Gobierno busca alternativas para no aplicar Imesi previsto en la ley de residuos

Hoy los roles están invertidos y el nuevo oficialismo tiene a cargo la reglamentación de la norma, que pretende culminar antes de diciembre de este año. Sin embargo, el gobierno busca "alguna alternativa" a la disposición sobre el impuesto, según informó a El Observador el subsecretario de Ambiente, Gerardo Amarilla. 

"Ahí tenemos un debate que está pendiente sobre si es pertinente en este momento o no elevar los impuestos", expresó el jerarca. "Hay que ver el contexto de las condiciones macroeconómicas del país y también ver si no tenemos otras herramientas", añadió.

La ley estableció la responsabilidad extendida de los generadores o fabricantes en la gestión de residuos especiales, salvo aquellos que estuvieran gravados. El artículo 42 determinó "la aplicación de un impuesto sobre los envases vertidos al mercado, que se calcularía sobre la base de un monto fijo por unidad física enajenada, sin poder exceder las 10 unidades indexadas (UI) por kilogramo".

A valores actuales esto implicaría, por ejemplo, la posibilidad de imponer una carga de hasta $50 por cada 33 botellas puestas en circulación —si se asume que cada unidad pesa en el entorno de 30 gramos— por una compañía. 

Por otro lado, la ley fijó nuevas tasas —y sus respectivos topes— a aplicar sobre el Imesi de otro tipo de productos importados. En concreto, las bandejas, cajas descartables, vasos, platos, cubiertos, sorbetes y demás utensilios descartables, y las bolsas plásticas de un solo uso podrían tener una carga a ese tributo de hasta un 180%, mientras que el film plástico de embalaje podría acarrear una tasa máxima del 120%. 

Con estas disposiciones sobre la mesa, el Poder Ejecutivo quedó facultado —mediante reglamentación— para fijar tasas y montos diferenciales para los distintos tipos de bienes según el tipo de material, volumen, peso, factibilidad de reciclado y la significancia del impacto ambiental asociado a su disposición final.

"La voluntad es buscar alguna alternativa para no aumentar impuestos", declaró Amarilla al respecto. "Porque en definitiva los impuestos aumentan el producto y aumentan el costo de vida del consumidor. Afecta en todas las variables económicas del país", sostuvo, y añadió que hay que lograr un balance positivo entre lo ambiental y lo macroeconómico. 

Consultado sobre los mecanismos a estudio, el subsecretario indicó: "No me gustaría adelantar porque en definitiva son alternativas que se están analizando con el Ministerio de Economía (MEF) en reuniones bilaterales". Desde la cartera encabezada por Azucena Arbeleche se limitaron a replicar que el tema "se sigue estudiando" y que "todavía no hay nada definido".

Debate pendiente

A fines de abril el Ministerio de Ambiente emitió una resolución en la que se fijó como meta para el 31 de diciembre de 2023 la obligación de "alcanzar el 30% de valorización en peso global de materiales, con una valorización mínima del 20% por material”. El tema está regulado desde 2004 por la ley de Envases, en cuyo marco funcionan hoy las plantas de clasificación en distintos departamentos, que mantienen a la fecha un nivel de recuperación mucho menor al propuesto por el gobierno para el futuro. 

La disposición propició un choque con la Cámara de Industrias (CIU) cuyo presidente Alfredo Antía declaró a La Diaria que “no se pueden fijar objetivos de máxima, como lo hace esta nueva norma, sin cambiar la gobernanza actual, que claramente es un fracaso”. La institución presentó un recurso administrativo contra la resolución impulsada por la cartera del colorado Adrián Peña. 

Lo cierto es que la CIU contrató una consultoría a Ventus y Reacción para hacer un estudio en profundidad sobre la realidad del Plan de Gestión de Envases (PGE), informó a El Observador el referente de Desarrollo Ambiental de la Cámara, Julio Sosa. El PGE está basado en un fideicomiso con el que las industrias financian distintos dispositivos —como las plantas de clasificación— para recuperar los bienes que circulan en el mercado. 

Sosa contó que desde el gobierno no han habido señales en pos de aplicar el Imesi previsto en la ley de Residuos, al tiempo que desde la institución se apuesta en cambio por modificar el PGE, que está enmarcado en una norma distinta. Más allá del recurso administrativo presentado a las resoluciones del Ministerio de Ambiente, la CIU tiene como objetivo poder adecuarse a las metas plantadas. 

Cuando la ley estaba a estudio en el Parlamento, el organismo fue uno de los que salió al cruce de las disposiciones impositivas. La CIU señaló en aquella fecha que la aplicación del impuesto generaría un incremento de precios de productos de uso diario, que aumentaría el costo de vida y que eso afectaría negativamente la "ya delicada competitividad de las empresas nacionales". 

La institución encabezada entonces por Gabriel Murara afirmó que en el texto se "prioriza el fin recaudador" por sobre el ambiental. "Abundan los ejemplos de programas que promueven la responsabilidad extendida del productor por sobre la aplicación de un impuesto, destacándose el ejemplo de la Unión Europea con quien acabamos de firmar un acuerdo histórico dentro del Mercosur", subrayó. 

El exdirector nacional de Medio Ambiente durante el gobierno del Frente Amplio, Alejandro Nario, llegó a afirmar que "hubo un gran lobby de las grandes empresas para que la ley no se aprobara". 

El punto referido al Imesi marcó el debate parlamentario. El exdiputado del Partido Independiente —cuyo lema no votó la norma en general—, Andrés Carrasco, argumentó entonces que la ley "lo que se hace es establecer un impuesto y no buscar la reducción de los residuos, la reutilización y el reciclaje”. 

Jorge Gandini, por su parte, sostuvo en aquella fecha que el Partido Nacional acompañaba el proyecto aunque había que ser " muy cuidosos con los impactos que va a tener crear un nuevo impuesto que va a Rentas Generales en los primeros años". "No sabemos cuánto va a recaudar ni cuál va a ser el destino porque no hay plan de gestión donde aplicarlo y porque la ley deja a la reglamentación una cantidad de aspectos sustanciales”, alegó el dirigente.

En tanto la diputada colorada Cecilia Eguiluz manifestó que compartía en general el proyecto, pero no acompañaba la creación de un nuevo impuesto, que calificó de “favorable para las arcas del Estado, pero no para las industrias”.