Estado de torcido

No ha sido fácil la relación de MontevideoGas con su sindicato, incluso cuando estaba Gaz de France como accionista. Pero la empresa ha advertido reiteradamente al gobierno de la crítica situación de su ecuación económica. Pidió medidas de ayuda al gobierno. Dio varios meses para encontrar soluciones antes de tomar medidas que afectaran los costos laborales. Y de parte del gobierno no tuvo respuesta, ni con soluciones para una situación económica que había cambiado y tornaba la operativa inviable ni con los temas laborales.

Luego se tomaron las medidas del despido y los seguros de paro, todo en medio de ocupaciones y huelgas de hambre. Pero nunca se había llegado a una medida tan drástica como el “control obrero” de la operación, algo que ni siquiera está previsto en el decreto 165 de 2006 que regula las ocupaciones en ejercicio del derecho de huelga.

Más allá de que dicho decreto está en entredicho por las recomendaciones de la OIT, que lo considera contrario a la libertad sindical, ni siquiera amparándose en el mismo se puede llegar al “control obrero”. El  propio texto del decreto señala que “los ocupantes no podrán asumir el giro o funcionamiento normal de la empresa, salvo en aquellos casos en que el empleador haya abandonado la explotación o no tenga representación en el país”. Ninguno de estos dos extremos se cumple ya que Petrobras no abandonó la explotación y la empresa tiene representación en el país, tanto es así que el pasado 13 de marzo sus autoridades concurrieron a la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados a dar su versión de los hechos que afectan a la empresa y de las instancias de negociación llevadas a cabo.

Fue en dicha ocasión que las autoridades de MontevideoGas señalaron que las amenazas de “control obrero” ya son de por si ilegítimas a tenor del mencionado decreto 165/06 pero que les sorprenden declaraciones de autoridades oficiales avalando el mencionado “control obrero”. En ese sentido, el gerente general de MontevideoGas Ing. Carlos Bellomo señaló su sorpresa por “una entrevista el pasado 9 de noviembre a la señora exministra de Industria, Energía y Minería, ante una medida anunciada por el sindicato de control obrero, respondió que dicho sindicato estaba en todo su derecho. Similar a dicha apreciación, observamos en la versión taquigráfica del pasado 6 de febrero donde el diputado Luis Puig manifestó que los trabajadores tienen legítimo derecho a realizar un control obrero. Entendemos, continúa Bellomo, que estas afirmaciones arengan y estimulan a seguir ese camino ilegítimo. Por lo tanto, nuevamente hacemos un llamado a la reflexión de estas medidas ilegítimas a la vez que nos preguntamos si esta afirmación sobre el control obrero es una posición de esta Comisión de Legislación del Trabajo”.

Pese a este negro panorama, el Ing. Bellomo dejó un mensaje de esperanza: “Asimismo, confiamos en que el ordenamiento jurídico del país, dado que Uruguay es un estado de derecho, inhiba cualquier acción en este sentido. Además, esperamos que el Poder Ejecutivo actúe según la ley y las normas que promulgó”.

Cabe señalar que es bueno que inversores extranjeros sigan teniendo fe en el “estado de derecho” uruguayo. Esa fe pronto se pondrá a prueba y se verá si las autoridades gubernamentales hacen cumplir o no la normativa vigente. 
Es mucho lo que está juego. Es el prestigio del Uruguay como cumplidor del derecho ante los inversores extranjeros y antes los nacionales.

Después que no nos llama la atención que cuando vengan grandes inversiones como UPM pidan cambios y garantías en el marco de las relaciones laborales. Cosas como las de MontevideoGas no pasan desapercibidas y circulan por las cancillerías del mundo. Tenemos a nuestro lado países que se ríen y festejan cuando no cumplen tratados y declaran default de la deuda. Si queremos seguir siendo tenidos en cuenta como país serio, debemos solucionar a la brevedad este conflicto e impedir un “control obrero” que no está justificado en ningún decreto, ley o Constitución. Y que en definitiva es una engañifa del sindicato para que se re estatice la concesión de la distribución del gas. Solo con “control obrero” no se logra cumplir los compromisos financieros de una empresa cuya ecuación no da. O ¿con “control obrero” llegará ayuda del Poder Ejecutivo?