En situación de calle

Es poco comprensible la ineficacia del cúmulo de instituciones oficiales dispersamente involucradas en buscar solución a ese estigma social que representan los muchos cientos de personas que viven en situación de calle en Montevideo. Es cierto que el problema se complica por la renuencia de quienes prefieren esa forma de vida y por sus quejas sobre las condiciones que les ofrecen los refugios del ministerio de Desarrollo Social (Mides). Pero nada justifica la inoperancia de buscar excusas o los vacuos anuncios de que se siguen estudiando vías de solución que no terminan de concretarse. El manejo del tema incluye al Mides, al Ministerio del Interior, al INAU, a la Intendencia de Montevideo y al sistema de salud pública, que han fracasado hasta ahora en encontrar una salida.

La situación se ha agravado últimamente porque a los casos individuales de personas que duermen en aceras o bajo algún puente se han agregado pequeños campamentos familiares en espacios públicos. La subsecretaria del Mides, Ana Olivera, admitió esta nueva modalidad que congrega a "bastante cantidad de gente". Y la directora de Desarrollo Social de la Intendencia, Fabiana Goyeneche, explicó que tienen que conciliar las necesidades de esos grupos con el derecho de los vecinos a la normalidad de los entornos barriales. Por su parte el vicepresidente del INAU, Fernando Rodríguez, aseguró a El Observador que no hay un solo niño "viviendo en la calle". Sin embargo los campamentos que han empezado a surgir en distintos puntos de la ciudad están formados por familias con niños.

El Mides reconoció que enfrenta demoras inexplicadas en habilitar un nuevo sistema de puerta de entrada, de donde son derivadas a un refugio las personas que buscan un lugar donde pasar la noche. La situación se torna acuciante día a día debido al aumento de quienes pernoctan o viven en las calles, que el Mides estima en alrededor de 700. Pero pese a las explicaciones y descargos, las acciones concretas siguen sin aparecer. Como los recursos humanos y financieros están disponibles, lo que se necesita es un plan definido y coordinado eficazmente por el Mides, el INAU, la intendencia y el Ministerio del Interior, cuya Policía es llamada a veces a intervenir. El Mides tiene que mejorar su sistema de refugios, haciéndolos más atrayentes para las muchas personas que ahora los rechazan por las dificultades y demoras en acceder a uno y sus reclamos de que frecuentemente les roban sus pertenencias.

Y quienes se nieguen a abandonar la calle tendrán que ser obligados a hacerlo, siempre y cuando esa acción se justifique con la seguridad de mejores condiciones de asilo temporal por parte del Mides. Están también los casos de personas enfermas o con situaciones agudas de alcoholismo o drogadicción, que obligatoriamente tienen que ser atendidas por el sistema público de salud. Mientras los diferentes organismos del Estado no coordinen adecuadamente sus acciones bajo un plan maestro, dirigido e implementado con eficiencia, el problema persistirá inabatido en detrimento de gente que requiere urgente ayuda, de la normalidad urbana y hasta de la seguridad, a veces puesta en riesgo por algunos casos extremos de personas con desviaciones psíquicas que viven en la calle. l