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¿Es Manini colono? Lo que analiza el INC y el documento clave que falta para saldar la polémica
¿Es o no es Guido Manini Ríos colono? Una pregunta que a priori debería tener una respuesta simple por sí o no, mantiene al Instituto Nacional de Colonización envuelto en un complejo proceso de análisis, y llevó a que el Frente Amplio desafiara este lunes al líder de Cabildo Abierto a exhibir un documento que, de aparecer, podría poner fin a la polémica.
El Instituto Nacional de Colonización (INC) deberá tomar una definición "en los próximos días" sobre el informe de inspección que involucra a Manini Ríos y lo señala como colono de un campo ubicado en Artigas.
El tema se instaló como asunto central en plena recta final hacia la campaña por la derogación de 135 artículos de la ley de Urgente Consideración. Pero, más allá de discusiones políticas, la clave está en la aparición de la documentación que revele el estado contractual de ese predio en cuestión.
La historia
Según informó el semanario Búsqueda el pasado viernes, un informe de la División Inspección General del INC determinó que Manini y su esposa Irene Moreira explotan junto a Roque Moreira, padre de la ministra de Vivienda y suegro del senador, 4.350 hectáreas de campo en el departamento de Artigas. De acuerdo a ese informe, parte de esa extensión (unas 2.856 hectáreas) corresponden al inmueble 511 del INC y está afectadas a la ley de Colonización a través de una sociedad anónima, Palomar SA, encabezada por Moreira y por su padre.
El informe de la División Inspección General determinó pues que todos los involucrados tienen la condición de colonos, y que incumplen la ley al no residir allí ni realizar directamente ningún trabajo de producción.
Sin embargo, las autoridades del organismo resolvieron –con el voto discorde de la oposición– que ese informe no es concluyente y que debe ser analizado jurídicamente.
Según la versión de Manini, difundida este domingo a través de un comunicado a la opinión pública, el padrón 511 fue adquirido por el INC en 1970. "A los pocos meses se estableció que ese campo no tenía las condiciones necesarias para ser colonizado", explicó. Los motivos: "área inundable, superficie ocupada por montes y dificultades de drenaje", todo lo cual "hacía imposible su utilización" por parte del instituto" ya que una eventual explotación era "antieconómica".
Por eso, continuó el senador, el instituto resolvió en su momento llamar a una licitación para enajenar el campo. Fue entonces cuando su suegro, Roque Moreira, se hizo con el predio. Fue, según su versión, el 5 de julio de 1971. Cuatro años después Moreira acordó firmar un nuevo compromiso compraventa que, según el líder de Cabildo Abierto, "no deja ninguna duda sobre la inexistencia de vínculo alguno entre el comprador y el INC". De acuerdo al relato de Manini, el trámite se concluyó el 2 de diciembre de 1981 luego de que, tras haberse integrado el precio, la propiedad fuera definitivamente transferida al comprador.
Manini, hasta el momento, no difundió la documentación que pueda avalar sus dichos. Este lunes, consultado al respecto por El Observador, el senador no contestó los mensajes.
La inspección al lote 511 había sido encargada por el director del INC en representación del Frente Amplio, Andrés Berterreche. Consultado por El Observador, el jerarca dijo haber analizado las explicaciones difundidas por Manini este domingo. "Las vi y puedo responder punto por punto, pero no lo voy a hacer", comentó. Berterreche dijo que el senador debe presentar la habilitación por la cual en su momento el INC, con votos de todos los miembros del directorio, retiró al campo en cuestión de la afectación de la ley que creó el Instituto Nacional de Colonización.
"Para desafectar una tierra del instituto se necesita una habilitación", insistió Berterreche. "Si está eso ya está, pero no está", puntualizó. "De eso, estoy seguro". El director había manifestado no tener "ninguna duda" de que en el padrón 511 "hay una serie de irregularidades que hay que regularizar”.
Según argumentó, hace varias décadas hubo muchas transacciones de campos en las que no se pedía certificar que las tierras que cambiaban de manos pertenecían o no al instituto. Esa situación, agregó, derivó en un gran desorden y llevó a que en 2011, durante el gobierno de José Mujica, se decidiera un “borrón y cuenta nueva”: los colonos debían presentarse a regularizar su situación y la mayoría lo hizo.
Sí o no
La presentación o no del documento que Manini dice tener en su poder será lo que defina el tema, coincidió el exdirector del INC, el colorado Guido Machado. Consultado, Machado señaló que la realización de la inspección ya se conocía a nivel del directorio, pero que que hasta el 28 febrero, cuando él dejó su cargo, no habían llegado sus resultados.
Machado puntualizó que el instituto permanentemente vende campos porque así está previsto en la ley. "El tema es si ese campo está afectado o no a Colonización", dijo. "Supongo que habrá documentos que así lo avalen. Esa es la clave", agregó. Una habilitación de ese tipo se traduce en que el dueño del predio deja de estar sometido a las obligaciones que deben cumplir los colonos afectados.
Si el líder de Cabildo Abierto está sometido a las obligaciones de la ley de Colonización, el senador puede haber incurrido en irregularidades. Una de ellas es haber violado el reglamento del Senado al votar los artículos de la Ley de Urgente Consideración vinculados a Colonización, ya que la norma establece que el legislador no puede participar en asuntos en los que tengan intereses, salvo que sea autorizado en forma expresa por la cámara.
Los artículos 357 y 358 de la LUC, que este domingo serán sometidos a referéndum, habilitan además a que el colono no tenga que vivir y explotar directamente el campo que tiene asignado. Si efectivamente se trata de un campo de Colonización, Manini y su familia habrían incumplido la normativa durante muchos y años y, además, habrían votado en el Senado una legislación que los favorece.
Búsqueda había consignado el año pasado que la ministra Moreira figura como directora de Palomar SA desde 2008. El semanario divulgó en su momento que el predio en discusión fue comprado en 1970 por Colonización y luego realizó un llamado público, en el que lo adquirió Roque Moreira.
En 1974 el suegro del líder de Cabildo Abierto resultó intimado a residir en el campo y a explotarlo directamente, según marca la ley. Moreira entonces pidió un “cambio en las condiciones de contrato” bajo el amparo del artículo 127 de la misma ley.
Entre 1981 y 1982 Moreira, según fue consignado, compra el resto de las fracciones del inmueble y crea Palomar SA. En 1977, según la información, Manini Ríos pasa a ser el titular de la fracción 2.
