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Parlamento aprobó ley de residuos que según empresas afectará precios de productos

El Imesi que incorpora la ley se traducirá en el aumento "indefectiblemente de los precios", según empresas de plástico

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11 de septiembre de 2019 a las 13:46

La Cámara de Representantes aprobó la Ley Integral de Residuos este miércoles con 73 votos afirmativos en 78. El Partido Independiente optó por no votar la norma en general, por discrepar con el capítulo que refiere a su financiamiento.

La iniciativa, impulsada por el Poder Ejecutivo, estuvo en discusión en el Parlamento desde octubre del año pasado, y ha generado reiterados enfrentamientos desde entonces entre el gobierno y la oposición, particularmente en lo que concierne al Impuesto Específico Interno (Imesi) que incorpora. 

En este sentido, el vocero de la Asociación Uruguaya de Industrias del Plástico (AUIP), Jorge Pereyra, advirtió que "el consumidor va a encontrar un impacto importante a la hora de sus compras de cualquier tipo de envase", una vez entrada en vigencia la ley, dado que la carga impositiva a las empresas se traducirá en el incremento "indefectiblemente de los precios". 

Según el vocero, se trata de un impuesto que "además de ser fiscalista, es regresivo", y señaló que su raíz tiene un fin meramente recaudatorio.

Planta recicladora de basura en La Paloma, Cerro.

Pugnas sobre financiamiento 

El Senado demoró su media sanción a partir de las discrepancias que surgieron entre partidos, cuya raíz fueron las posturas respecto a dicho impuesto.

La propuesta declara la "responsabilidad extendida" –definida en el artículo 41– de las empresas frente a la gestión de sus residuos, a menos que decidan pagar el Imesi. Esto significa que una empresa productora de envases tendrá la opción de reciclar y reutilizar los residuos que genere o, de lo contrario, pagar el impuesto –establecido en el artículo 43–. En el artículo 42 se añade la posibilidad de otorgar créditos fiscales a aquellas empresas que implementen sistemas de reutilización de residuos.

La senadora nacionalista Carol Aviaga había manifestado a El Observador su desacuerdo con este asunto cuando el proyecto fue votado en el Senado, y había expresado que "el concepto de contaminador pagador se encuentra a nivel internacional completamente superado, resultando inaceptable la idea de que el pago de un impuesto pueda dar permiso a contaminar el ambiente de manera alguna". Además, sostenía que se trata de una iniciativa que "crea un nuevo impuesto disfrazándolo de Imesi", y que no puede seguir aumentando la carga impositiva al consumidor. 

En la misma línea se pronunció la diputada del Partido Colorado Cecilia Eguiluz, y señaló que el mensaje que da la ley es "si tú pagas, tienes derecho a seguir ensuciando". La diputada había suplido al senador Pedro Bordaberry el día en que el Senado le otorgó media sanción, y expresó su postura a través de Twitter. 


Por otra parte, criticó que lo recaudado "va a ir a rentas generales, no a ningún mecanismo específico que tenga que ver con el medio ambiente", por lo que no hay garantías para asegurar que ese dinero se utilice para la "implementación que establece la propia ley".

Regularizar el sector recolector

Otro de los ejes centrales de la ley es el que se establece en el artículo 30, y plantea "la inclusión social, laboral y productiva de los clasificadores en la gestión de residuos", entendiendo a estos como "quienes tienen la recolección y clasificación de residuos como uno de sus principales medios de manutención, sea que operen en carácter informal, se encuentren en proceso de formalización en el marco de programas o iniciativas públicas o privadas, o formen parte de iniciativas formales autogestionadas".

En este sentido, el vocero de AUIP señaló que la industria del plástico defiende "toda forma de inclusión social", pero explicó "de un día para el otro se pretende que los clasificadores informales pasen a la formalidad" y que se trata de una medida inviable. 

"Lo que necesitan es contención social, y educación", sostuvo, y explicó que es preciso convencerlos de que la formalidad es una alternativa más conveniente que la informalidad porque, de lo contrario, "seguirán dependiendo de los subsidios que, como se sabe, es un paliativo".

El debate en Cámara

El eje de la discusión de la ley se centró en el nuevo impuesto. El Partido Nacional y el Colorado, al igual que el Independiente, se opusieron a votar este capítulo, que salió con las adhesiones del oficialismo. El diputado por el Partido Independiente, Andrés Carrasco, advirtió que la forma de financiamiento de la ley “es contraria a la tendencia mundial”. Por su parte, el diputado nacionalista Pablo Abdala entendió que ésta supone “un ajuste fiscal encubierto”, en referencia al Imesi que se incorpora a las empresas productoras de envases, y que a su entender “se trasladarán al consumidor”.

Por su parte, la diputada del Frente Amplio, Susanta Pereyra, destacó la "formalización de la cadena reciclable" que supondrá la ley, en referencia a la regularización del sector recolector, y sostuvo que este proyecto contribuye a la promoción del "consumo responsable". Por su parte, el diputado del mismo partido Edgardo Rodríguez negó las cifras que se manejan sobre el financiamiento de la ley, "que llegan hasta US$ 180 millones", y citó la información que maneja la Dirección Nacional de Medio Ambiente (DINAMA), que es de US$ 25 millones.

 

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