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Extitular de Casa de Galicia carga contra Salinas y lo intima en la Justicia a entregar documentación
El expresidente de Casa de Galicia, Alberto Iglesias, presentó una diligencia preparatoria para intimar al Ministerio de Salud Pública (MSP), en la persona de su titular, Daniel Salinas, a que entregue diversos documentos sobre la intervención de Casa de Galicia en los próximos diez días hábiles. El dirigente pachequista había anunciado en entrevista con El Observador que también demandaría al ministro cabildante y al gobierno por su proceder en la liquidación de la mutualista.
La intimación elevada el 17 de noviembre ante el Juez Letrado de Primera en lo Contencioso Administrativo, a la que accedió El Observador, arremete contra Salinas –ya no solo al MSP– por ser el "firmante personal del cúmulo de decisiones adoptadas contra" la mutualista. El abogado Fernando Duro Bado enumeró en el documento una serie de requerimientos al ministro y al Poder Legislativo.
Iglesias requirió que en los próximos diez días hábiles –contados desde el pasado jueves– se entreguen todos los expedientes y antecedentes referidos a la resolución del 26 de octubre del 2021 en que el Poder Ejecutivo decidió intervenir la institución. Solicitó en este sentido todas las resoluciones de la Junta Nacional de Salud desde el 1° de marzo del 2020 hasta esa fecha referidos al tema, y todas sus actas de sesión.
El expresidente de Casa de Galicia puso la mira en todos los informes que se hayan remitido a la Junta Nacional de Salud (Junasa) sobre el estado de la mutualista, "en particular los informes de los veedores" labrados por el contador Jorge Pereyra y el doctor Luis Frasccini. Iglesias había alegado sobre estos últimos que el extitular de la Junasa, Luis González Machado, le negaba el acceso a los informes, en los que se dijo "con mucha mala fe" que él había desviado fondos del fideicomiso del Estado para otros usos, cuando "eso no es posible porque el control lo hace Afisa y no paga lo que no dice el fideicomiso".
"No estoy diciendo que él los pidiese en esos términos (que esa afirmación se incluyera en los estudios), pero es muy curioso que llegasen informes de su propia repartición diciendo que yo tomaba decisiones violando el estatuto y la estructura de funcionamiento de Casa de Galicia. Que tomaba decisiones de forma inconsulta con la asamblea, sin voluntad y sin conocimiento de los socios", había dicho en entrevista con El Observador.
En la intimación pidió además cualquier expediente que se haya tramitado en el MSP sobre el tema durante ese período y todas las actuaciones en conjunto con la Asesoría Macroeconómica y Financiera del Ministerio de Economía y Finanzas sobre Casa de Galicia.
En el listado de la información requerida en la Justicia incluyeron todos los informes que la institución haya remitido a las autoridades, los informes que se hayan elaborado desde el área jurídica del MSP respecto al tema, "informes contratos, decisiones, instrucciones, recomendaciones y toda otra actuación generada por la Comisión Interventora de Casa de Galicia designada por el Poder Ejecutivo", todas las actuaciones que hayan conducido a instalar esos veedores y la constancia de quiénes tuvieron acceso al expediente o los legajos internos, "especialmente los inherentes al contacto de la Junasa y el MSP".
También pidieron todas las actas notariales de escribanos del MSP sobre la situación de Casa de Galicia, las actuaciones que hayan elaborado los interventores desde el 26 de octubre a la fecha, el certificado contable con el monto total adeudado por el Estado a Casa de Galicia "por el concepto que fuere"; todas las resoluciones judiciales haya habido durante el proceso y el documento de rescisión del contrato de gestión entre la Junasa y la mutualista.
Al Parlamento le exigieron la constancia de todas las comparecencias vinculadas al tema, así como la discusión parlamentaria que facultó en febrero de este año a que el Poder Ejecutivo definiera a qué prestadores redistribuir a los socios de la mutualista de raíces gallegas.
Iglesias considera que esos datos están pedidos desde el 20 de abril y que en la cartera de salud siguen pasándolo por alto.
El MSP había denunciado penalmente a la gestión de Iglesias por presuntas irregularidades, bajo la premisa de que incurrió en delitos de apropiación indebida, asociación para delinquir, estafa, libramiento de cheque sin garantía, libramiento de cheque sin fondo y usura. En ese catálogo se incluyen la compra de una clínica de los hermanos Leborgne por US$ 3,5 millones sin tasar su precio y sin "informes técnicos de ningún tipo", así como también el retiro de US$ 180 mil de un cambio sin pasar por las arcas de la mutualista por parte de Iglesias.
