Fracasa proyecto sobre voluntariado pero el Frente Amplio quiere retomarlo en 2019

"Para suerte de los voluntarios ese proyecto está muerto, eso quedó liquidado después de aquel debate que hubo. Antes que aprobar un proyecto que los liquidara mejor es que no se haya aprobado nada", dijo Mieres, uno de los impulsores de la idea original del proyecto que cree "nada tiene que ver" con la idea actual. "Después de que lo devolvimos por tercera vez a la comisión ya no volvió más", aseguró el senador a El Observador en la misma jornada que se celebra el Día Internacional de los Voluntarios.

Payssé, por su parte, cree que el proyecto de ley no volverá al Senado en el 2018 pero espera que el año que viene, en el último período de la legislatura, la novela llegue a su fin. "En este momentos el proyecto está en comisión y como estamos próximos al receso parlamentario, retomar este proyecto ahora con los idas y vueltas que tuvo, no parece ser lo más acertado", dijo. "En este tiempo estuvimos viendo un poco cuáles eran las dificultades como establecer las diferencias entre lo que puede ser el voluntariado personal y el que surge como consecuencia de empresas o asociaciones que se dedican al voluntariado, las posturas vinculadas a cubrir con un seguro a los voluntarios y en qué casos surgirían, entre otras cosas", agregó.

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La senadora frenteamplista aseguró que el tema de "la informalidad encubierta con el ropaje del voluntariado" se estuvo trabajando también en el Ministerio de Trabajo, entre otros temas que creen que quedaron "saldadas!. Payssé señaló que "como hay una cantidad de aristas desde donde abordar el proyecto" decidieron "que no era el momento de retomarlo, por lo tanto el proyecto está en comisión y cuando se levante el receso parlamentario" evaluarán cómo proceder.

Cambios en el proyecto

Originalmente la iniciativa pretendía establecer mecanismos para fomentar las acciones de colaboración mediante estrategias que impulsaran al voluntariado. Pero en el transcurso de los años, el proyecto ha ido incorporando diferentes aportes que acabaron modificando el espíritu inicial de la norma. "Convocaron al Ministerio de Trabajo y el concepto que operaba desde esa lógica era el de perseguir eventuales evasiones de relaciones laborales", explicó Mieres.

El senador definió que la iniciativa arrastra cierta "paranoia" de creer que el voluntariado es sinónimo de relaciones laborales encubiertas.

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El actual proyecto de ley especifica que toda actividad de voluntariado permanente debe ser dada de alta ante el Ministerio de Trabajo, donde se declare formalmente quiénes son los individuos involucrados. En caso de que se omita este paso, el Estado presumirá que la relación laboral existe de forma encubierta y se sancionará con una demanda laboral sobre la entidad responsable. La inspección General del Trabajo y la Seguridad Social tendrá la potestad de efectuar el contralor del cumplimiento de las disposiciones que contempla la ley y, en caso de detectar infracciones, tendrá la competencia para sancionar.

Asimismo, la institución que promueve la acción solidaria deberá asumir una póliza de seguros cuando la actividad suponga riesgos de accidentes para la persona que lo realiza. El proyecto también prevé, entre otros puntos, la realización de un examen psicofísico para el voluntario que trabaja. "Para regular mal, yo prefiero que se dejen las cosas como están", concluyó Mieres.

Críticas de la oposición

El proyecto de ley, que en diciembre de 2017 entró en el Senado para que se votara y que fue postergado primero para mayo del 2018, luego para el 17 de julio y finalmente para agosto, generó mucho rechazo desde filas opositoras.

"Estamos estableciendo que los curas y los rabinos se registren en el Ministerio de Trabajo y que inscriban allí a todos los religiosos", apuntó el senador colorado Pedro Bordaberry en julio, y acusó de estar "regulando a las iglesias". Según el legislador, el proyecto está "mal redactado y necesita de mayor trabajo y profundidad".

"El 90% de la ley se dedica a trancar al voluntariado. De 31 artículos que tiene, dos hablan de la promoción y 29 del control y fiscalización", detalló Bordaberry aludiendo que el problema del Uruguay son las trabas regulatorias y "con esto se está trabando algo que de por sí funciona bien solo". El legislador sugirió que el proyecto vuelva a ser estudiado para que se facilite la actividad a aquel uruguayo que quiera ayudar y no se obstaculice el mecanismo.

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La senadora nacionalista Carmen Asiaín (suplente) aludió dijo en el debate que se dio a mitad de año que la ley promueve un "Estado pulpo que se mete a controlar" las relaciones más intimas de colaboración.

"¿Por qué se les obliga a realizar un registro en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social si el voluntariado no es un trabajo ni recibe seguridad social? ¿Y por qué la actividad debe quedar bajo la órbita de dicho ministerio si no es competencia de su cartera?", se cuestionó la senadora y se refirió a la dificultad que supone para los entidades voluntarias implementar las obligaciones descriptas además de asumir el costo económico que implica la norma. "Esto ahuyenta a los voluntarios, es sumamente engorroso", concluyó.

Su par Javier García manifestó en esa instancia que "la gente que redactó el proyecto nunca hizo una actividad de voluntariado en su vida" y definió la iniciativa como una propuesta para "estatizar la solidaridad". Criticó que se le pida un examen psicofísico a quien vende, por ejemplo, tortas fritas en un partido de baby fútbol para juntar dinero para el club y, también, que una entidad voluntaria con pocos recursos deba abonar un seguro por accidentes para sus colaboradores. "Esto es no conocer la realidad", remató y valoró que hay cosas que no admiten la custodia del Estado.