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Empresas públicas de derecho privado

Desde el Tribunal de Cuentas, promueven que haya una mayor regulación empresas públicas de derecho privado

18 de junio de 2011 17:31 hs
El Observador | Redacción

Por  Redacción

Planta de ALUR
Planta de ALUR

El Estado uruguayo es burocrático, pesado e ineficaz y por eso es urgente implementar una reforma a fondo para modernizarlo y adecuarlo a los tiempos modernos.

Ese diagnóstico y la promesa de cambiarlo hacia el futuro atravesó a todos los últimos gobiernos y también fue considerado por el presidente José Mujica como una prioridad para esta administración.
Aunque alcanzar ese Estado moderno sigue en el debe, varias áreas públicas han logrado eludir las trabas de la burocracia y funcionan bajo las reglas del mundo privado.

El ejemplo más claro son las empresas públicas que se rigen por el derecho privado, una figura muy consolidada bajo la cual hoy funcionan unas 60 instituciones y que promete seguir avanzando ya que a otros actores públicos los seduce. Sin embargo, el modelo genera reparos de expertos por la falta de controles y es visto con recelo por el presidente Mujica.

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República AFAP, Alcoholes del Uruguay (Alur), la Corporación Vial del Uruguay (CVU) y la Distribuidora Uruguaya de Combustibles (DUCSA), la empresa que se encarga de distribuir los productos de ANCAP, son solo algunos de los ejemplos de las áreas públicas en las que se ha decidido avanzar en un régimen más ágil y evitar los pesados controles estatales.

Tener el respaldo del Estado y a la vez las ventajas del mundo privado tienta a muchos y, por ejemplo, ahora AFE para realizar la prometida gran reforma del ferrocarril aspira a crear una empresa pública de derecho privado. Pero no es el único ejemplo.

El ministro de Defensa, Luis Rosadilla, propuso conformar dentro de su cartera empresas para fabricar armamento militar para exportar a la región y elaboró un proyecto de ley que le permita seguir el mismo camino.

A pesar de su consolidación, el sistema genera dudas y muchas críticas, algunas que vienen nada menos que del primer mandatario. “Anoche me puse a sacar cuentas”, contó Mujica con tono reflexivo el 3 de mayo en un evento de la Agencia del Gobierno Electrónico y la Sociedad de la Información (Agesic) hablando acerca de la reforma del Estado.

“Y la realidad es terca. (Hay) 60 empresas o agencias públicas pero que operan en el derecho privado y todos los días estamos inventando una porque con el derecho público no podemos lidiar y, como no podemos, inventamos una cosa por el costado”, dijo el presidente y utilizó la palabra “tragedia” para pronosticar lo que pasará en el futuro con este tipo de instituciones.

“Como no podemos reformar el derecho público, estamos construyendo otro Estado que no sabemos lo que es, por ahí. Esta es una tragedia que van a tener que zurcir en el porvenir algunos que vengan”, agregó.
Además de las empresas, otros planes oficiales han buscado dejar atrás la burocracia. El Plan Ceibal, por ejemplo, no funciona bajo la orbita del Ministerio de Educación y Cultura (MEC) sino que tiene las ventajas de contratación y compras del mundo privado y depende de Presidencia.

El Plan Juntos está por fuera del Ministerio de Vivienda y también está previsto que tenga un vínculo directo con Presidencia al tiempo que ante las críticas al funcionamiento actual de la Universidad de la República (Udear), Mujica y otros líderes políticos han propuesto crear otra institución. En todos los casos, la señal es clara: busquemos por otro lado tener mejores resultados y evitar que la burocracia estatal tranque la gestión.

¿Qué es lo que más seduce del derecho privado? “Básicamente es un problema de flexibilidad”, dijo a El Observador el catedrático de derecho constitucional de la Universidad Católica, Martín Risso.

En materia de contratación, las empresas públicas de derecho privado tienen “plena libertad” y a su vez eluden la inamovilidad de los funcionarios y pueden despedir y contratar como una empresa normal, explicó el experto.

En esa línea, el director del Plan Ceibal, Miguel Brechner, ratificó que como oficina paraestatal tiene esos beneficios. “Podemos incorporar y despedir personal. Funcionamos en el derecho privado”, como ejemplo de esa repartición.

Pero más allá de las ventajas para algunas áreas que compiten con otros actores del mercado, el mecanismo enciende varias luces amarillas para algunos.
Augusto Durán Martínez, otro experto en derecho administrativo, dijo que la “fuga hacia el derecho privado” se ha consolidado y planteó serias dudas sobre ese sistema.

“El Estado en lugar de actuar como lo hace tradicionalmente, adopta las formas de derecho privado, básicamente en procura de una mayor eficacia”, aseguró el abogado que se ha especializado en el tema. Durán Martínez dijo que en el ambiente especializado la imposición del modelo ha generado “una gran crítica” debido a que “se evita el control previsto para las entidades estatales”.

“Es una ventana abierta hacia una corrupción incontrolada”, advirtió en forma contundente el catedrático. A su juicio, detrás del argumento de que es necesario tener una mayor libertad para contratar servicios y personal, se pueden esconder aspectos cuestionables.

Y esa misma preocupación está presente en el Tribunal de Cuentas. El nacionalista Ruperto Long, ministro de ese organismo, dijo a El Observador que hoy en día “no hay realmente un control sobre estas sociedades” y se pronunció a favor de que haya cambios para que sí pasen a estar bajo la órbita de supervisión de la institución.

“Creo que en la medida que se ha entendido por parte de diversos organismos que esta es una forma jurídica que funciona a efectos de gestionar actividades con recursos públicos, entonces debe ser controlado igual que cualquier otra organización que maneja recursos públicos”, dijo el jerarca. Todos los partidos políticos coinciden en que así como está el Estado es ineficiente, varias áreas buscan quedar por fuera de la rigidez pero eso tiene sus riesgos, según los expertos. Es el “Estado por el costado”, según lo definió el propio Mujica.

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