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Exceso protector de los fueros

Combatir el desprestigio que conlleva para la clase dirigente exige que un incurso en un acto ilegal acepte su responsabilidad ante la Justicia

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10 de abril de 2018 a las 05:00

El sistema político, bajo lupa pública en los últimos tiempos por casos de nepotismo y otras irregularidades, carga además con la poco edificante posición de Uruguay entre los países que más protegen a gobernantes acusados o incursos en algún acto ilegal. La situación fue revelada en un estudio de la Universidad de Múnich entre los 73 países del mundo considerados democráticos. Como los llamados fueros están en la Constitución y es preferible no reformarla a cada rato, el mejor camino para prestigiar la estructura institucional en este campo es que los propios gobernantes asuman la actitud recta de aceptar responsabilidades por sus actos, sin escudarse en el exagerado manto que los resguarda de acciones judiciales.

Raramente sucede así. Una excepción reciente fue la del diputado nacionalista Wilson Ezquerra, que después de atropellar accidentalmente a una persona cuando conducía alcoholizado renunció a sus fueros parlamentarios para comparecer ante la Justicia. Pero por un mal entendido espíritu de cuerpo, en general existe renuencia entre muchos legisladores a aprobar desafueros, situación que se ha dado frecuentemente en el pasado. Abandonar esta práctica y dar la cara cuando corresponda, sin escudarse en la salvaguarda constitucional, es una forma de prestigiar el sistema.
A diferencia de la casi totalidad de los ciudadanos, que van directamente a la Justicia en caso de una transgresión legal, los fueros previstos en nuestra ley fundamental resguardan a los gobernantes, bajo regímenes diferentes y mientras ocupan sus cargos, de ser enjuiciados penalmente. Un senador o un diputado solo pierden sus fueros por decisión de dos tercios de los integrantes de cada cámara, mayoría siempre difícil de obtener. Para el presidente de la República y sus ministros rige un eventual juicio político por "violación de la Constitución u otros delitos graves", extremo al que no se llega pese a que de vez en cuando aparecen acusaciones de actos inconstitucionales.

El informe mundial pone al zarandeado Mercosur al fondo de la lista de naciones con exceso de inmunidad de los miembros del Poder Ejecutivo y el Parlamento. Paraguay está al tope del cuarteto, seguido por Uruguay y luego por Brasil y Argentina. La única diferencia con Paraguay es que el presidente mantiene esa protección cuando deja el cargo, en tanto que en Uruguay la pierde al abandonar el gobierno. La situación contrasta nítidamente con el caso del Reino Unido, una de las democracias que mejor funciona y primero en el ranking de desprotección legal. Sus ministros y legisladores pueden ser enjuiciados penalmente como cualquier otro ciudadano, ejemplo de igualdad ante la ley que no existe en nuestro país.
Los privilegios del sistema fueron establecidos en numerosos países, con alcances diferentes, para evitar que gobernantes o parlamentarios fueran injustamente atacados con acusaciones falsas o víctimas de desviadas maniobras políticas en su contra. Pero también protegen a personas que, desde la impunidad que le confieren sus cargos, están a salvo de castigo por posibles ilicitudes. Combatir el desprestigio que conlleva para la clase dirigente exige que un incurso en un acto ilegal acepte su responsabilidad ante la Justicia, como hizo Ezquerra, en vez de refugiarse en imprevisoras disposiciones constitucionales de hace casi dos siglos.

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