En qué consiste la liquidación de Caputto que se elevará a la Justicia este martes

El pasado 15 de mayo la Justicia dispuso la “disolución” y el cese de los administradores de Caputto, designando como síndico a la Liga de Defensa Comercial (Lideco), que en 10 días hábiles debía presentar el proyecto de liquidación. Caputto decidió apelar la decisión judicial, aunque dicha iniciativa no tiene efecto suspensivo sobre la resolución de liquidación, por lo que el proceso sigue adelante. 

El síndico designado por Lideco, Fernando Cabrera, dijo a El Observador que el plan de liquidación a presentar este martes buscará que se contemple lo pedido por la jueza y, además, “preservar el valor de la empresa en su conjunto”.

En este sentido, Cabrera recordó que la Ley de Concurso de 2008 (Nº 18.387) prevé que una de las opciones cuando se hace referencia a la liquidación de la empresa, es “la venta de la organización en funcionamiento”, a diferencia de lo que ocurría previamente cuando la alternativa era el remate por partes.

“Implicaba que iba un síndico, desguazaba la empresa y la rompía toda para venderla por partes. Para preservar el valor de la empresa en su conjunto y salvarguardar las fuentes de trabajo la liquidación no implica el desmantelamiento de la unidad productiva”, explicó Cabrera a El Observador.

Esto, consideró, abre la posibilidad de que se puedan vender en su conjunto a un inversor, “para que pueda continuar la actividad”.

“Que se salve la empresa sin el empresario. El empresario va a ser uno nuevo”, agregó el síndico.  

En caso de no aparecer ningún inversor, Cabrera dijo que desde Lideco lo que hay que hacer es de forma profesional presentar una propuesta de liquidación de la empresa en bloque y en funcionamiento, que es lo que mandata hacer la ley de concurso.  

“Hay que hacer una licitación y nos tenemos que poner de acuerdo con los acreedores que tienen garantías reales (Banco República) o los obligacionistas que tienen fideicomiso, para poder hacer una oferta en conjunto y tener claro el precio que se obtenga de ese procedimiento”, comentó Cabrera.

Ante la posibilidad de que no aparezca un interesado, se deberá entonces sí pasar a una instancia en la que –en lo posible también evitando el desmantelamiento- se realicen ventas por bloque, pero “eso es una segunda etapa para más adelante”, dijo Cabrera. 

“Todavía no estamos pensando en esa etapa. Lo que hoy tenemos que decidir es la continuidad de la zafra y en el procedimiento para la venta de la empresa en funcionamiento”, aclaró Cabrera.

Uno de los puntos fuertes que introdujo la ley de 2008 fue la posibilidad de poder vender la empresa declarada en quiebra o insolvente en bloque, simplificando la estructura, suprimiendo la quiebra y el concordato, con el objetivo de establecer un procedimiento para salvar, de ser posible, a la unidad productiva cuanto todavía está operativa, sin destruir valor. Uno de los redactores de la norma fue el actual representante legal de Caputto, Ricardo Olivera García. 

Deudas y activos 

A los US$ 20 millones que debe Caputto al BROU, que se dividen en US$ 13,8 millones como acreedor privilegiado y algo más de US$ 6 millones como créditos quirografario, se suman deudas comerciales de proveedores de insumos tanto a nivel nacional como internacional, que alcanzan un pasivo cercano a los US$ 50 millones. Sin embargo, la empresa posee activos tasados en alrededor de los US$ 70 millones, que dependen especialmente de la valuación que tienen las plantaciones citrícolas, que incluyen variedades de frutas, infraestructura, sistema de riegos, accesos e invernáculos, entre otros.

En noviembre, se estuvo cerca de un acuerdo con la mayoría de los acreedores, pero finalmente las negociaciones según la empresa se frustraron ante un cambio de postura del BROU, que es el principal acreedor.

El gerente general de la empresa, Jorge Caputto, expresó en radio Carve que el acuerdo con los acreedores (aproximadamente 100) se frustró por el cambio de posición del BROU, que modificó su posición de deuda incidiendo así en la junta de acreedores.

Al ser un acreedor privilegiado –porque posee como garantía una hipoteca – el BROU no tiene la potestad para intervenir en la junta. Sin embargo, tiene el derecho de renunciar a una parte de la hipoteca y presentar una parte de la deuda sin garantía (acreedor quirografario). 

Si se presentara solo como acreedor privilegiado, el BROU solo debía homologar el acuerdo que la empresa llegara con el resto de los acreedores. Al presentarse también como acreedor quirografario (que no tiene garantía) puede interceder en las negociaciones de la junta de acreedores.

Sobre este punto, el actual presidente de la institución financiera, Salvador Ferrer, dijo a El Observador que como “principal acreedor” de Caputto el rol que asumió la institución fue el de “liderar” un proceso de salida que permita preservar el “máximo valor patrimonial” y “operativo” de la empresa, y aclaró que eso no implica una defensa del accionista actual.

Ferrer consideró que no le corresponde realizar “revisionismos” sobre el proceder del BROU durante la administración anterior y tampoco realizar juicios de valor sobre la determinación que tomó la Justicia. Pero mientras el proceso judicial sigue por su carril, se aclaró que existe la voluntad política para mantener el emprendimiento en pie. Este año recibirá para la zafra $ 40 millones provenientes del Fondo Cítricola.