En las puertas de un gobierno de escasez y restricción

Lacalle Pou hereda el déficit fiscal más abultado que cualquier otro gobierno desde que su padre asumió el gobierno en 1990, con un rojo de 6,4% del PIB al cierre del año anterior. Esto implica una seria restricción, porque no solo obliga al gobierno electo a trabajar activamente por reducir el gasto sino además porque en el camino, va a ver limitada su capacidad de acción en áreas prioritarias.

Un Estado que gasta más de lo que le ingresa debe financiar con crédito ese excedente y eso implica aumentar los niveles de deuda. Pero para eso debe haber una contraparte dispuesta a prestar el dinero que se necesita.

Los mercados financieros han aportado a Uruguay ese capital a una tasa históricamente baja, por considerar al país un destino seguro para la inversión. Sin embargo, el país se encuentra bajo advertencia. Y si bien las calificadoras de riesgo lo han mantenido en el selecto club de los países con grado inversor, en los últimos tiempos se han mostrado expectantes de un plan sólido y creíble del nuevo gobierno para reducir el déficit y viabilizar la trayectoria de la deuda.

Los errores de Vázquez

Las alertas están encendidas desde el final de la administración de José Mujica. Vázquez y Astori, a comienzos de 2015, lograron convencer a las calificadoras que la solidez fiscal estaría en el centro de las preocupaciones de su administración. Y en los hechos, el gobierno implementó una serie de medidas con el fin de reducir el déficit. Bajo la bandera de la “consolidación fiscal”, el equipo económico implementó una serie de medidas tendientes a incrementar los ingresos públicos. 

Quizás la medida más recordada sea el aumento del IRPF a los trabajadores de ingreso medio alto y alto, pero también hubo cambios tributarios que afectaron la rentabilidad de las empresas –como por ejemplo, la supresión de los ajustes anuales por inflación en los balances–, aumento de la tasa consular que grava las importaciones e incremento de las tarifas públicas por encima de los costos.

Entre 2014 y 2019 los ingresos de DGI pasaron de representar 16,6% del PIB a 17,6%. Sin embargo, ese incremento se vio compensado con creces por un aumento del gasto público. Los gastos no personales aumentaron 0,2 puntos del PIB, las remuneraciones 0,5 puntos y las transferencias 0,6 puntos. Sin embargo, el mayor incremento se explicó por el aumento de las pasividades, que pasaron de representar 9% del PIB a 10,3% en los últimos cinco años.

La flexibilización en las condiciones para la jubilación llevó a un creciente gasto que superó con creces los cálculos primarios. A eso se sumó el deterioro de la Caja Militar, con un creciente déficit explicado por una relación entre aporte de activos y beneficios de pasivos insostenible.

Balance de tres gobiernos

¿Se puede decir que el Frente Amplio tuvo un manejo irresponsable de las Cuentas Públicas? No es fácil contestar esa pregunta. La principal fuerza política entrega su tercer mandato consecutivo con un déficit fiscal alto pero financiable, con amplio acceso a los mercados de capitales a tasas bajas que se reflejan en niveles muy cómodos de riesgo país y calificación crediticia histórica, con un financiamiento envidiable a largo plazo y en un combo de monedas cómodas para los intereses del país.

Un manejo irresponsable es el que realizó el kirchnerismo en Argentina o el Partido de los Trabajadores en Brasil, que en el primer caso condujo a una crisis de financiamiento y en el segundo, a una pérdida del grado inversor.

El Frente Amplio jugó siempre al límite en materia de gasto, cuidándose de no pasar la línea que comprometiera la viabilidad fiscal, pero no alejándose demasiado. Gastó hasta el último peso que ingresó aun cuando una parte de esos ingresos eran transitorios y las partidas a las cuales se asignaba eran permanentes. Y no solo eso, usó todo el crédito adicional que fue ganando conforme Uruguay lograba posicionarse como país serio y confiable para los mercados financieros.

No fue irresponsable, pero tampoco fue medido. Atravesó el mayor período de bonanza sin construir una base de reservas que le pudiera impulsar la actividad en momentos de estancamiento, como el actual. El equipo económico apostó siempre al escenario más optimista y si bien entre 2004 y 2014 el sólido crecimiento le dio la razón, el cambio de vientos no fue acompañado de un giro suficiente en la política fiscal.

El primer gobierno del Frente Amplio fue un ejemplo de prudencia, con un déficit fiscal que anualizado, llegó a mediados de 2007 al equilibrio. La crisis económica internacional y su breve coletazo local en 2008 y 2009, hicieron mella en los números y de ahí en más la historia se fue inclinando hacia el rojo, con incrementos mayores en los años electorales.

Los desafíos de Lacalle Pou

El nuevo gobierno no contará con la tolerancia del anterior por parte de las calificadoras de crédito. El último margen lo agotó la actual administración y de ahora en más, los principales observadores esperan un plan serio y creíble que evaluar.

Las señales que dé el nuevo gobierno serán decisivas. La promesa de no subir impuestos de Luis Lacalle Pou y buena parte de su coalición no es bien vista porque leves cambios en el contexto internacional podrían forzar a la administración a tomar medidas antipáticas y eso implicaría poner en juego el capital político por faltar a un compromiso explícito.

El respaldo político con el que cuente Azucena Arbeleche, la ministra de Economía designada por Lacalle Pou, será otro elemento central. Al tratarse de una figura técnica sin una estructura propia dentro del partido, deberá encontrar apoyos suficientes para imponerse cuando deba afrontar decisiones difíciles.

Si el ajuste no viene por el lado del ingreso, deberá procesarse enteramente por el gasto público y eso implica choques y resistencias que el nuevo gobierno deberá enfrentar. El riesgo está en lo abultado de la agenda de la nueva administración, que involucra transformaciones profundas con múltiples frentes abiertos. El apoyo popular que lo llevó a la presidencia no es incondicional y el descontento podría terminar por fracturar una coalición débil y con intereses no del todo alineados.

El próximo gobierno contará con más restricciones que libertades. Tendrá que hacer malabares entre una limitación fiscal que le atará las manos en materia de gasto y un capital político escaso que hay que alimentar y sostener.