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Estudio propone cambios en la base de contribución rural

Los departamentos más afectados son Maldonado, con un aumento del 101,3% en su su capacidad contributiva, y Canelones, con una caída del 55,8%

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11 de junio de 2019 a las 05:02

Un aumento de 101,3% en Maldonado y una baja de 55,8% en Canelones debería aplicarse al valor de los predios rurales de esos departamentos, con base en un trabajo realizado por el Centro de Estudios Fiscales (CEF) en coordinación con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP).

Dicho estudio tiene como fin de brindar nuevos insumos que aporten a repensar los valores determinantes de la tierra en Uruguay, así como producir la información para el análisis de "la capacidad contributiva (base imponible potencial) y las desigualdades a nivel departamental respecto de la contribución inmobiliaria rural".

Aunque además del impositivo se consideró que hay otras variables para actualizar la fórmula que se utiliza en el país desde la década de 1960, el denominado índice de productividad Coneat -mide el valor de los suelos exclusivamente por su capacidad de producir carne y lana-, sigue teniendo una contribución relevante dentro del nuevo índice construido, compartiendo su importancia con otros indicadores de capacidad productiva.

Sin embargo, el informe menciona que, producto del nuevo índice, se ensayaron ejercicios con cambios potenciales en la base de la contribución inmobiliaria rural, con modificaciones en la base imponible para algunos departamentos.

En esta línea, los principales argumentos que justifican el estudio son cambios en la dinámica productiva, con un índice que también contemple la agricultura y la forestación, generalmente en este último caso con suelos que son muy arenosos y de bajísimo Coneat, aunque el rubro genera buenas rentas.

Además de los casos más paradigmáticos de Maldonado y Canelones, también resultaron afectados departamentos como Tacuarembó (8%), Rivera (15%), Rocha (15%), San José (-31,6%) y Colonia (-13,6%).

“Estos cambios estarían fuertemente relacionados con la incorporación de nuevos usos productivos (agricultura, forestación y turismo) y de otros criterios, como la distancia y la disponibilidad de infraestructura y de polos logísticos”, señala el informe.  

El diagnostico considerado por los encargados de hacer el estudio es que a pesar de las virtudes destacables como instrumento del índice Coneat, éste tiene sus limitaciones y el valor de los bienes rurales está desactualizado.

En esta línea, la nueva paramétrica estimada en función de los valores de mercado de tierras rurales tomó transacciones de compra-venta entre los años 2000 y 2016 (más de 42.000), con precios hedónicos (se consideran características estructurales, de localización y ambientales) y otras afectaciones.

Una de las encargadas de llevar adelante el informe, la economista y profesora agregada del Instituto de Economía (Iecon), Bibiana Lanzilotta, explicó a El Observador que a pesar de que los cambios en la macroeconomía influyen en los precios de la tierra –llegó a su récord histórico en 2014–, “no es un atributo propio de la tierra, lo que no quiere decir que tampoco haya que considerarlo porque si no los resultados se sesgan”.

“La forestación, por ejemplo, claramente le dio valor en mucho sentido a la tierra. Intentamos explicar el valor de mercado de los predios rurales en función de un conjunto de atributos de esos predios, que implica lo físico, lo geográfico y otras afectaciones de uso productivo”, comentó Lanzilotta, que además aclaró que el informe se trata en un principio de un insumo más para la discusión. 

Entre los nuevos usos productivos relevantes, se consideraron la forestación, el turismo y así como otros usos agropecuarios como la lechería. Además, se destacó como uno de los cambios más notorios en relación a la clasificación vigente la menor significación de la distancia a un centro poblado, considerando como más relevante la que hay a los centros logísticos más importantes.

Se tomó en cuenta también para la valorización la presencia de infraestructura pública en torno a los predios y la disponibilidad de electricidad, con otras variables que tiran a la baja como la presencia de actividad minera o de áreas protegidas cuando se explota ganadería. En tanto, los cursos de agua aportan mayor valor. 

 

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