Equilibrar demandas y decisiones

A pocos metros de donde el presidente Tabaré Vázquez presidía en Florida otro Consejo de Ministros abierto, las gremiales agropecuarias y el movimiento Un Solo Uruguay redoblaron sus desafíos al gobierno con un cúmulo de reclamos adicionales, incluyendo la educación, la seguridad, la ley de inclusión financiera y hasta el desviado programa oficial de educación sexual para estudiantes. Atender todas las exigencias del agro, al que se han sumado otros sectores productivos, supondría el imposible de que el gobierno dé un giro radical en las políticas desarrolladas por el Frente Amplio desde que llegó al poder. Abarcan no solo alivios tributarios, crediticios y de tarifas sino también achicar el Estado y bajar el gasto público, concretar la reforma de la educación pública, tan prometida oficialmente como incumplida, y concretar el generalizado anhelo de la población de abatir la delincuencia.

Vázquez les retrucó que ya se han aprobado algunas medidas de ayuda a los arroceros y a productores medianos y pequeños. Pero el agro las rechaza por parciales, insuficientes y porque están lejos de sus demandas. Dado que no es viable que el gobierno atienda el amplio abanico de planteos, su mejor esperanza es seguir negociando algunas medidas de ayudas sectoriales para que la rebeldía civil, iniciada con la proclama de Durazno en enero, no se salga de los carriles pacíficos en que se mantiene hasta ahora. Las gremiales y muchos dirigentes de los autoconvocados quieren evitar confrontaciones más ríspidas. Pero algunos exigen acciones más severas, producto de la impaciencia por lo que describen como desatención del gobierno y demora en responder a sus pedidos más urgentes, como la rebaja en el precio del gasoil y medidas que abarquen todo el espectro de los productores agropecuarios.

Lo que el país necesita para evitarse sinsabores es equilibrio entre lo que reclama el agro y lo que el gobierno puede llegar a concederles sin desestabilizar la delicada situación fiscal que enfrenta. Es irreal pensar que la administración Vázquez se comprometa a reducir la rígida pesadez del Estado, a acotar el gasto público, a sacar adelante la modernización de la educación pública, tema vital pero trabado pese a promesas oficiales que vienen desde hace 13 años, o a dar marcha atrás en la ley de inclusión financiera. Pero sí corresponde que se reúna con mayor asiduidad y sin exclusiones con las autoridades de las gremiales y de Un Solo Uruguay para discutir reclamos viables, a tono con el estado de la economía, ya que entre las protestas del agro está que la mesa de trabajo integrada por ambas partes solo se ha reunidos dos veces.

A los dirigentes del agro, por su parte, les compete adecuar sus demandas a lo posible en el momento actual, sin dejarse llevar por aspiraciones que, aunque sean deseables, están alejadas de la realidad y de lo que el gobierno puede hacer en los dos años que le restan en el poder. Hay cuestiones estructurales y cuestiones más coyunturales. Sobre estas debería centrarse el diálogo en la actualidad, para atender los problemas más acuciantes del sector productivo sin desestabilizar una situación macroeconómica exigente.