Ley de residuos: postergan reglamentación de registro de empresas y de clasificadores

El proyecto de ley promueve aplazar la puesta en marcha de los artículos 27 y 33 de la ley. El primero de ellos establece que "solo las personas físicas o jurídicas debidamente autorizadas y registradas podrán realizar de forma permanente o reiterada las distintas operaciones relacionadas a la obtención y comercialización de materiales para reciclaje, así como la comercialización y distribución de productos reciclados". 

La reglamentación de este artículo está en manos del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (Mvotma), en coordinación con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). El objetivo era contar, dentro del plazo de seis meses, con un registro para asegurar la "trazabilidad y la formalización de la cadena de reciclaje de residuos". 

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Sin embargo, el Poder Ejecutivo argumentó en el proyecto de ley firmado por el presidente Luis Lacalle Pou que "a la fecha" no se avanzó "de forma suficiente en las acciones previstas" en dicho artículo. "No se han establecido las pautas para las tramitaciones de autorización y registro, así como tampoco se establecieron los mecanismos para asegurar la trazabilidad y la formalización de la cadena de reciclaje en forma inclusiva y efectiva". 

El artículo 33, en tanto, hace referencia al "registro de clasificadores de residuos", un insumo clave para coordinar las "acciones de inclusión social" de estos trabajadores. En la reglamentación de este artículo también interviene el Ministerio de Trabajo, aunque en coordinación con el Ministerio de Desarrollo Social (Mides). El registro permitiría a los inscritos "acceder a los beneficios de la inclusión social, laboral y prductiva" que surgiera de la ley. 

Según el Ejecutivo, "tampoco está en condiciones de funcionar" ese registro, ya que la "instrumentación no se ha completado". 

La ley de Gestión Integral de Residuos tuvo en contra, entre otros actores, a las cámaras empresariales, que entendieron que el Imesi afectaba el precio de los productos. 

Cuando se votó en el Parlamento, el Partido Independiente se manifestó en contra de la norma. En la Cámara de Diputados se aprobó solo con los votos del Frente Amplio. En el Senado, sin embargo, se aprobó con los votos de varios partidos, aunque con críticas al articulado general por parte de la oposición, que cuestionó la forma de financiar esta ley a través de lo que consideró como un "nuevo impuesto".