El presidente boliviano, Evo Morales, decretó ayer la expropiación de las acciones de la española Iberdrola en dos distribuidoras de energía eléctrica en las regiones de La Paz y Oruro, una empresa de servicios y una gestora de inversiones.
Iberdrola, a través de su filial Iberbolivia, posee 89,5% de las acciones en la Empresa de Electricidad de La Paz (Electropaz) y 92,8% en la Empresa de Luz y Fuerza de Oruro (Elfeo).
Según el decreto leído por Morales ayer en una comparecencia no anunciada, la estatal Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) asumirá el control de las cuatro empresas nacionalizadas en representación del Estado boliviano.
Al igual que en anteriores expropiaciones, se dispuso también que la compensación a Iberdrola provendrá de una tasación realizada por una “empresa independiente (...) en el plazo de 180 días hábiles”.
“En resguardo del interés público, el gerente general de ENDE contará con el apoyo de la fuerza pública para garantizar la continuidad de la distribución eléctrica” en La Paz y Oruro, agrega el decreto.
Morales justificó que hay una brecha grande entre las tarifas urbanas y rurales en estos departamentos. “Esta medida garantizará el derecho igualitario de los ciudadanos que viven en el área rural, precautelando su economía con tarifas equitativas y un servicio de calidad uniforme”, aseveró.
Citó el caso de La Paz, donde la tarifa eléctrica urbana en promedio es de 0,63 bolivianos (US$ 0,09) por kilovatios/hora, mientras que en el área rural es de 1,59 bolivianos (US$ 0,23).
Morales ya expropió en 2010 las acciones de cuatro empresas generadoras de electricidad, incluidas dos filiales de la francesa GDF Suez y la británica Rurelec, que inició un arbitraje a Bolivia en la Corte de La Haya por esa medida. Además de las eléctricas, el mandatario ha nacionalizado una quincena de empresas de hidrocarburos, cementos y minas, entre otras, desde que llegó al poder en 2006.
Cortina de humo
Opositores y analistas coincidieron en señalar que la expropiación de las filiales de Iberdrola es una cortina de humo con la que el gobierno pretende desviar la atención del escándalo de corrupción que afronta tras destaparse una red de funcionarios que extorsionaban a reos.
La senadora Centa Rek, de la conservadora Convergencia Nacional, consideró que se trata de una “estrategia” del gobierno para “distraer la atención” del caso de la red de corrupción que estalló hace un mes y que, a su juicio, “es más grave de lo que se sabe hasta el momento”.
El Movimiento sin Miedo (MSM), que fue aliado de Morales hasta 2010, opinó en un comunicado que se trata de “una cortina de humo para cubrir el ‘macroescándalo’ de la red de extorsión descubierta en el seno mismo del gobierno de Morales y que está debilitando su imagen a nivel nacional e internacional”.
Tanto Rek como el MSM coincidieron en que el Ejecutivo también ha intentado desviar la atención de la recién destapada red de extorsión reavivando en los últimos días la controversia con Chile por la demanda de una salida soberana al océano Pacífico.
El analista económico Julio Alvarado opinó que la nueva expropiación “no era necesaria” y “es un show político”. Alvarado dijo que la justificación que dio el gobierno para la expropiación “no corresponde a la realidad” porque ya existe una entidad –la Autoridad de Control y Fiscalización de Electricidad– encargada de fijar y regular las tarifas. Añadió que, además, el mismo Ejecutivo de Morales aprobó en 2006 la llamada Tarifa Dignidad, para que las familias de bajos recursos tengan acceso al servicio eléctrico con menores costes. “Lo peor, como en anteriores ocasiones, es que se realiza un gran despliegue policial y militar, como si las empresas fueran simples delincuentes, y eso da una muy mala imagen del país a nivel internacional”, aseveró.
Morales ya expropió en mayo pasado las acciones de Red Eléctrica de España (REE) en una transportadora de electricidad, en momentos en que afrontaba fuertes conflictos con sindicatos e indígenas. Iberdrola espera que Bolivia pague el valor real
berdrola espera que Bolivia “pague el valor real” de las cuatro compañías filiales cuya expropiación ha anunciado ayer Evo Morales, declararon fuentes de la eléctrica española. Estas indicaron que todavía no han recibido comunicación oficial de la decisión de las autoridades bolivianas y que estudiarán el decreto.
De acuerdo con datos del mercado, Iberdrola controla esas compañías a través de la sociedad de cartera Iberbolivia de Inversiones, de la que posee 63,39% del capital.
El 36,6% de Iberbolivia de Inversiones está en manos del fondo Paz Holding, en el que participan, entre otros, la estadounidense General Electric o la sueca Ericsson, y un porcentaje reducido es propiedad de Mauricio Valdez Cárdenas.
Las compañías expropiadas suponen alrededor del 0,2% del negocio de Iberdrola y unos
€ 6 millones del beneficio total (€ 2.804 millones en 2011).
