Fiscalía de Guatemala pide quitar fueros a los miembros del Tribunal Electoral

La solicitud fue interpuesta ante la Corte Suprema de Justicia “por la posible comisión de los delitos de fraude, incumplimiento de deberes y abuso de autoridad” por los cuatro magistrados titulares e igual número de suplentes, le dijo a la prensa el vocero de la fiscalía, Juan Luis Pantaleón.

El portavoz precisó que la acción legal se realiza por una denuncia presentada el 29 de junio pasado en contra del pleno de magistrados del TSE y contra el departamento informático de la entidad.

Pantaleón detalló que los magistrados pudieron incurrir en posibles irregularidades al suscribir un contrato administrativo por el programa informático para la Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP).

El TREP fue adquirido por unos US$ 19,3 millones a una empresa local y sirvió para el conteo de las actas electorales que ingresaban al sistema y agilizar los resultados preliminares de los comicios.

Para la fiscalía, los altos funcionarios cometieron fraude al Estado al adquirir un servicio unos US$ 4,5 millones más caro que el ofertado por otra empresa.

El ministerio público fiscal, dirigido por la fiscal general María Consuelo Porras Argueta, había pedido en su momento la inhibición del partido Semilla, del electo presidente Bernardo Arévalo por supuestas irregularidades en la inscripción de afiliados para su creación en 2017.

El 14 de setiembre, Arévalo pidió retirar la inmunidad a Porras Argueta y al juez Fredy Orellana, a quienes acusa de orquestar un “golpe de Estado” para no dejarlo asumir el cargo en enero de 2024.

La persecución legal contra Semilla comenzó después de que Arévalo quedara segundo en las elecciones del 25 de junio y pasara al balotaje, en el que derrotó el 20 de agosto a la ex primera dama Sandra Torres.

La presidenta del TSE, Irma Palencia, rechazó la acusación en rueda de prensa y argumentó que la firma ganadora “era más eficiente, robusta, nos ofrecía planes alternos y la otra no tenía el grado de madurez que estábamos buscando”.

Asimismo, expresó su preocupación por la persecución emprendida por la fiscalía, tras anunciar que están analizando “cuál va a hacer la postura legal que vamos a tomar ante esto, aunque por supuesto es un juicio político y eso lo tenemos totalmente claro”. 

Según la fiscalía, entre las ilegalidades también figura que la empresa proveedora del software recomendó a la entidad que funcionó como supervisora “usurpando funciones públicas y propias del Tribunal Supremo Electoral, como lo es la sumatoria y transmisión de los votos”.

Esa acción “es ilegal porque existe un conflicto de intereses, ya que no se puede tener una supervisión por una entidad que el mismo proveedor recomienda”, insistió.

Pero Palencia aseguró que los resultados ofrecidos por la TREP no eran vinculantes y el conteo de votos es responsabilidad de las mesas receptoras de votos integradas por ciudadanos y fiscales de los partidos políticos.

(Con información de AFP)