Mientras el gobierno de Yamandú Orsi continúa analizando propuestas para comprar buques OPV para la Armada, una comisión del Parlamento avanza en su investigación acerca del proceso que terminó con la elección de Cardama durante la administración anterior.
Los legisladores recibieron este lunes al contralmirante retirado Mario Diego Vizcay y a José Ruiz, que sigue en actividad y actualmente se desempeña como jefe del Estado Mayor de la Armada.
En su comparecencia, Vizcay detalló que no votó a Cardama sino a Cotecmar y Kership y relató que en ese momento le entregó un documento al comandante Jorge Wilson con los fundamentos de su decisión.
Preguntado acerca de posibles irregularidades en el proceso, el contralmirante señaló que no vio “nada” que le pareciera “fuera de lo normal ni nada que se le parezca”. “Si lo hubiera visto lo tendría que haber denunciado, y para mí no existió ningún tipo de cosa, más allá de que es una decisión tomada y listo”, expresó.
A su vez, relató que en la reunión del 13 de junio en Defensa –dada a conocer por Wilson semanas atrás– no estuvo el entonces ministro Javier García. Dijo que los militares –Wilson, él, Héctor Magliocca y Marcelo da Silva– hablaron de asuntos técnicos y se retiraron, mientras que los otros participantes –el subsecretario Rivera Elgue, Fabián Martínez y Damián Galó junto a Mario Cardama y Gerardo Moreira– siguieron.
“Yo no voté a Cardama como A, B o C. Yo voté para tener un barco. Yo necesito estar en el agua. Si la Armada no está en el agua, no tiene sentido”, sentenció.
La palabra de Ruiz
Tras la presentación de Vizcay, fue el turno de Ruiz, quien se desempeñó como jefe de proyecto mientras fue director general de Material Naval y el tema estuvo en la órbita de la Armada, ya que tras asumir Sandra Lazo el asunto pasó directamente a ser gestionado por el Ministerio de Defensa.
Ruiz relató que hubo demoras en responder a consultas que se hicieron desde el Canal de Marín –que fue donde se hicieron las pruebas del prototipo ofrecido por Cardama– y anunció que recurrirá ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) un arresto a rigor de 15 días que le puso la ministra por demorarse en brindar información.
El contralmirante dio a los legisladores su versión de lo que ocurrió y dijo que un día a las 17.20 le pidieron que a las 17.40 estuviera en una reunión en el Ministerio de Defensa con Damián Rojas y Daniel Marsiglia –dos asesores de la ministra–, y luego en ese encuentro le solicitaron información. “Ahí nos piden un informe, que originalmente iba a ser para el viernes, pero luego dijeron: ‘Mejor capaz que para el jueves’”, expresó.
Tras esto, relató que al día siguiente estaba trabajando en la documentación cuando recibió un llamado del entonces encargado de despacho de la Armada –el hoy comandante José Luis Elizondo– en el que le dijo que estaban “preguntando por el informe".
“Fue un pedido verbal; no hubo nada por escrito”, sentenció.
A su vez, Ruiz dijo que la ministra demoró más de un mes en darle una reunión que le pidió, la cual se concretó en mayo. Antes, el gobierno había cancelado la misión de los oficiales que iban a viajar a Cardama, algo que a su juicio complicaba el proyecto. “Un proyecto por control remoto o por mensaje de correo electrónico es muy difícil de controlar”, dijo y señaló que en ese encuentro no visualizó que hubiera “hubiera una línea clara para dónde seguir”.
En otro momento, los legisladores del Frente Amplio le consultaron sobre la aprobación del plano de la cuaderna maestra. Esa aprobación –mediante una carta de la Armada– habilitó un pago de 8,2 millones de euros y dejó firme una carta de crédito del BROU al Deutsche Bank para los siguientes pagos que se realizaron en el año.
En este sentido, Ruiz relató que recibió el 27 de febrero una comunicación de Cardama que incluía un certificado de Lloyd’s que aprobaba el plano presentado.
El diputado Joaquín Garlo señaló que ese documento difería del que fue elevado al banco por Wilson ya que este último tiene fecha del 5 de marzo y es el que habían visto los legisladores en toda la documentación.
Más allá de esto, Ruiz también reiteró que al recibir la documentación consultó a Marcelo da Silva, el asesor del comandante, sobre cómo seguir, pero este le dijo que la nota de aprobación ya había sido enviada.
“Me entero ahí, en un intercambio por WhatsApp, que ya había sido enviada. Después recibo toda esa información y la información de la nota del almirante Wilson”, expresó.
Las diferencias entre ambos ya habían formado parte de la investigación administrativa que realiza la Oficina Nacional de Servicio Civil (ONSC) y motivaron una ampliación dado que hicieron declaraciones contradictorias.
El 26 “recibimos el diagrama de la cuaderna maestra y los tres contratos. El director de Material Naval me informó que estaba cumplido y se liberó el pago”, dijo Wilson, mientras que Ruiz declaró –algo que reafirmó en el Parlamento– que el plano llegó un día después y fue aprobado en el día.
