El caso de
Brissa González, una niña de 12 años abusada y asesinada por un hombre con dos antecedentes penales, uno por violación y otro por atentado violento al pudo, puso en agenda la discusión sobre si Uruguay debería tener un registro de abusadores sexuales.
En principio, esta solución tiene el respaldo de casi todo el sistema político pero los expertos en el tema advierten que un registro abierto a todo público y por tiempo indefinido, puede violar la Constitución.
Por su lado, el senador nacionalista Luis Lacalle Pou volverá a insistir con un proyecto de ley que presentó en 2008 y en el que proponía crear un Registro Nacional de Violadores y Abusadores de Menores de acceso público, una idea que ahora está dispuesto a apoyar el senador colorado Pedro Bordaberry, según declaró en el programa Inicio de jornada de Radio Carve.
En el mismo sentido, este lunes el presidente Tabaré Vázquez dijo a la prensa que hay que estudiar la posibilidad de crear un registro público de abusadores. "Hay que instrumentarlo y trabajar al respecto, y tener todos los medios disponibles para luchar contra esta grave patología que no es solo del Uruguay", agregó.
En tanto, el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, dijo a la salida del
Consejo de Ministros que está de acuerdo con que haya un debate sobre la posibilidad de crear un registro de abusadores porque "hay países que lo tienen, que les ha dado resultado".
De hecho, la ley contra la violencia hacia las mujeres basada en género que la comisión de Población y Desarrollo del Senado llevaba estudiando desde el 11 de abril de 2016, y que la cámara alta aprobó el 14 de noviembre, incluye un artículo que implícitamente crea un registro de abusadores.
Según señala el texto, "las sentencias de condena" en delitos sexuales, desde el abuso y violación hasta distribución de pornografía infantil, "conllevarán en todos los casos la pérdida o inhabilitación (...) para el ejercicio de funciones públicas y privadas en el área educativa, de la salud y todas aquellas que impliquen trato directo con niñas, niños y
adolescentes, personas con discapacidad y personas mayores en situación de dependencia, cargos públicos o privados en la educación o la salud".
Según dijo a El Observador la senadora frenteamplista Daniela Payssé, para que se pueda reglamentar este artículo, una vez que la Cámara de Diputados apruebe definitivamente el proyecto, se deberá generar algún "complemento" normativo que permita crear un registro de abusadores, que pueda ser consultado por organizaciones que contraten personal para trabajar con la población de riesgo aludida en la ley.
Payssé –quien integra la comisión que analizó el proyecto– admitió que no se profundizó en la forma en la qué se reglamentará ese artículo, y dijo estar afín a la creación de un registro de abusadores.
Asimismo, el senador del Partido Independiente, Pablo Mieres, dijo que ese artículo "establece las condiciones" para crear un registro de abusadores al que solo tendrían acceso las instituciones involucradas.
Por su parte, la senadora nacionalista Verónica Alonso –quien también integra la comisión que estudió este proyecto– dijo a El Observador que este artículo inhabilita a los abusadores para desempeñar "todas aquellas" tareas que impliquen contacto con el público de riesgo, y no solo el caso de las áreas de la salud y la educación.
Recordó que, por ejemplo, en el caso de Brissa, el agresor era taxista, lo que le daba ocasión de estar en contacto con menores.
Asimismo, Alonso dijo que si bien "puede entenderse" que la normativa ya votada en el Senado contemple un registro de abusadores, es necesario legislar para ampliar la información que recoja y también sus usos. "En Estados Unidos, por ejemplo, cuando una persona va a comprar una propiedad, puede mirar si en ese barrio hay abusadores en la zona. Eso me parece que es razonable", opinó Alonso. Para la senadora, la ley que cree el registro debería permitir que sea de acceso público, y prohibir que los abusadores vivan a una cierta distancia de centros educativos .
Propuestas descartadas
En setiembre de 2016 las diputadas coloradas Graciela Matiaude, Cecilia Eguiluz, Susana Montaner, Valentina Rapela y Nibia Reisch presentaron un proyecto de ley para crear el Registro de Inhabilidades para Condenados por Delitos Sexuales, que impedía que personas con antecedentes de delitos sexuales puedan trabajar con niños. Según este texto, que nunca fue tratado en el Parlamento, tendrían acceso a ese registro las autoridades judiciales y "quienes justifiquen ser padres en el ejercicio de la patria potestad, tutores, curadores o quienes tengan la guarda del menor de edad o persona incapaz conferida por mandato judicial".
El proyecto presentado en 2008 por Lacalle Pou habla de la creación del Registro Nacional de Violadores y Abusadores de Menores que funcionaría bajo la órbita del Ministerio del Interior y que sería público.
En ese registro se incluye nombre y apellido de aquellas personas con antecedentes de delitos sexuales, fotografía actualizada, trabajo que desempeña y domicilio. También lo obliga, por un plazo de 15 años, a mantener informada a Justicia acerca de si cambia de trabajo o de domicilio.
¿Constitucional?
Para el constitucionalista Martín Risso, la creación de un registro de abusadores sería constitucional siempre que este no sea público, porque de lo contrario se estaría violando el derecho de las personas a mantener su identidad en privacidad. A su juicio, no habría problema que esa información la tengan instituciones educativas o la Policía. El también constitucionalista Eduardo Esteva dijo que es necesario definir durante cuánto tiempo alguien estaría en esa lista. Si fuera ilimitado entonces "podría" ser inconstitucional.
