores, políticos, exinternos, en suma, todo aquel que conozca un poco la historia del INAU y su peripecia cotidiana puede mensurar que la acción violenta que se ve en el video es la nada comparada con otras situaciones que son moneda corriente en la relación entre "brazos gordos" e internos privados de libertad.

Pero la divulgación del video, la acción de la directora del centro de reclusión de menores, Gabriela Fulco, presentando denuncia penal, y el respaldo que tuvo esa denuncia por parte del Instituto de Derechos Humanos (que ya había advertido de las duras condiciones de reclusión del INAU), llevaron el tema a la Justicia. Y una fiscal, ante un escenario público convulsionado, no quiso desentonar y pidió el procesamiento con prisión de 26 funcionarios del INAU, entre ellos el dirigente sindical, vicepresidente del PIT-CNT, José Lorenzo López.

Fueron dos o tres funcionarios los que agredieron a los menores. El resto, a lo sumo, miró, alentó o simplemente estuvo ahí, dando vueltas, como es el caso de Joselo López. Teniendo en cuenta que lo que se juzga no es la historia violenta del INAU, lo que pasó y no se vio, sino que lo que está en juicio es pura y exclusivamente ese video ¿parece medida la decisión de la fiscal de que personas que no golpearon a nadie esperen en prisión el resultado del proceso que el juez de la causa eventualmente puede decidir?

¿Padres, madres, gente de la que depende otra gente, será privada de su libertad mientras la lenta Justicia decide si son responsables por haber estado ahí en el momento en que dos en un grupo de 30 se pasó de rosca?

Alarma pública, esgrimió la fiscal como forma de fundamentar el pedido de prisión. Un argumento fascista dentro de un Código del Proceso fascista como el uruguayo. El que denuncia hace circular el video, o sea, el denunciante genera las condiciones de "alarma social" y luego la Fiscalía se apoya en eso para pedir prisión. Cualquiera que vaya a hacer una denuncia, si quiere perjudicar al denunciado, comenzará a divulgar a través de medios y redes las pruebas como forma de incidir en los operadores judiciales por la vía de "calentar el ambiente".

Pensar que una sanción grave a personas que a lo sumo lo que hicieron fue estar presentes en un momento indebido va a poner coto a las violaciones a los derechos humanos que sufren los menores es de una inocencia pavorosa.

Muchas veces, menores de edad han sido enviados a prisión sin que su abogado haya tenido acceso al proceso; una flagrante violación a sus derechos humanos, pero a nadie se le ocurriría denunciar al juez que los mandó presos sin haber respetado sus derechos.

Por un lado hay un sistema de reclusión juvenil tan podrido en sus entrañas como el sistema de reclusión de mayores, y por otro un sistema de Justicia que se revela cada vez más permeable a las presiones que surgen desde la "opinión pública". La mezcla es explosiva.

Ahora está en manos de un juez decidir si mete presas a 26 personas para que esperen en prisión a saber si son responsables de algo.

Para algunos, para quienes creen que metiendo presa a la gente se encuentra el camino hacia la paz social, para los que pretenden medrar políticamente con la prisión de un dirigente sindical, para quienes no se dan cuenta que el sistema perverso que hoy juzga a unos funcionarios ineptos mañana puede ir por ellos con la misma severidad desmedida, el juez demostrará su independencia y su firmeza accediendo al pedido del fiscal.

Para quienes entienden que la libertad de la gente es el bien más preciado que un humano puede exhibir, es esperable que el juez ponga un poco de racionalidad ante el pedido de la fiscal. Si quiere investigar, procesar, que proceda, pero la libertad de la gente, antes de saber si es responsable, ese es un derecho que no debería ser "amarrocado".