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Proyecto de ley de residuos peligra por falta de acuerdo sobre financiamiento
La aprobación de la Ley de Uso Sustentable de Bolsas Plásticas fue celebrada por el gobierno como el mayor logro medioambiental de esta gestión. El consumo se redujo 80% desde su implementación, según las estimaciones oficiales. Sin embargo, enseguida comenzaron los cuestionamientos acerca de por qué el Poder Ejecutivo solo obligó el pago de estas bolsas –que se comercializan a un mínimo de $ 4– y no incluyó en la normativa otros productos plásticos. La respuesta que el director de Medio Ambiente, Alejandro Nario, dio a El Observador entonces fue la siguiente: "Todos los demás productos están contemplados en la Ley de Gestión Integral de Residuos".
Este proyecto de ley está siendo tratado en la comisión de Medio Ambiente del Senado desde octubre del año pasado. A menos de dos meses de que comience el receso de la Asamblea General, que por ser este un año electoral se extenderá hasta el 15 de febrero, los legisladores no se ponen de acuerdo acerca de si la norma impulsada por el Poder Ejecutivo va a poder ser aprobada durante esta administración.
"No creo que haya margen. Nario está presionando bastante para que salga, pero tenemos grandes diferencias", afirmó la senadora nacionalista Carol Aviaga, quien integra la comisión de Medio Ambiente. El legislador oficialista Leonardo de León, en cambio, manifestó su optimismo: "El proyecto tiene 71 artículos y solo falta discutir dos o tres sobre los que no hay consenso. Si no se termina de votar hoy –día en que se reunirá la comisión–, se termina en la próxima sesión".
En tal caso, la discusión se trasladará a la Cámara de Representantes. Aviaga indicó que, teniendo en cuenta el receso que iniciará el 15 de setiembre, "no se va a poder discutir en 15 días", pero De León recordó que hay mecanismos para hacer que la consideración de la norma no se vea interrumpida.
El financiamiento de la ley: "el punto neurálgico" de la falta de acuerdo
¿Por qué es tan importante la aprobación? La norma promueve el desarrollo sostenible a partir de la prevención y reducción de los efectos que genera la producción de residuos, a la vez que los considera como una materia reutilizable, reciclable e incluso capaz de generar empleo. Para ello, interpela a todos los actores de la sociedad que tienen contacto con los residuos: los fabricantes del envase, la empresa que lo usa para contener sus productos, los supermercados en donde se vende, los consumidores, los gobiernos departamentales que se encargan de su gestión y los recolectores que trabajan en la informalidad. "Es importantísimo que exista este marco jurídico, porque la gestión actual de los residuos es un desastre", remarcó De León.
Sin embargo, con la Ley de Gestión Integral de Residuos sucede lo mismo que con muchas otras normas en Uruguay: hay voluntad de todos los partidos, pero no hay consenso sobre su financiamiento. El proyecto del Ejecutivo indica que el dinero con el que se pondrá en marcha el plan se generará con el cobro del Impuesto Específico Interno (Imesi) sobre el valor de los productos contenidos en los siguientes envases: no retornables (5%); bandejas descartables (180%); film plástico usado como embalaje (20%); vasos desechables (180%) y bolsas plásticas usadas para transportar bienes y productos (180%). Asimismo, prevé multas para quienes incumplan con algunas de las disposiciones ordenadas por la ley.
Este es "el punto neurálgico" de por qué la comisión –integrada por el senador independiente Daniel Bianchi y los frenteamplististas Mónica Xavier y Daniel Garín, además de por De León y Aviaga– no se pone de acuerdo, según la legisladora blanca. "El financiamiento de la gestión de los residuos que todos generamos va a recaer en un 10% de la cadena, que son las empresas que van a tener que pagar ese Imesi", expresó.
Los reclamos de la industria
En la misma vereda se posicionan las cámaras industriales. De hecho, la Cámara de Industrias emitió un comunicado para dejar constancia de las "profundas discrepancias" que tiene con el proyecto de ley. Quienes la integran apuntaron contra el supuesto afán recaudador del gobierno, reclamaron que no se tengan en cuentas los aportes que hacen y advirtieron sobre el aumento de los precios que tendrán que aplicar para no tener pérdidas económicas con estos productos, entre otros argumentos.
Aviaga suscribió a estos argumentos y explicó que para ella tienen dos contrapartidas. Por un lado, las fuentes laborales se podrían ver afectadas por el impacto económico que la tasa generará a las empresas que utilizan estos envases. Por otro, aseguró, las industrias pueden "pagar el impuesto y deslindarse de responsabilidades, sin realmente ser conscientes del problema que supone la generación residuos".
La legisladora propuso incorporar a la ley una "tasa ambiental", para contar con más presupuesto con el que implementar la norma y asegurar el compromiso de las empresas. Según explicó, todas las empresas deberán presentar un plan de responsabilidad extendida –explicando, por ejemplo, qué tecnología incorporarán para generar un impacto positivo en el medioambiente– y en caso de no tener uno o incumplirlo, serán multadas.
"No es lo mismo poner un impuesto duro que generar responsabilidad extendida en la cadena y que cada empresa se comprometa a generar una economía circular", sostuvo Aviaga. Sin embargo, no desarrolló cómo piensa poner en práctica esta medida o cómo serán fijadas las tasas, aunque aseguró que lo está "estudiando". A propósito de esta propuesta, De León señaló: "A veces cuando coincidimos buscamos las formas de no coincidir. Puede haber alguna diferencia acerca de la redacción, pero en el 95% estamos de acuerdo". La comisión se reunirá este miércoles. A la sesión acudirá un representante de la Dinama para intercambiar sobre los puntos en los que no hay consenso, como ya hizo el viceministro Pablo Ferreri en representación del Ministerio de Economía y Finanzas.
El gobierno está dispuesto a hacer cambios
El 15 de mayo, Ferreri explicó que, tal cual está redactada la ley, el MEF estima que la recaudación oscilará entre entre US$ 60 millones y US$ 80 millones y que, al ser aplicada de forma gradual, no va a "generar un impacto importante en el consumo ni en la inflación". Sin embargo, consideró que sería "interesante" analizar la posibilidad de generar algún incentivo económico para que las empresas "se sientan estimuladas para continuar tratando sus residuos". Como ejemplo propuso deducir parte del Imesi a aquellas compañías que hagan inversiones en el tratamiento de los residuos, según consta en la versión taquigráfica de esa sesión.
El subsecretario de Economía además señaló que en vez de cobrar el Imesi en función de un porcentaje del producto, se podría fijar un precio según el tipo de envase. Por ejemplo: si un supermercado vendiera en la rotisería un alimento envasado en una bandeja de espuma plast, en vez de tener que pagar el 180% de ese producto (como dispone la ley en este caso), pagaría por ese envase un valor fijo.
"Estoy refiriéndome, básicamente, a la forma como se recauda y no al monto; y, por otro lado, a la posibilidad de generar algún estímulo –que sería un agregado– para que las empresas mantengan o tengan incentivos para tratar sus residuos, ayudando así a cubrir los riesgos que presenta este tema para el medio ambiente y sus consecuencias económicas, como ya mencionamos", sintetizó Ferreri.
Tanto De León como Aviaga expresaron que están dispuestos a considerar las modificaciones que sean necesarias para que la norma se apruebe. "El proyecto, salvo matices, ha tenido respaldo de todos los partidos. Es importantísimo que exista este marco jurídico, porque la gestión de residuos actual es un desastre", resumió el legislador oficialista.
