La norma genera debate en el Parlamento y en ámbitos jurídicos
“Es uno de los proyectos de ley más importantes del quinquenio”. Estas son las palabras que utilizó el senador del Frente Amplio, Leonardo de León, para definir la normativa de gestión integral de residuos, que fue enviada al Parlamento en junio por el Poder Ejecutivo luego de más de un año de discusión con 28 organizaciones sociales.
El proyecto ha cobrado fuerza y su discusión ha pasado a figurar en el orden del día de las sesiones semanales de la Comisión de Medio Ambiente del Senado, aunque los legisladores tienen diferencias y el panorama no es nada claro respecto a uno de sus puntos neurálgicos, que es la financiación.
El texto fija nuevas tasas al Impuesto Específico Interno (Imesi) para importadores de ciertos productos que contaminan el medio ambiente. Los envases no retornables tendrán una carga de ese tributo de 5%, el film plástico de embalaje de 20% y las bolsas plásticas, vasos descartables y bandejas de materiales descartables de 180%.
Este aumento de impuestos es rechazado por Carol Aviaga (Partido Nacional) y Daniel Bianchi (Partido de la Gente), quienes entienden que no se puede votar en este período ya que violaría el artículo 229 de la Constitución. En la otra vereda se encuentra Daniel Garín (Frente Amplio) que considera que el aumento es constitucional, aunque el principal problema a superar en el partido de gobierno radica en la discusión política acerca de la conveniencia de aprobar una ley que aumenta impuestos en la campaña electoral.
Los constitucionalistas Ruben Correa Freitas y Eduardo Esteva dijeron a El Observador que la normativa tal cual está redactada no viola la Constitución, aunque advirtieron que la creación del Fonagres, un fideicomiso que financiará “los programas de gestión de los residuos especiales” y apoyará “el mejoramiento de la gestión de residuos por los gobiernos departamentales” puede ser violatorio del artículo 297 que señala cuáles serán las fuentes de recursos de las intendencias.
Camilo dos Santos
Más allá de la discusión técnica, la redacción original tampoco conforma a los nacionalistas, quienes buscan que la financiación sea “más equitativa”. Aviaga dijo que el modelo está basado en la “responsabilidad del generador” y que el objetivo es pasar a la “responsabilidad extendida del consumidor final”.
La abogada de Guyer & Regules experta en legislación ambiental, Anabela Aldaz, dijo a El Observador que el modelo propuesto por el gobierno “no se utiliza más” a nivel mundial y que en “este esquema los que hacen el 10% -los generadores- financian el 100%”.
Un argumento similar utilizó el director ejecutivo de Compromiso Empresarial para el Reciclaje (Cempre), Federico Baráibar, cuando en setiembre compareció ante el Parlamento. “El artículo 48 que dice que el fondo que se genera y tiene como principal contribución el Imesi va a ser para asistencia técnica y financiera para la mejora de la gestión de residuos por gobiernos departamentales. Amplía muchísimo la responsabilidad del recurso que se crea con ese impuesto que recae en el 10% de residuos para la gestión del 100%. Nos parece que esa base no es ecuánime y quedan muchos residuos por regular o que contribuyan a los sistemas ya sean valorizables o no”, dijo.
Para Aldaz se estaría “adoptando un impuesto verde y yendo totalmente en contra de lo que se hace en el mundo. Tal como está redactada, si se llegaran a aplicar esas tasas, varias empresas como Conaprole o Coca-Cola deberían cerrar porque no son rentables”, agregó.
A fines de julio, Rafael Lagos, gerente general de Casarta, una empresa dedicada a la fabricación de preformas PET (el paso previo a los envases que luego utilizan las principales marcas de agua de Uruguay), había dicho que “con este tipo de disposiciones siempre los que se terminan afectando son los clientes". Según algunos análisis realizados por distintos rubros afectados, el aumento podría rondar entre un 8% y un 11% una vez que se comience a aplicar la ley. "Este no es el contexto para poner impuestos. Si las empresas tuviéramos márgenes espectaculares sería otra cosa. Ya vimos que bajó el consumo", subrayó Lagos.
El proyecto busca "la protección del ambiente, a través de un modelo de desarrollo sostenible, mediante la prevención y reducción de los impactos adversos de la generación y gestión de los residuos".
La iniciativa define a los residuos como todas las "sustancias, materiales u objetos de los alguien se desprende o da destino final, o se propone o está obligado a darle destino final”. Por destino final entiende "aquellas acciones que buscan dar reuso al residuo, reciclarlo o incorporarlo a un proceso de reciclado u otras formas de valorización, tratarlo o proceder a su disposición final".
En el texto se establecen ocho tipos diferentes de residuos, de acuerdo a sus características y a la actividad de la que se generan, para los que tienen responsabilidad diferentes organismos. De esa manera, distingue residuos domiciliarios y de limpieza de espacios públicos, que son de responsabilidad de las intendencias una vez entregados al sistema de recolección. También define los de "actividades económico-productivas", que son los generados por empresas, así como de obras de construcción, de suelos contaminados y especiales, entre otros.
Los especiales son los que "por su composición o características han sido regulados para tener una gestión independiente de los otros tipos de residuos y se ha transferido la responsabilidad por su gestión o financiamiento a sujetos distintos del generador, como los importadores o productores de los bienes".
El proyecto también busca regular el trabajo de los clasificadores y que estos pasen a estar registrados y controlados por los ministerios de Trabajo y de Desarrollo Social. Además quiere que se apoye “el desarrollo de empresas de servicios en la gestión de residuos en forma de cooperativas y otras formas de asociación autogestionadas".
"La ley reconoce a los clasificadores como un actor clave en los procesos de reciclado y puesta en valor de residuos", indica la exposición de motivos, algo que también fue rechazado por Baráibar. “No es recomendable, según nuestra opinión, que la ley sea la política de promoción social de los clasificadores. No nos parece que sea el mejor instrumento para canalizar la política de inclusión social de clasificadores. Creemos que para esto hace falta involucrar muchos más actores vinculados a la salud, educación, infancia, vivienda, trabajo, y eso solamente para empezar (…) creemos que requiere una mesa de diálogo, de discusión amplia, más que una ley de residuos”, sentenció.