Nacional > Parlamento
Reforma educativa: Fenapes anuncia "fuerte" conflicto y llama a discutir sobre liceales que "padecen hambre"
La Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria (Fenapes), con "total tranquilidad", adelantó en el Parlamento un "profundo y fuerte conflicto" para los dos próximos años si el gobierno mantiene su decisión de avanzar con la "imposición" de la reforma educativa planteada en el Marco Curricular Nacional, que se suma a varios aspectos que están generando una "sensación de desánimo, de desamparo y de ataque" en los docentes sindicalizados.
Una delegación encabezada por el presidente del sindicato, José Olivera, se presentó en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados para hacer una "primera reflexión" en torno a la reforma que promueven las autoridades. Un plan que, remarcó, genera un rechazo generalizado entre los docentes y en cuyo documento base hay "frases textuales" de informes elaborados por el Banco Mundial, que está financiando el "carnaval electoral" con el que el Consejo Directivo Central (Codicen) está difundiendo la necesidad del nuevo marco.
Olivera acusó a las autoridades de querer imponer la reforma a través de un mecanismo elaborado por ese organismo internacional. En ese sentido, dijo que eso tendrá consecuencias. "Imponer una reforma de este tipo a partir de 2023 va a generar una respuesta", advirtió. El sindicalista llamó al Parlamento a reflexionar sobre la instalación de un escenario que "claramente será de conflicto" y que se extenderá a todos los sistemas, incluido el movimiento estudiantil.
"Cada vez que se fue por el camino de la imposición, nos guste o no, se ha encontrado resistencia y se han generado conflictos", recordó. Cuestionó además que esa imposición se quiera hacer coincidir con la próxima campaña electoral y en un gobierno al que solo le quedarán dos años de gestión.
La reforma educativa fue uno de los principales compromisos asumidos por la coalición de gobierno y fue también una de las prioridades que fijó el presidente Luis Lacalle Pou el pasado 27 de marzo, una vez que, tras el referéndum, quedó firme la Ley de Urgente Consideración (LUC). Una discusión que se acerca ahora en el Parlamento es qué recursos habrá en la Rendición de Cuentas para destinar a los cambios que pretenden implementarse en la educación.
En la conferencia, Olivera se preguntó si no se debería generar un debate sobre desafíos "reales y concretos" que enfrenta hoy el país. "Acá hay un déficit de alimentación de nuestros estudiantes", afirmó. "No hay turno en un liceo en el que un adscripto no reciba siete, ocho, nueve o diez muchachos por día diciendo de alguna forma 'tengo hambre'".
Una "cruda realidad" que fue ratificada en las últimas horas por los integrantes del núcleo sindical del Liceo 49, ubicado en la zona de Hipódromo de Maroñas. "Vemos día a día a estudiantes que se acercan comentando que no han comido", señalaron los docentes en un escrito al que accedió El Observador. "Sí, hambre", remarcaron. "En este 2022 debemos afirmar que muchos de nuestros jóvenes padecen hambre", remarcaron. Al respecto los docentes enviaron un petitorio a la Dirección General de Educación Secundaria (DGES) solicitando apoyo.
Algunos no se sacrifican
En el Parlamento, Olivera dijo ver una contradicción entre los reclamos de una transformación educativa por parte del gobierno y el oficialismo con el "recorte" promovido por la actual administración. El sindicato insistió en que los últimos dos años hubo un recorte de US$ 80 millones en el presupuesto de la Anep, que pasó de US$ 1.922 millones en 2020 a tener para ejecutar US$ 1.842 millones en 2022. Para el dirigente, la realidad "mata el relato": la prioridad del gobierno en el marco de su política económica ha sido atender la política fiscal.
La mayoría de ese "recorte" −unos US$ 71 millones− se produjo el año pasado. Un momento crítico, recordó, para asegurar el acceso y la continuidad educativa en un contexto de pandemia, en un momento en que están ingresado al bachillerato una cohorte de estudiantes que cursó las dos terceras partes del ciclo básico bajo emergencia sanitaria. Así, advirtió, si no se refuerza la atención para contemplar las dificultades o carencias de este período, los problemas se arrastrarán por lo menos tres o cuatro años más.
Según Olivera, el mayor componente de ese ajuste estuvo asociado a los recursos humanos. Según dijo, el poder de compra de los trabajadores de la educación se redujo 7,96% en 2021.
Fenapes estima que esto respondió a una "decisión política", que se tradujo en la eliminación de 40 mil horas docentes. La mitad, dijo Olivera, responde a la reducción de la coordinación pedagógica de carácter universal que afectó a unos 1.000 profesores. Al mismo tiempo, cuestionó, se mantuvieron las horas de coordinación para las nuevas experiencias promovidas por la actual administración. "Comenzamos con la política de discrecionalidad de los '90 a la hora de generar condiciones de trabajo", dijo el dirigente.
A eso la federación le sumó un déficit de entre 2.000 y 2.500 auxiliares de servicio en los centros de Secundaria.
Al mismo tiempo, a la Fenapes le llama "poderosamente la atención" una serie de designaciones en cargos de confianza en el Consejo Directivo Central (Codicen), junto con la adjudicación de compensaciones salariales en los distintos subsistemas. Olivera denunció allí "aumentos discrecionales" para la directora de Planificación Educativa, Adriana Aristimuño, y para el director de Gestión Institucional, Héctor Buzón. "Por primera vez desde la existencia de la ANEP, dos gerentes cobran más que los consejeros", afirmó Olivera. "Es un dato interesante, porque el llamado del gobierno era que todos nos teníamos que sacrificar", dijo. "Bueno, algunos no se sacrifican".
El sindicato también cuestionó la designación del exsubjefe de Policía de Canelones, Johnny Trías, "obviamente militante de un partido de la coalición", como asesor en seguridad pública del Codicen. "No es un comisario retirado que pasó por allí", ironizó. La lista siguió: en los últimos dos meses, dijo, aparecen contrataciones de "expertos en comunicación".
Según la Federación, Secundaria y UTU concentran US$ 14 millones de recortes este año. A su juicio esa es la explicación de la existencia de grupos superpoblados, con una falta generalizada de auxiliares administrativos y de servicio. En el caso de Educación Media, los números del sindicato indican que a mediados de abril había más de 72 mil horas docentes no asignadas. Así, dijo, mientras en los turnos nocturnos se cerraron cantidad de cursos, en otros hay hasta 95 inscriptos por clase.
Al respecto Olivera se hizo una pregunta: a dónde fueron los fondos que deberían haberse destinado a cubrir esas horas. El dirigente aventuró que para el próximo año lectivo habrá serias dificultades, motivadas sobre todo por el nuevo sistema virtual de elección horas. El sindicalista habló allí de "irregularidades" y de una "multiplicación de gastos" a raíz del nuevo mecanismo.
