"Hay centros en que las condiciones son espeluznantes", sentenció este domingo Pablo Bartol, el ministro de Desarrollo Social, al referirse a los residenciales de ancianos en Uruguay. Las cifras oficiales avalan esta afirmación: en una centena de ellos ni siquiera se respetan los derechos más básicos.
De los 1.208 geriátricos registrados en el país, solo 41 cuentan con la habilitación del Ministerio de Salud Pública, y hay residenciales de los que ni siquiera hay datos disponibles porque funcionan en la informalidad.
La muerte por coronavirus de dos ancianos institucionalizados este fin de semana, a la que se le suman los contagios derivados de estos casos, puso la lupa sobre un tema de larga data en Uruguay: la falta de control sobre los residenciales.
Fallas edilicias, incendios, maltratos de los funcionarios a los residentes y lentitud en los procesos de habilitación han sido denunciados a lo largo de los años, pero por ahora, de acuerdo a lo planteado en la conferencia de prensa del domingo, sin una solución eficiente.
La emergencia sanitaria exige una respuesta rápida. La mitad de las muertes por coronavirus en Europa se produjeron en estas instituciones, según la Organización Mundial de la Salud, que advirtió sobre la posibilidad de que los geriátricos se conviertan en focos de contagio.
En julio de 2017, el Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) se propusieron crear un registro público donde quedara documentado el estándar de calidad de cada uno de los locales funcionando.
"El universo total de residenciales en Uruguay es de 900 casas. La gran mayoría de ellas no califica para poder funcionar", contó un año después Raquel Rosa, la entonces directora general de Salud Pública. De los 900 residenciales que funcionaban entonces, 732 no cumplían los requisitos básicos para abrir las puertas al público, mientras que 140 incumplían con una parte de las exigencias.
El Ministerio clausuró ocho residenciales después de constatar "situaciones graves" allí. La gran mayoría de ellos tenía preocupantes problemas a nivel edilicios, poca calidad de higiene y deficiente asistencia técnica profesional.
En esa oportunidad, Rosa reconoció que el gobierno no tenía cómo ubicar los residenciales clandestinos sin una denuncia. A partir de los reclamos que recibe el ministerio, las autoridades se trasladan hasta el domicilio denunciado y allí realizan una inspección sorpresa, la que hace posible que se los clausure.
Pero incluso si hay una denuncia, se realiza una inspección y se clausura el residencial, no hay garantías de que el local deje de funcionar en la clandestinidad. Como muestra de ello basta el caso de un hogar en Cerro Largo que siguió recibiendo nuevos residentes durante tres años, a pesar de que el Mides lo clausuró una y otra vez. O el del centro en Flores que había sido clausurado dos veces, que atendía a pacientes psiquiátricos de manera irregular e incluso eran maltratados.
Los residenciales agremiados estiman que, para poder garantizar los servicios, como mínimo deben cobrar $ 34 mil mensuales por anciano. Algunos centros cobran entre $ 3.000 y $ 9.000 por ese servicio, según las cifras oficiales relevadas en 2018. En el otro extremo están los residenciales que cobran $ 120.000 por mes.
Sin embargo, los residenciales agremiados reiteran que no tener la habilitación no es sinónimo de malas condiciones para los ancianos. “El MSP no controla, el Mides tiene algunos controles más. Nosotros vamos a poner algún control como asociación", puntualizó en julio de 2019 Sabino Montenegro, presidente de la Asociación de Residenciales del Adulto Mayor (Aderama).
Las autoridades del Poder Ejecutivo señalaron que el foco infeccioso se produjo porque no se cumplió el protocolo diseñado especialmente para los residenciales. Estas fueron las exigencias para los dueños de los establecimientos, divulgadas a los días de decretada la emergencia sanitaria:
Podés leer sobre el resto del protocolo en esta nota, que también explica las medidas de precaución para los trabajadores.
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